Fernández Díaz dice que Fiscalía le "criminaliza sin más prueba" que la versión de su exnúmero 2

Contactado por EL ESPAÑOL, el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, reprocha que los dos fiscales del caso acusen a su cliente "sin más prueba que la declaración" de quien fuese su número dos del Ministerio del Interior. Es decir, la palabra del exsecretario de Estado Francisco Martínez.

El Ministerio Público considera que Jorge Fernández Díaz, como máximo responsable del Ministerio del Interior con Mariano Rajoy en la Moncloa, era perfectamente "conocedor" de la presunta operación parapolicial para robar a Bárcenas documentación que pudiera ser perjudicial para el PP en el terreno judicial.

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No obstante, a juicio de Mandri, la Fiscalía ha usado una "redacción criminalizadora de los hechos" en su escrito, que "no se corresponde con el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción" ni con "la realidad de los hechos".

"Anticorrupción tiene que meterle en el mismo saco y por eso hace referencia a que sabía, que consentía... Y no tiene nada más allá de los que dijo su número 2 [en Interior], con mensajes puntuales", añade el letrado por teléfono.

La Fiscalía solicita para el exministro Jorge Fernández Díaz 15 años de prisión: cuatro por el delito de malversación, tres por encubrimiento y otros cuatro años por cada uno de los dos delitos contra la intimidad, de los que acusa a quien fuera titular de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reformado recientemente el delito de malversación en el Código Penal (CP). Los dos fiscales del caso acusan a Fernández Díaz en base al "artículo 432.1 del CP en redacción dada por la LO 15/2003, y el artículo 432.2 en redacción dada por LO 1/2015". "La regulación vigente al tiempo de los hechos le era más favorable", confirman las fuentes fiscales consultadas por EL ESPAÑOL.

Los SMS de 'Kitchen'

Durante la instrucción del caso Kitchen, Francisco Martínez y Fernández Díaz mantuvieron un cara a cara en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, delante del juez Manuel García-Castellón.

"Yo era tu hombre de confianza, y estaba orgulloso de eso. Tú me lo consultabas todo", le dijo Martínez, desolado, a su otrora superior directo. En aquel careo, el hoy exsecretario de Estado de Seguridad aludió a los SMS que, según dijo, se intercambió con el exministro sobre la Operación Kitchen. 

"La operación ha sido realizada con éxito", habría escrito Fernández Díaz. Éste sostuvo que los mensajes estaban "manipulados".

—¿Me estás llamando estafador? ¿Me acusas de cometer un delito? ¿Por qué me iba a inventar yo todo esto?— preguntó Martínez.

—Eso me pregunto yo— terció el exministro en aquel careo, celebrado en noviembre de 2020.

Anticorrupción solicita la misma pena —un total de 15 años de cárcel— para Francisco Martínez. También, para Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el cargo más importante del Cuerpo después del director general. Para estos tres encausados, la Fiscalía solicita, a su vez, 33 años de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

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Para el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los procesados en el caso Kitchen, Anticorrupción pide 19 años de cárcel, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.

El excomisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, enfrenta una petición de los fiscales de 12 años y medio de prisión, más otro 28 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

Para Sergio Ríos, quien fuese el chófer de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias —y quien habría sido captado como confidente por esta trama—, el Ministerio Público solicita 12 años, 5 meses y 15 días de prisión por estos tres mismos delitos.

Anticorrupción también pide 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación absoluta para Andrés Gómez Gordo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, además de hombre de confianza de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Espiar a Bárcenas

Para Marcelino Martín Blas, excomisario de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, los fiscales solicitan dos años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento. En total, la Fiscalía solicita un total de 106 años, 5 meses y 15 días para estos ocho procesados.

Tal y como relata la Fiscalía en su escrito, a mediados de 2013, "desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por los encausados Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, DAO de la Policía Nacional, se ideó, sin que pueda descartarse la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales (...) que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel, en el que Bárcenas figuraba como investigado.

Todo ello, prosigue la Fiscalía, "con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el PP y sus dirigentes" acabara en manos del juez que instruía dicha causa.

El escrito relata que el chófer Sergio Ríos contaba con la "absoluta confianza de la familia Bárcenas" y fue "captado" por la trama para penetrar en el entorno del extesorero del PP.

"No sólo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades, sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia, hacía gestiones privadas propias de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias, como, entre otras, acudir a oficinas bancarias, trasladar documentación a abogados o notarios o guardarles en momentos puntuales efectos personales como el teléfono móvil", relatan los fiscales.

"José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo transmitían a los encausados Eugenio Pino y Francisco Martínez la información y documentación relativa a Luis Bárcenas y su entorno que el encausado Sergio Ríos les hacía llegar", subraya la Fiscalía, que señala también que el exDAO y el secretario de Estado de Seguridad "reportaban toda esta información" al entonces ministro Jorge Fernández Díaz.

Según los fiscales del caso, el chófer de Bárcenas recibió, de manos de Villarejo, 2.000 euros al mes entre julio de 2013 y abril de 2015, lo que sumó un importe total de 44.000 euros. Todo ello, con cargo a los fondos reservados del Estado.

Serrano y Rivas también piden al Juzgado el archivo de la causa para los investigados José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.