Varias asociaciones de abogados del turno de oficio han solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para celebrar una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo 27 de abril.
"Queremos poner de manifiesto, de forma pacífica, que instamos a los diferentes partidos políticos que representan al pueblo español en las Cortes a que procedan a realizar los cambios legales a fin de dignificar nuestra labor", señalan en un comunicado que harán público próximamente.
En el documento, las 14 asociaciones que convocan la concentración exigen al Poder Legislativo a que establezca "unos baremos suficientes" para retribuir sus actuaciones como letrados que prestan servicios de justicia gratuita.
[Convocan a la huelga a 45.000 funcionarios de Justicia tras la mejora de sueldo de los letrados]
El Ministerio de Justicia abona las retribuciones de los abogados de oficio en procedimientos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Salvo algunas excepciones, que no tienen transferidas estas competencias,a las comunidades autónomas les corresponde pagar las retribuciones de las actuaciones ante los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y los Juzgados.
"Las pocas revisiones que ha habido de nuestras retribuciones han sido ridículas en comparación con el IPC", indican a EL ESPAÑOL fuentes de estas asociaciones. También se quejan de la "falta de medidas de conciliación".
Los abogados del turno de oficio, además, no descartan otras medidas de presión para tratar de mejorar su situación. Entre ellas, la renuncia a las guardias. Por el momento, tal y como consta en su solicitud enviada a la Delegación del Gobierno en Madrid, la concentración ante el Congreso está prevista desde las 11.45 hasta las 14.00 del 27 de abril.
Las asociaciones convocantes son las siguientes: AJAI, AJATO Jaén, AJUSTO Sevilla, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), Ahora Abogacía, ASATO Toledo, ATOIB Baleares, Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), Defenda, Foro de Abogados Independientes de Granada, Iusta Causa Córdoba, Otrosí Albacete, Red de Abogados y Abogadas de España, Zaturno Zaragoza y el Sindicato de Abogacía Venia.
Imagen de archivo de una protesta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).
El de los abogados del turno de oficio no es el único sector profesional del ámbito de la Justicia en pie de guerra. Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, los sindicatos CSIF, STAJ, Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CIG han convocado una huelga indefinida para un total de 45.000 funcionarios de Justicia, después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) hayan acordado con el Ministerio una mejora salarial de hasta 450 euros mensuales.
Estos sindicatos exigen "una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los LAJ", para todos los funcionarios del departamento que encabeza la ministra Pilar Llop. También solicitan "la paralización" de la Ley de Eficiencia Organizativa, hasta que no se negocien las nuevas condiciones laborales que esta norma trae consigo.
A este conflicto hay que sumar que las cuatro principales asociaciones judiciales de España anunciaron este viernes que ya ultiman un "calendario de medidas de presión" para tratar de conseguir la convocatoria de la mesa de retribuciones de la Judicatura y de la Fiscalía y una actualización de sus salarios.
Este anuncio se produjo después de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial independiente (FJI) mantuvieran una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en la que el representante ministerial no concretó una fecha para la convocatoria de dicha mesa de retribuciones.
Los jueces y fiscales tienen regulado su régimen retributivo por una ley específica. La norma, aprobada en 2003, prevé que, "al objeto de facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal", se constituya una mesa con representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General y las asociaciones profesionales.