El juez Adolfo Carretero ha propuesto juzgar al aristócrata Luis Medina y al empresario Alberto Luceño por la supuesta estafa agravada cometida contra el Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test antiCovid al inicio de la pandemia. Esta causa es conocida como caso Mascarillas.
En un auto fechado este lunes, Carretero insiste en que ve motivos para juzgar a los dos imputados por los delitos de estafa y de falsedad documental, aunque les exonera del de blanqueo de capitales, por el que llegaron a estar investigados.
A Luceño también le atribuye un supuesto delito fiscal por "defraudar a la Hacienda Pública en más de 120.000 euros" que debió haber pagado como IRPF —y no mediante el Impuesto de Sociedades— tras cerrar aquella venta.
"Hacia el 20 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia de la Covid, y con miles de muertos por su causa en España, sin que se hubiesen descubierto las vacunas contra esta enfermedad, como sucedió más tarde, por fortuna, aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de obtener material sanitario para hacer frente a la pandemia, los investigados, de común acuerdo, obtuvieron un plan para obtener, con la excusa del altruismo, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal", recoge el juez en la resolución.
Según añade el auto, Luceño y Medina intermediaron en esta operación comercial y cobraron por ella abultadas comisiones, que ocultaron al consistorio. A juicio del magistrado instructor, el primero habría urdido el plan. Y el aristócrata, "hijo del duque de Feria y de una afamada modelo", Naty Abascal, y habitual "en las revistas del corazón", consiguió los contactos para hacer llegar su oferta al Ayuntamiento de la capital.
Fotomontaje de los dos procesados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d)
Carretero señala que ello les permitió presentar su oferta comercial "al margen del correo [electrónico]" usado por la Administración municipal para ello. "De este modo tan rápido y eficaz", indica el auto, y "con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes" ambos consiguieron iniciar las gestiones con el consistorio.
No obstante, el magistrado señala que ningún gestor municipal supo que el Ayuntamiento estaba siendo víctima de una estafa. Además, según relata el juez, Luceño falsificó la firma de San Chin Choon, el ciudadano malasio propietario de la firma Leno, la encargada de suministrar el material sanitario. El empresario también indicó al asiático qué debía contestar al Juzgado cuando Carretero le envió varias preguntas sobre el asunto.
Además, la resolución señala que, durante las negociaciones con el Ayuntamiento, los dos investigados ocultaron "su nula experiencia en temas de material sanitario". Y "lo que es más grave, el hecho de que habían inflado el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% en el de los guantes de nitrilo y, un 71% en el de los tests, a causa de las elevadas comisiones que fueron fijadas por el investigado don Alberto Luceño", que se embolsó más de cinco millones de dólares.
"El Ayuntamiento de Madrid pagó un precio totalmente excesivo por un material que, en parte, era defectuoso", reprocha el juez. Ninguno de los "gestores municipales" sabía que Luceño y Medina habían incluido en el precio de venta las "comisiones elevadas" que se llevaron.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid, la empresa pública encargada de adquirir los guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos de Fiscalía— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía con lo acordado.
La funeraria pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Por ello, fueron investigados también por falsedad documental.