El Constitucional y el Supremo retrasarán a después del 28-M los casos 'políticamente sensibles'

Se trata de evitar el riesgo de que las decisiones de los altos tribunales puedan ser instrumentalizadas de forma partidista para atacar a los adversarios políticos, explican estas fuentes.

De este modo, el Tribunal Constitucional no incluirá en el orden del día del Pleno hasta después del 28-M los recursos interpuestos por el PP y Vox contra la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial en funciones hacer nombramientos discrecionales. Esta medida está colapsando poco a poco al Tribunal Supremo, que en estos momentos funciona con el 72% de su plantilla.

Para el PP y Vox, el Gobierno de coalición PSOE-UP utilizó un "subterfugio" (una proposición de ley de sus grupos parlamentarios tramitada por la vía de urgencia) para eludir la audiencia al propio CGPJ, de cuyas competencias constitucionales ha dispuesto por criterios de mera oportunidad política, sostienen.

El TC tampoco señalará hasta junio el examen de los recursos de amparo interpuestos por el exdiputado canario de Podemos Alberto Rodríguez, al que el Congreso retiró el acta después de ser condenado a un mes y 15 días de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo por agredir a un policía durante una manifestación contra la 'ley Wert' de Educación.

Rodríguez recurrió primero la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el acta de diputado y después del fallo del Tribunal Supremo. Pero en el Constitucional hay coincidencia en que el examen de la pérdida del escaño está condicionado a la validez de la condena, por lo que ésta se debatirá antes. El recurso contra la condena se encuentra pendiente de la ponencia de María Luisa Segoviano, llegada al TC el pasado diciembre.

Alberto Rodríguez, que se ha apartado de Podemos y ha fundado una nueva iniciativa, el Proyecto Drago, con el que competirá el 28-M en Canarias frente a su antiguo partido, tiene el apoyo el fiscal del TC para recuperar el acta pero no para anular la condena, que el Ministerio Público considera fundada. 

Eres y 'sólo sí es sí'

Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha retrasado hasta el 6 de junio el debate de los recursos presentados por la Fiscalía contra las numerosas decisiones judiciales que han rebajado las penas a agresores sexuales en aplicación de la 'ley de sólo sí es sí'.

Con esos recursos, el fiscal pretende eliminar o, al menos, reducir el impacto negativo de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y que, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial, se ha traducido en 978 reducciones de condena y 104 excarcelaciones hasta finales del pasado marzo.

El examen de los primeros recursos iba a producirse precisamente en mayo. Pero ha sido retrasado al coincidir con la campaña electoral.

Tampoco se verá antes de las elecciones el recurso de Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano Mónica Oltra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que confirmó su condena a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Generalitat en un centro en el que él era educador. 

La Sala Penal del alto tribunal retrasará, asimismo, los recursos relacionados con el fraude de los ERE que están pendientes en el Supremo.

La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, actualmente en prisión, han recurrido al Supremo para que les aplique la reciente reforma de la malversación, que consideran más beneficiosa.

Además, están pendientes en la Sala Penal los recursos de los condenados por dos causas sobre los ERE: la relativa a las ayudas de 2,9 millones concedidas a la empresa conservera Acyco (en la que están condenados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, también condenados en la pieza sobre los políticos) y las ayudas por importe de 8,4 millones a un entramado de empresas del corcho vinculadas al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla.