La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que confirme el archivo del caso Púnica para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su sucesor en el cargo, Ignacio González.
Así consta en un largo informe, de 186 páginas, que avanza EL ESPAÑOL. El Ministerio Público lo ha hecho llegar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en respuesta a un recurso de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), organización bajo la cual actúa el PSOE como acusación popular en esta causa judicial.
Adade solicitó que fueran procesados, entre otros, Aguirre y González. Anticorrupción, por contra, señala que, "del resultado de lo instruido, no puede considerarse acreditada la participación" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid "en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada", la número 9 de Púnica. Es por ello que pide la "íntegra desestimación" del recurso de Adade.
En dicha pieza, la Justicia ha investigado la supuesta existencia de una caja B que financiaba el PP regional y que habría estado destinada, entre otros fines, a sufragar los trabajos de reputación online en beneficio de la imagen de Aguirre y otros cargos políticos.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el PSOE criticó duramente la decisión del juez Manuel García-Castellón de archivar esta investigación para "un 75%" de los investigados, entre los que se encontraban ambos políticos.
De hecho, en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6, el encargado de esta investigación, los socialistas se lo reprocharon al magistrado en estos términos: "No parecen rebajas, parecen saldos, directamente". Por ello, presentaron un primer recurso de reforma, que el propio García-Castellón rechazó.
Tras esta negativa, Adade presentó un recurso ante la instancia superior al Juzgado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero en ambos casos, antes y ahora, la Fiscalía se ha opuesto a las pretensiones del PSOE. De hecho, Anticorrupción no llegó a acusar a Aguirre.
'Púnica'
Desde 2014, García-Castellón investigó la supuesta existencia de una caja B en el PP regional, para beneficiar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y para quien fuese su sucesor en el cargo, Ignacio González. El magistrado analizó los trabajos reputacionales online pagados con dinero público.
El pasado octubre, no obstante, el magistrado sí propuso mandar a juicio al exconsejero madrileño y otrora alcalde de Valdemoro Francisco Granados, quien ha sido investigado por blanqueo de capitales.
Francisco Granados, en una imagen de 2017.
En este escrito que avanza EL ESPAÑOL, Anticorrupción señala, precisamente, que, "si consideramos la prueba documental existente en las actuaciones, se pone de manifiesto que Esperanza Aguirre Gil de Biedma nunca se ocupó de forma directa o personal de sus redes sociales". "Así siempre hubo una persona encargada de tales fines, lo que ofrece el indicio de que la misma no era conocedora ni de sus contenidos ni de su forma de contratación", concluye.
El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda Moleskine con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una contabilidad paralela en el PP regional.
García-Castellón sí reconocía en aquel auto que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la trama Púnica y uno de los investigados que, previsiblemente, se sentarán en el banquillo.
"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos [de reputación online], ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razonaba aquel auto, en sintonía con lo defendido ahora por Anticorrupción.
La Fiscalía tacha de "sorprendentes", "frontalmente contrarios a las más elementales garantías procesales" y "contrarios a la realidad de los hechos" algunos de los argumentos del PSOE en contra de la prescripción de algunos de los hechos supuestamente delictivos.
"Lo que manifiesta la recurrente —desde el punto de vista de los indicios para sostener las afirmaciones sobre la existencia de los hechos— es que, como así se concluyó por informes de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] y por un previo informe del Ministerio Fiscal, no sólo no hay que hacer ninguna motivación más, sino que cualquier otra que se haga ha de ser en el acto del juicio oral", señala Anticorrupción.
"Tal forma de argumentar omite la cuestión fundamental de señalar cuáles son los indicios existentes para realizar las afirmaciones que, sobre la existencia de la unidad típica de acción delictiva, atribuyen la misma a la existencia de un plan preconcebido e impuesto por Esperanza Aguirre a partir de su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2003", finaliza.