Los funcionarios de la Administración de Justicia han suspendido su huelga hasta la formación del nuevo Gobierno que resulte de las elecciones generales del 23 de julio. Así lo ha acordado por unanimidad el Comité de Huelga, compuesto por los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAJ.
El cese de la huelga tendrá efectos a partir de este miércoles. Ahora bien, en un comunicado conjunto, difundido este martes, dichas organizaciones avisan: "El nuevo Gobierno ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo".
Pese al cese de la huelga, se mantienen dos días de paro general: el 11 y el 20 de julio.
También, las sentadas en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos del día 7 de julio, la concentración en la Moncloa el día 11 y un acto de protesta que tendrá lugar el día 20 del mismo mes, coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea en materia de Justicia que se celebra en Logroño.
Los sindicatos también han anunciado que "la llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida, motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación". También señalan el "agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, que ninguna familia puede soportar indefinidamente".
Por ello, "dejando claro que el conflicto continúa", han optado por la suspensión de la huelga. "Ya que al Ministerio de Justicia no le importa la Justicia, creemos que es hora de, una vez más, ser más responsables que nuestros dirigentes políticos", señalan.
No obstante, tal y como informó EL ESPAÑOL, el pasado 29 de mayo, los funcionarios de Justicia sí optaron por continuar su huelga después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales de diciembre a julio. Ahora, sin embargo, optan por suspenderla hasta que se conforme un nuevo Ejecutivo.
Subida salarial
Los funcionarios de la Administración de Justicia — un Cuerpo de más de 45.000 empleados públicos— exigen una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos al mes. A lo largo de sus más de dos meses de huelga, sus principales sindicatos se han quejado de la escasa disposición de la Administración —los ministerios de Hacienda y Justicia— a sentarse con ellos a negociar la mejora que reclaman.
En varios comunicados previos a éste, los funcionarios de Justicia citaron el ejemplo de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que sí lograron que la ministra de Justicia, Pilar Llop, aceptase mejorar sus retribuciones tras sus dos meses de huelga.
"No somos ni menos ni más que LAJ, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia por los que pasan el 100% de los actos procesales y si hay dinero para reconocer el trabajo de ellos también deben reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna", han señalado este martes.
Además del aumento de sueldo de entre 350 y 430 euros, los funcionarios han reclamado la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). La tramitación de esta norma, no obstante, decayó con el adelanto electoral anunciado por Sánchez.
En el comunicado hecho público este martes, los sindicatos anuncian que continuarán con "las presiones a los partidos políticos a nivel provincial, autonómico y nacional", a los que pretenden explicar sus reivindicaciones, "para que el próximo Gobierno tome nota y sepa que tiene una cuenta pendiente antes de iniciar la legislatura".