La asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia (DyJ) ha enviado una carta al embajador de Francia en Madrid para consultarle por la "paralización" de las causas contra etarras en el país vecino.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, DyJ consulta a Jean-Michel Casa sobre el escaso éxito que tienen las peticiones de la Audiencia Nacional "para investigar a jefes de la banda terrorista ETA en el marco de cualquiera de los procedimientos que mantiene abiertos (...) contra la cúpula de la organización y que requieren de algún tipo de colaboración con su país".

A pesar de que la asociación de víctimas señala que es una situación "generalizada", cita, específicamente, que las autoridades francesas aún no han extraditado a España al exjefe de ETA Josu Ternera, que tiene actualmente 72 años.

Hace aproximadamente cuatro años, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea (nombre real de Josu Ternera) fue detenido en los Alpes franceses, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la policía gala. Los agentes le localizaron en las inmediaciones del hospital de la localidad de Sallanches.

Pero los constantes retrasos en la resolución de una causa judicial que Urrutikoetxea aún tiene pendiente ha provocado que todavía no se haya producido ―ni es probable que lo haga en un futuro próximo― su entrega a España.

De esta forma, pasarán meses, si no años, hasta que Josu Ternera se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, pese a que estaba previsto que fuese juzgado en enero de 2024 por el atentado contra la casa-cuartel del Zaragoza, que se cometió hace más de 35 años, en 1987. De hecho, el inicio de dicho juicio ha tenido que aplazarse sine die, ya que no es probable que Urrutikoetxea esté en Madrid a inicios del próximo año.

En este ataque con coche-bomba murieron 11 personas; entre ellas, cinco niños. También provocó decenas de heridos. La Audiencia Nacional procesó a este exjefe de ETA en abril de 2022.

La Fiscalía pide para Josu Ternera 2.354 años de cárcel, resultado de multiplicar por 30 cada uno de los once asesinatos que se consumaron y 23, por cada uno de los 88 heridos (asesinatos frustrados). Aunque Urrutikoetxea no hizo explosionar el coche-bomba, formaba parte de la dirección de la banda terrorista cuando se produjo el atentado.

Colaboración de Francia

En su carta, Dignidad y Justicia alude a la "excelente relación" que mantiene con la Embajada francesa en España. La asociación entregó su medalla de oro, la mayor condecoración que concede, al brigadier jefe de la Policía Nacional francesa Jean Serge Nérin. Lo hizo a título póstumo, ya que el agente fue asesinado en las inmediaciones de París el 16 de marzo de 2010 tras un tiroteo con un grupo de terroristas de ETA.

También le ha dado la misma condecoración al embajador de Francia en España de aquel momento, Yves Saint-Geours, "por la colaboración fundamental del gobierno galo en la derrota de ETA".

Ahora bien, la asociación, presidida por el diputado del PP Daniel Portero, admite que "esa buena relación, sin embargo, comenzó a enfriarse en el año en 2018". Por ello, la misiva, que también firma el vicepresidente de Dignidad y Justicia Víctor Cotobal, solicita una reunión para "tratar esa paralización de peticiones procedentes de la Audiencia Nacional".

Dignidad y Justicia recuerda que varias de sus querellas han provocado la reapertura de causas contra las cúpulas de ETA, por la "capacidad de decisión" que atribuyen a los jefes etarras sobre los objetivos de la banda.

"Además, queremos conocer cuál es la postura actual que tiene Francia respecto a la derrota del terrorismo y, sobre todo, cuál es su compromiso con las víctimas", señalan Portero y Cotobal.