El exjuez Javier Gómez Bermúdez es el nuevo abogado de los altos cargos de la dictadura de Guinea Ecuatorial investigados por la Justicia por las torturas sufridas por dos ciudadanos españoles. Los dirigentes imputados son Nicolás Obama Nchama, Isaac Nguema Ondo y Carmelo Ovono Obiang.
Este último, apodado Didi, —además de ser uno de los hijos de Teodoro Obiang, el dictador que gobierna la antigua colonia desde 1979— es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Gómez Bermúdez —que presidió el tribunal que juzgó en 2007 el 11-M y fue ponente de la sentencia— ya ha comunicado al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que se encargará de la defensa conjunta de los tres imputados.
El llamado caso Guinea se inició con la admisión a trámite de una querella presentada por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), opositor al régimen de los Obiang y al que pertenecían las dos supuestas víctimas: Feliciano Efa y Julio Obama. Ambos nacieron en el país africano, pero obtuvieron la nacionalidad española. De hecho, sirvieron en el Ejército de nuestro país.
Julio Obama murió en una cárcel guineana tan sólo unos días después de que se iniciase esta investigación de la Audiencia Nacional. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia" y criticó que el Juzgado permitiese regresar a Guinea a Carmelo Ovono.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro encargado de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
El Movimiento para la Liberación señaló en su querella que los investigados secuestraron en 2019 en Sudán del Sur a Julio Obama y a Feliciano Efa. Según consta en el sumario del caso, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, las víctimas aseguraron que fueron retenidas en un avión oficial del Gobierno ecuatoguineano. Así lo recoge un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.
Un avión del Gobierno de Guinea y la foto de Carmelo Ovono, hijo de Teodoro Obiang.
La CGI también acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la Policía asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos. Algunas de ellas fueron ejecutadas en el centro de Madrid.
Según detalla dicho informe policial, el secuestro se produjo utilizando un jet presidencial. "En el avión, [los secuestrados] habrían sido introducidos con un saco en la cabeza y un paño en la boca, estando esposados de pies y manos. Una vez dentro, les habrían puesto una inyección con una sustancia desconocida", relató la Comisaría General de Información, basándose en los testimonios de las víctimas y de dos testigos protegidos, cuya identidad aún se desconoce.
El Ministerio de Exteriores español ha solicitado, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, ha ordenado repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo el pasado enero y, por el momento, los restos no han sido enviados a España.
El asunto ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones de la UE a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Gómez Bermúdez
Javier Gómez Bermúdez conoce la Audiencia Nacional, a la que acudirá ahora como nuevo letrado de Ovono, Obama y Nguema. Hasta ahora, todos ellos tenían unos abogados distintos, que ya han sido reemplazados por el antiguo magistrado. Ejercerá, conjuntamente, la defensa de los tres.
Los implicados en el 11-M, la mayor masacre terrorista que sufrió España, fueron juzgados por la Sala de lo Penal que el entonces juez Gómez Bermúdez presidió hasta 2012. Ese año, fue sustituido en el cargo por el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde el año 2018 y tras pedir una excedencia, Gómez Bermúdez se dedica a la abogacía como socio del bufete madrileño Ramón y Cajal.