La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ya ha depositado en un juzgado los 18.000 euros que fue condenada a pagar a Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla.
Esta última fue presidenta de la asociación Infancia Libre y se fugó con el hijo de ambos, impidiendo al Marcos ver al menor, al que también sacó del colegio e integró en una secta. A petición de Montero, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a Sevilla.
En mayo de 2022, Irene Montero celebró, durante un evento público, la medida de gracia y alabó lo que, a su juicio, constituyó "otra nueva victoria de las feministas" y manifestó que el indulto saldaba una deuda con "las madres protectoras", entre las que incluyó a María Sevilla.
"Lo que están haciendo [las madres protectoras] no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores", indicó la ministra.
A ojos de la defensa de Marcos, estas palabras de la ministra le catalogaban como tal, "siendo inciertas" y constituyendo una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor. Por ende, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, demandaron a Montero ante el Tribunal Supremo y le solicitaron una indemnización de 85.000 euros.
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Dos denuncias contra Rafael Marcos por supuestos abusos sexuales hacia el menor fueron archivadas. Tampoco fue condenado nunca por maltrato. Por ello, en una entrevista en este periódico, avanzó que emprendería acciones legales contra la ministra de Igualdad. Y, también, que recurriría el indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre.
María Sevilla
María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores tras haberse llevado a su hijo para evitar devolvérselo al padre. La Justicia también le retiró la patria potestad durante cuatro años, pero, con el indulto, la recuperó y puede desde entonces ver al pequeño.
Finalmente, en 2019, el menor fue localizado y rescatado. La madre se había integrado —y al niño con ella— en una organización de corte evangelista y ultrarreligiosa y mantenía al pequeño sin escolarizar ni vacunar en una finca de Cuenca.
Cuando fue encontrado por la Policía, a sus 11 años, no sabía ni siquiera restar y vivía casi asalvajado, sin apenas socializar con otros menores.
Pese a estos precedentes, el Gobierno otorgó a Sevilla el indulto parcial. Rebajó su pena de cárcel a dos años y conmutó su inhabilitación para ejercer la patria potestad a cambio de 180 días de trabajos comunitarios.
La Fiscalía se había mostrado favorable a este indulto parcial, pero limitándolo, únicamente, a bajar su pena de prisión hasta los 24 meses, al tratarse del primer delito cometido por la condenada. Sin embargo, el Gobierno fue más allá y, con la medida de gracia, también le devolvió la patria potestad.