El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) examinará la sentencia a los líderes del procés y ha dado de plazo a España hasta el próximo 12 de enero para que plantee las alegaciones que crea oportunas en relación con la condena que dictó el Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, el TEDH ha acordado revisar las demandas por vulneración de derechos fundamentales que presentaron los exconsellers Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exdirigentes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Las defensas de los procesados sostienen que la resolución del TEDH supone la admisión a trámite de las demandas por vulneración de derechos presentadas, informa Efe

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En sus demandas, los líderes del procés sostienen que la sentencia por la que el Supremo les condenó por delitos de sedición y malversación vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En concreto, según recuerda el TEDH en su resolución, los demandantes denunciaban que habían sido condenados por sedición cuando se habían limitado a alentar las manifestaciones populares a favor de un referéndum y que su encarcelamiento fue desproporcionado teniendo en cuenta que estaban ejerciendo sus derechos legítimos a la libertad de reunión y expresión.

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En la batería de preguntas que dirige a las partes, el tribunal pregunta a España si el Supremo hizo una aplicación extensiva del delito de sedición contrario al Convenio de Derechos Humanos y si los condenados lo fueron por ejercer su legítimo derecho a la libertad de asociación y expresión.

También plantea el TEDH si el Supremo vulneró el derecho de defensa de los condenados, por haber sido sentenciados sin pruebas y sin habérseles facilitado el acceso del sumario durante el proceso.

Los líderes del procés, a quienes el Supremo condenó por los delitos de sedición y malversación a penas de hasta 13 años de prisión, presentaron el año pasado demandas ante el TEDH por vulneración de derechos fundamentales, después de que el Constitucional avalara la sentencia del procés.