El productor y director de cine pornográfico Ignacio Allende, cuyo nombre artístico es Torbe, ha aceptado una pena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización y de una multa por los delitos de distribución y posesión de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.

Allende ha asumido todos los hechos y ha pactado esta condena con la Fiscalía Provincial de Madrid, que, en un inicio, llegó a solicitar para él siete años y siete meses de prisión.

El productor porno, no obstante, no ha acudido personalmente al Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, el encargado de juzgar estos hechos, sino que ha declarado por videoconferencia.

—¿Conoce usted los hechos y los reconoce íntegramente— le ha preguntado la fiscal.

—Sí, sí— ha respondido el productor pornográfico.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, Allende contactó en diciembre de 2012 con una joven rumana, quien le comunicó verbalmente que era mayor de edad.

Tras ello, ambos acordaron que grabarían dos películas, por las que la joven recibiría dinero y en las que mantendría relaciones sexuales con el propio Allende. La joven adoptó el nombre artístico de Jessica Ping.

Tras grabar el vídeo, la joven entregó a otro de los acusados su carné de identidad. Había nacido en 1995 y este último se lo comunicó rápidamente a Allende.

Aun así, "a pesar de conocer que era menor de edad cuando había grabado los dos videos en los que mantenía relaciones sexuales con él", el productor porno esperó a que la chica alcanzara poco después la mayoría de edad y, entonces, difundió el clip en su página web. En 2016, la chica denunció estos hechos en Rumanía y debió dejar sus estudios, afectada por esta situación. 

Testigo protegido

Posteriormente, el 21 de octubre de 2015, Torbe contactó con otra joven (la testigo protegido número 2, denominada TP-2), quien solicitó grabar un vídeo pornográfico para la productora. La chica también manifestó que era mayor de edad, lo que no era cierto.

"[La joven] remitió a Ignacio Allende varias fotos de ella desnuda que se había realizado. Al gustarle la fisonomía de la joven, [Torbe] ordenó a uno de sus empleados que contactara con la TP-2 con el fin de que la menor grabara para la productora", relata la Fiscalía.

Tras varias conversaciones, ambos grabaron un vídeo pornográfico, "sin que conste que el encausado obligara a la joven de forma violenta o la intoxicara con alguna sustancia para viciar su voluntad". Allende grabó las escenas con su teléfono móvil.

Una semana después, envió una fotografía de la joven desnuda a otro de los acusados, Francisco Mina, que se sentía muy atraído por ella. En la imagen, se veía "claramente" el rostro de la chica.

El 30 de octubre de 2015, Allende y la TP-2 volvieron a grabar una escena de sexo. Al finalizar, el productor pidió a la joven que se pusiera una camiseta del Athletic de Bilbao para que se la subiera, enseñara los pechos y exclamase: "Aúpa Atleti". Además de a Mina, Torbe envió dichas imágenes a varios jugadores de fútbol profesional, que desconocían que la chica era menor de edad. Tenía 17 años.

Tres días más tarde, la testigo protegido telefoneó a Ignacio Allende para advertirle de que las imágenes se habían hecho virales en las redes sociales y que ella era menor de edad.

Pese a todo ello, Torbe pidió enviar las imágenes a Francisco Mina, que le insistió en poder almacenarlas en su ordenador. Según la Fiscalía, se las remitió el montador de películas J. C. P. R. Este último, que sí ha acudido personalmente al juicio de este lunes, ha negado que enviase este clip a Mina y ha asegurado: "Yo no tuve constancia en ningún momento de que era menor de edad". En las conversaciones que constan en la documentación del caso, Torbe denominaba a la joven "la tetona".

Finalmente, en noviembre de 2015 la víctima, asistida por su padre, presentó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas.

65.000 euros

Ignacio Allende (Torbe) tampoco podrá desempeñar trabajos relacionados con menores de edad durante seis años y tendrá prohibido acercarse a la testigo protegida, a la que deberá indemnizar con 65.000 euros, durante cuatro años. El productor ya ha consignado esta cantidad en el Juzgado, por lo que se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño. También, la de dilaciones indebidas, ya que la causa judicial se inició en 2016.

Este lunes, su abogada ha solicitado que la ejecución de esta pena de dos años de prisión sea suspendida. Allende fue condenado en 2008 por corrupción de menores, pero se trata de antecedentes penales que están cancelados.

La Fiscalía también ha solicitado que queden decomisados el disco duro de uno de los ordenadores de Torbe y uno de sus teléfonos móviles. El famoso director de cine porno también deberá pagar una multa de 1.080 euros.

Por su parte, Mina tendrá prohibido, durante cuatro años, comunicarse o acercarse a la testigo protegido. Ha aceptado pagar una multa de 2.880 euros y, al igual que Torbe, no podrá desempeñar trabajos relacionados con menores durante varios años.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Afectados Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec) se ha opuesto al acuerdo, ya que ni Allende ni Mina han acudido personalmente a firmarlo.

Al iniciarse la vista, el abogado de esta plataforma, Manuel Merino, ha pedido la suspensión de la misma. Una vez se han verbalizado los pactos con Fiscalía, el letrado ha avanzado que pedirá su anulación, ya que ninguno de los dos acusados que se han conformado con los hechos ha acudido presencialmente al Juzgado. Y ha avisado de que esta circunstancia "podría suponer la nulidad" del procedimiento.

Además de Allende, también ha asumido los hechos Mina, que ha aceptado la multa que solicita para él la Fiscalía. Ahora bien, al ser interrogado por Merino, se ha conformado con los seis meses de prisión que pide Anfitec. Corregido por su abogado, se ha retractado. "No, no, multa... Es que estoy con el medicamento de esta mañana...", se ha excusado.

La Fiscalía, la acusación particular y las defensas de Torbe y de Mina se han opuesto a la suspensión de la vista y han dado su vistobueno a las conexiones por videoconferencia. La abogada del productor de cine para adultos ha criticado esta "maniobra dilatoria" de Anfitec, "para agitar el foco mediático". "Una Justicia no rápida es una injusticia", ha subrayado la fiscal. "Las víctimas tienen derecho a que por fin se resuelva este procedimiento", ha defendido la letrada de la TP-2.

Una de las dudas que resolverá la sentencia, que se dictará próximamente, será la pena impuesta a Mina: multa o seis meses de prisión. También se conocerá entonces la condena de J. C. P. R., el único que no ha pactado con la Fiscalía, que pide para él tres años de cárcel. "El que, en última instancia, comprobaba la edad de las menores con las que mantenía relaciones sexuales era Torbe", ha insistido el abogado de este último. "Sólo quiero hacer constar el perjuicio enorme que me ha causado esta situación (...) durante ocho años (...) acusado de unos hechos tan graves cómo éstos, por una chica que decidió falsificar su DNI...", ha lamentado J. C. P. R. durante su turno de última palabra.