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1 de 15 Carles Puigdemont
La amnistía permitirá al expresidente de la Generalitat catalana regresar a España sin tener que hacer frente al proceso abierto en el Tribunal Supremo por malversación de fondos públicos y desobediencia ni tampoco al procedimiento del Tribunal de Cuentas por los fondos públicos ilegalmente destinados al 1-O.
Tampoco tendrá restricciones para volver a presentarse a las elecciones, sean las catalanas o las europeas.
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2 de 15 Oriol Junqueras
El exvicepresidente del Gobierno catalán verá desaparecer los delitos de sedición y malversación de fondos por los que ya fue indultado. Ahora, además, se beneficiará de la eliminación de la inhabilitación para cargo público y no tendrá que responder de la financiación del 'procés' ante el Tribunal de Cuentas.
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3 de 15 Raül Romeva
Será uno de los más beneficiados por la amnistía ya que tiene pendiente sentarse en el banquillo por la financiación del 'procés' que investigan los jueces de Barcelona.
También se le 'borrará' la condena dictada por el Tribunal Supremo en 2019 y se eliminará su presunta responsabilidad contable en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas por la financiación del 1-O.
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4 de 15 Carme Forcadell
En su día símbolo del 'procés', la expresidenta del Parlament catalán cuando fueron aprobadas las llamadas 'leyes de desconexión' con España ya no tendrá como antecedente penal la condena que dictó el Tribunal Supremo y por la que se le impusieron 11 años y medio de prisión por sedición, pena de la que ya fue indultada. En virtud de la amnistía no tendrá que cumplir la pena de inhabilitación que aún pesa sobre ella.
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5 de 15 Jordi Turull
El exconsejero de Presidencia de Puigdemont ha sido uno de los negociadores de la amnistía de la que ambos se van a beneficiar. Turull, ya indultado de la pena de prisión que le impuso el Supremo, verá desaparecer la pena de inhabilitación que está cumpliendo y se librará del proceso por responsabilidad contable que tramita el Tribunal de Cuentas.
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6 de 15 Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
Líderes sociales del 'procés', la amnistía borrará los delitos a los que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Dado que fueron indultados, la amnistía tendrá, en su caso, un valor más moral que práctico.
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7 de 15 Antoni Comín
Acompañante permanente de Puigdemont desde que ambos se fugaron en el otoño de 2017, el exconsejero catalán de Salud se librara del banquillo, por lo que no será juzgado por malversación de fondos públicos ni por desobediencia a los tribunales. Tampoco se someterá al proceso del Tribunal de Cuentas por la financiación del 1-O. En la misma situación está el también exconsejero prófugo Lluis Puig.
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8 de 15 Clara Ponsatí
La exconsejera del Gobierno de Puigdemont y prófuga de la Justicia se librará de la causa por desobediencia a los tribunales por la que está encausada en el Supremo. Ello aleja para ella una eventual pena de inhabilitación para cargo público que hubiera conllevado la privación del acta de eurodiputada.
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9 de 15 Anna Gabriel
La exdirigente de la CUP siguió los pasos de la exconsejera Meritxell Serret y se entregó en el Tribunal Supremo tras cuatro años prófuga en Suiza, tras aprobarse la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición. La causa penal quedó para ella limitada a un presunto delito de desobediencia a los tribunales que está pendiente de juicio.
Serret fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación por desobediencia. Tanto el delito como la pena desaparecerán con la amnistía.
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10 de 15 Tsunami Democrátic
Marta Rovira será una de las mayores beneficiadas por la amnistía. La dirigente de ERC huyó a Suiza y no ha regresado a España pese a que, tras la eliminación del delito de sedición, solo pesa contra ella la acusación de desobediencia a los tribunales, un delito castigado con multa e inhabilitación, pero no con cárcel.
Sin embargo, en las diligencias por presuntos delitos de terrorismo que instruye la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic existen indicios de que Rovira fue una de las dirigentes de ese movimiento, cuyos miembros llevaron a cabo acciones violentas en protesta por la sentencia del 'procés'. Entre otras acciones, Tsunami Democràtic colapsó el aeropuerto del Prat con miles de personas el 14 de octubre de 2019, lo que obligó a cancelar decenas de vuelos y causó pérdidas cifradas en 2,7 millones de euros.
Todos los encausados por Tsunami Democràctic se verán también beneficiados por la amnistía.
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11 de 15 Josep María Jové
Considerado uno de los 'cerebros' del 'procés', mano derecha de Junqueras y dirigente de ERC, está encausado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia por los que el fiscal pide siete años de prisión.
La causa, que también afecta a otras dos personas de la confianza de Junqueras -Lluis Salvadó y Natalia Garriga-, está solo pendiente de la fecha del juicio.
La amnistía, que el propio Jové ha negociado, impedirá que se sienten en el banquillo.
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12 de 15 Anna Simó
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Simó y a otros tres exmiembros de la Mesa del Parlament (Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) a cuatro meses de inhabilitación y multa de 1.200 euros por desobedecer el mandato del Tribunal Constitucional al tramitar varias resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal del 1-O y en la declaración de independencia de Cataluña.
Los cuatro se beneficiarán de la amnistía.
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13 de 15 Tània Verge
La actual consejera de Igualdad y Feminismos fue una de los cinco síndicos designados para validar los resultados del referéndum ilegal del 1-O. Está pendiente de la repetición del juicio, ya que la Audiencia de Barcelona anuló un fallo absolutorio dictado por el Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La amnistía impedirá el enjuiciamiento.
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14 de 15 Ataques a policías el 1-O
La amnistía beneficiará a los encausados por las lesiones causadas a los policías que, en cumplimiento de órdenes judiciales, trataron de impedir el referéndum ilegal del 1-O. Lo mismo ocurrirá con los directores de centros que cedieron los inmuebles para la votación o con quienes hostigaron a los agentes en los hoteles donde se alojaron.
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15 de 15 Los CDR
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga a 12 presuntos miembros de los llamados Equips de Resposta Tàctica por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Serían células de los Comités de Defensa de la República, responsables de responder con acciones de fuerza a la actuación judicial contra el 'procés'. A los CDR se atribuyen los incidentes violentos que se produjeron en Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo.
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La Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria, la considera "inaceptable" e "inasumible. Vocales del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial hablan de la "abolición del Estado de Derecho". Jueces y fiscales critican que su finalidad sea "conservar el poder". Sindicatos policiales la consideran una "felonía". La ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está provocando la reacción de colectivos que creen que la medida atenta contra el Estado de Derecho y el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.
"No es compatible con el Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno", afirman los vocales del Consejo General del Poder que han pedido un pleno extraordinario de la institución para pronunciarse sobre la amnistía.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho público este miércoles un comunicado en el que afirma que la amnistía "rompe las reglas de la Constitución de 1978" y "vuela por los aires el Estado de Derecho".
[8 vocales propuestos por el PP piden un pleno del CGPJ: "La amnistía abole el Estado de Derecho"]
"Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo. Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos", afirma la APM.
A su juicio, la amnistía quiebra el principio "esencial" de la separación de
poderes y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes "al eximir de
responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta
motivación política de sus actuaciones".
La APM expresa su " más firme rechazo" a una ley de amnistía que, además de tener como objetivo lograr "los votos necesarios para una investidura", busca "anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la
desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".
En el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, la asociación de Guardias Civil JUCIL considera que "la mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español".
A su vez, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), describe la amnistía como algo que "amenaza con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las FCSE en una situación tan complicada".
"La profunda decepción y desmotivación se han arraigado entre los guardias civiles debido a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña", advierten desde AUGC, ya que el Instituto Armado, a su juicio, está "perdiendo su influencia y presencia debido a la continua intención de restar competencias y expulsarnos de Cataluña".
En el 1-O, los guardias civiles asumieron con seriedad su deber frente a quienes buscaban socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía. Paradójicamente, aquellos condenados por actos de sedición y violencia durante esos días han recibido indultos por parte del Gobierno, que ahora nos da la espalda. Fuimos utilizados según su conveniencia y ahora estamos desamparados.
Sindicatos policiales también están en contra de la amnistía. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, sostiene que "la ley de amnistía con la que pretende Pedro Sánchez continuar en Moncloa supone un ataque directo a la Democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre el garante". Asegura también que esta ley supone "un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 y en 2019, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España".
"Sánchez pretende con esta Ley de Amnistía perdonar un golpe de Estado, como el que se intentó llevar a cabo en Cataluña el 1 de octubre de 2017, dinamitando el actual Estado de Derecho y la División de Poderes", añade.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) realizan similares consideraciones, y añaden que esta medida de gracia "envía un mensaje equivocado a la sociedad, sino que también socava la autoridad de la autoridad judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El intento de utilizar a la policía como herramienta para blanquear este ataque a la Constitución incluyendo a parte de los policías y excluyendo a otros es inaceptable. Queremos someternos a un juicio con todas las garantías como los Junqueras, Homs, Turull y así poder demostrar que actuamos conforme a derecho".
"La igualdad ante la ley, el principio de legalidad y la división de poderes son fundamentales en una sociedad democrática, y no pueden ser comprometidos en aras de objetivos políticos o partidistas. Como siempre los policías a los pies de caballos para ser utilizados de forma espuria", finaliza su portavoz, Jacobo Rodríguez.
La ASP (Alternativa Sindical de Policía) afirma que "como sindicato de Policía no compartimos que se pretenda amnistiar a quienes han intentado tumbar la Constitución en Cataluña, dando un golpe de Estado, y a quienes han perseguido policías, guardias civiles y a sus familias. No podemos entender que se negocie y se otorgue privilegios por apoyar a un gobierno de España, a quien no quiere que exista España o no quiere ser parte de ella".
La Unión Federal de Policía (UFP) también se posiciona en contra de la amnistía y, de hecho, recuerda su apoyo en la manifestación de Barcelona. "Los condenados en el procés actuaron como verdugos, y los policías fuimos sus víctimas".
La amnistía no solo beneficiará a políticos, sino también a independentistas violentos que son investigados como miembros de los CDR o Tsunami Democràtic.
Decenas de encausados por su implicación en el proceso independentista catalán, el 'procés', verán esfumarse de la noche a la mañana todas sus responsabilidades (penales, económicas, administrativas) gracias a la ley de amnistía.
Los que ya han sido condenados verán desaparecer los delitos declarados por la Justicia y todas sus consecuencias. En términos prácticos, el dirigente de ERC Oriol Junqueras dejará de estar inhabilitado.
Los que están pendientes de juicio no tendrán que sentarse en el banquillo. Este favorece, particularmente, a los 'cerebros' del proceso independentista Lluis Salvador y Josep María Jové. Este último ha sido uno de los interlocutores del Gobierno en funciones -en concreto, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños- para que prosperara la amnistía que le va a beneficiar.
Pero el principal ganador con la ley de amnistía será el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en el otoño de 2017 y que, a diferencia de miembros de su Gobierno que se quedaron en España y fueron juzgados y condenados, ha logrado burlar a los tribunales y no ver afectados sus bienes. La amnistía permitirá a Puigdemont regresar a España con garantía de impunidad.
Otros dos expresidentes catalanes, Artur Mas y Joaquim Torra, se beneficiará también de la medida. Además de 'borrarse' las sentencias penales condenatorias dictadas contra ellos, al primero le desaparecerá la responsabilidad contable que declaró el Tribunal de Cuentas por haber empleado 4,9 millones de euros de dinero público en la consulta ilegal del 9-N.
También la financiación del referéndum del 1-O quedará sin responsabilidad, ya que el Tribunal de Cuentas tendrá que cerrar el proceso abierto a Puigdemont, Junqueras y otros consejeros y funcionarios de la Generalitat catalana.
A continuación, repasamos quiénes serían los principales beneficiados de la ley de amnistía que se presentará de forma inminente.