Josep Lluís Alay, el exjefe de gabinete de Carles Puigdemont, acusa de lawfare (montaje judicial) al juez instructor del llamado caso Tsunami Democràtic.
Se trata del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que este lunes imputó, por un delito de terrorismo, a Alay, quien fuese mano derecha del expresident catalán en su autodenominado "exilio".
El juez también hizo lo mismo con Marta Rovira, secretaria general de ERC, y con el propio Puigdemont, así como con otras nueve personas.
"Parece evidente que el procedimiento del cual trae causa la imputación de mi defendido [Alay] es lo que en términos anglosajones se denomina lawfare: 'acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo'", sostiene la defensa del jefe de gabinete del político fugado.
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6, el abogado de Alay, Gonzalo Boye —lo comparte con Puigdemont— niega rotundamente que los hechos que el juez investiga —las actividades violentas convocadas por la organización independentista Tsunami Democràtic— puedan ser consideradas como terrorismo.
Carles Puigdemont bromea con su abogado, Gonzalo Boye, durante un acto celebrado el pasado mes de febrero en el Parlamento europeo.
El defensor de Josep Lluís Alay considera "inimaginable pensar" que el juez "haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido".
Por ello, apunta, de nuevo, al lawfare. "A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable, cuya única razón de ser es, en función de contra quién o quienes se dirigen", señala Boye en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
"Todos esos afectados tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados", añade el letrado.
De hecho, señala que "el procedimiento de origen de la imputación a mi defendido [Alay] es justamente eso".
"Allí, bajo un manto de legalidad, se atribuyen conductas tales como malversación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos, delitos informáticos diversos blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y otros", se queja.
"Decimos 'otros' porque, según se avanza en el tiempo, en el procedimiento se va hablando de otros tipos penales para ir adaptándose al momento concreto", sostiene.
Víctimas de 'lawfare'
En su enumeración de las supuestas víctimas de este lawfare, el escrito cita a los abogados de las relevantes figuras independentistas. Y es que Boye será juzgado próximamente por los delitos de blanqueo de capitales y de falsedad documental. La Fiscalía Antidroga le acusa de haber lavado dinero generado por la red de narcotráfico de otro de sus clientes, el narco gallego Sito Miñanco.
A juicio de Gonzalo Boye, ésta sería otra causa mendaz, otro ejemplo del lawfare del que se queja, en la que habría acabado implicado sin más motivo que sus nexos con Puigdemont y el independentismo. Y, precisamente, incluye el blanqueo de capitales —del que se le acusa a él— en el listado de delitos que enumera.
Fachada de la Audiencia Nacional.
En este escrito, enviado este martes al Juzgado Central de Instrucción 6, la defensa de Alay solicita acceso a todo el procedimiento, lo que le permitiría recurrir algunas decisiones judiciales.
"Resulta inimaginable pensar que este Juzgado pueda estar investigando como conductas terroristas la actividad académica o profesional, incluso política, de mi defendido", insiste el letrado.
A renglón seguido, insta a impedir "la banalización del término [terrorismo] y la criminalización de conductas que, como venimos diciendo, no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades reconocidos".
Asimismo, critica que García-Castellón mencione en el auto en el que imputó a Alay la muerte de un pasajero francés durante el asalto al Aeropuerto de El Prat, organizado por Tsunami Democràtic el 14 de octubre de 2019.
"Según el conocimiento que hemos tenido a través de los medios de comunicación, queremos creer que (...) la investigación que versaría sobre un presunto delito de terrorismo enmarcado en el ámbito de la organización de unas determinadas protestas ciudadanas —ejercicio legítimo de derechos fundamentales— y la atribución de un fallecimiento que se habría producido en fechas coincidentes —aunque tal hipótesis venga desmentida por los servicios médicos que atendieron a esa persona— serían, en todo caso, un error de apreciación, que será corregido en el curso de la tramitación del procedimiento", replica el escrito.
Fue un Juzgado de Barcelona, encabezado por el juez Joaquín Aguirre, el que comenzó a investigar en secreto a Josep Lluís Alay, en el marco del caso Volhov. En esta instrucción, entre otros extremos, se descubrieron los nexos de Alay con el Gobierno ruso. Al avanzar en su investigación, el juez Aguirre se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.