Los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales se han sumado a todas las asociaciones de magistrados en su rechazo a que el pacto firmado entre el PSOE y Junts contemple que el Congreso pueda investigar un supuesto lawfare. Tachan dicha mención de "inaceptable", además de una "evidente intromisión en la independencia judicial" y una "quiebra de la separación de poderes".
Este término anglosajón hace referencia a las causas judiciales mendaces que pretenden frenar las aspiraciones políticas de una persona o grupo. Podemos, por ejemplo, suele quejarse de haberlo sufrido en varios procedimientos judiciales en su contra.
Ahora, los socialistas y los posconvergentes lo mencionan en el acuerdo firmado por ambas facciones este jueves, que sí concibe que este fenómeno se haya producido en España en años recientes. El documento, además, contempla que las comisiones que se crearán en el Congreso de los Diputados a tal efecto puedan investigar estas supuestas malas praxis judiciales.
José María Asencio, juez: la expresión "lawfare" implica que "no existe separación de poderes"
En un manifiesto conjunto difundido este viernes, los jueces decanos de 82 territorios se oponen a esta mención. "Los abajo firmantes [manifiestan su rechazo] ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura", señalan.
A renglón seguido, se adhieren al difundido suscrito por todas las asociaciones judiciales, tanto por las tildadas de conservadoras como por las consideradas progresistas: la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI). "Nos adherimos expresamente al contenido del mismo", señalan los decanos.
"Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al lawfare y a la 'judicialización de la política' y sus consecuencias", añaden. "El texto del acuerdo alcanzado [entre PSOE y Junts] contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", advierten.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", avisan.
Tras ello, recalcan que, como ordena la Constitución Española de 1978, los jueces tan sólo estarán sometidos al "imperio de la ley". "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables",
Los jueces decanos que firman dicho documento pertenecen a los siguientes partidos judiciales: Alcalá de Henares, Pamplona, Santander, Jaén, Murcia, Valencia, Oviedo Hospitalet de Llobregat, Girona, Lanzarote (Arrecife), Sevilla, Melilla, Lugo, Ourense, Cáceres, Palencia, Palma de Mallorca, Ibiza y Formentera, Barcelona, Huelva, Torrent Badajoz, Algeciras, Albacete, Cádiz, Toledo, Jerez de la Frontera, Pontevedra, Segovia Vigo, Marbella, Gandía, A Coruña, Sabadell, Santiago de Compostela, Bilbao, Dos Hermanas, Logroño, Almería, Móstoles, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, San Sebastián, Granada, Alicante, Zamora, Mérida, Huesca, Elche, Zaragoza, San Cristóbal de La Laguna, Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Ferrol, Burgos, Guadalajara, Valladolid, Castellón, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda, Colmenar, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, San Lorenzo de El Escorial, Valdemoro, Majadahonda y Ponferrada.