El subinspector de la Policía Nacional que ordenó utilizar un ariete para poner fin a una fiesta ilegal, prohibida por las restricciones antiCovid, ha asegurado que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo, máximo órgano del mismo, le felicitó. "Nos dio la enhorabuena", ha manifestado.
Así se ha pronunciado este miércoles, durante su declaración como acusado en la Audiencia Provincial de Madrid, en un juicio ante jurado.
Como ha mantenido a lo largo de la instrucción de esta causa, ha defendido su actuación, ocurrida en marzo de 2021 en un domicilio de la madrileña calle de Lagasca.
Según ha manifestado, optó por usar un ariete para derribar la puerta debido a que los jóvenes que celebraban una fiesta en la vivienda cometieron "un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad" por su "persistente, recalcitrante, obstinada y reiterada" negativa a identificarse. "Nuestra intervención fue conveniente, necesaria, oportuna y se ajustó escrupulosamente a los parámetros de la legalidad", ha añadido.
Los agentes, durante más de media hora, intentaron que el inquilino y el resto de ocupantes de la vivienda salieran al rellano y mostraran a los agentes su identificación. Antes de usar el ariete, utilizaron el método del resbalón, consistente en usar un objeto plano y duro para tratar de abrir la puerta. Fue inútil.
"No se excluye el domicilio de este deber de identificación. Yo no quiero una Policía asaltando casas, pero no quiero una Policía que no trabaje para el ciudadano", ha expresado el subinspector de Policía, que acumula 21 años de ejercicio profesional en el Cuerpo Nacional de Policía, a preguntas de Juango Ospina, el abogado del inquilino.
De acuerdo con lo que ha relatado en el juicio este jefe de Policía, fueron varios vecinos del bloque los que les avisaron, debido a que, como de costumbre, se celebraba otra fiesta ilegal en la mencionada vivienda.
"Había de tres a cinco por semana, nos dijeron que hasta querían cambiarse de piso y no podían, porque había Covid. La vecina del cuarto tenía Alzheimer y todo esto le hacía chillar...", ha manifestado el acusado sobre quienes también vivían en el edificio de Lagasca. Es por eso que el subinspector ha señalado que la celebración de dicha fiesta podría suponer también "un delito de daños, de lesiones, de ruidos (...), destrozos en el portal...".
"Si mañana alguien denuncia las lesiones o un delito medioambiental, ¿a quién denuncio? Había que identificar a esas personas. Luego, ¿esa responsabilidad a quién se la pedimos? ¿A la empresa de Reino Unido fundada tres días antes y que se encargaba del contrato de arrendamiento?", ha planteado el acusado.
Por otra parte, ha señalado que junto a la cerradura de la vivienda, existía una especie de "cajetín" con una pantalla con números, propia de los alquileres turísticos. De hecho, los agentes pensaron que se trataba de este tipo de vivienda cuando llegaron al rellano.
De hecho, el subinspector ha recordado que cuando sucedieron los hechos, y actualmente, España estaba bajo un nivel 4 de alerta antiterrorista. Y ha señalado que los grupos terroristas suelen usar estos pisos de alquiler —"que, a veces, no están ni registrados"— para ocultarse de la Policía.
"Parecía una discoteca"
"Cuando accedemos al interior [del piso de la calle Lagasca], lo que nos encontramos es lo más parecido a un local de alterne o una discoteca. Luz tenue, ceniceros, copas por todos lados —más copas que personas—, abrigos tirados en los sofás... Nadie llevaba mascarilla. Había personas que no se conocían entre ellas; si hasta hablaban distintos idiomas... Estoy convencido de que aquello no se usaba como domicilio. Desde mi perspectiva, era un piso dedicado a organizar fiestas", ha deslizado el acusado. "Fue como si hubiésemos entrado en una discoteca", ha explicado.
Dentro del piso, tal y como ha informado este diario, había varios jóvenes extranjeros, originarios de países de Oriente Medio. De hecho, ha sido imposible citarlos para este juicio, donde deberían haber declarado como testigos. También estaba en la fiesta una estudiante de Derecho que es bisnieta de Antonio Iturmendi, ministro de Justicia de Franco.
Desde el banquillo de los acusados, el subinspector se ha quejado de que el trato de la joven a los agentes fue "humillante", ya que deslizó que el uniforme de los agentes podría haber sido comprado por Internet. "Nos dijo: 'No sabéis quién soy yo...'", ha recordado el jefe policial. La joven declarará en las próximas sesiones del juicio.