Junqueras invoca ya la amnistía para librarse hoy del juicio en Cuentas por el dinero desviado al 'procés'

El procedimiento por la responsabilidad contable del 'procés' es uno de los incluidos expresamente en la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso el pasado lunes como condición previa para que los diputados independentistas catalanes apoyasen este jueves la investidura de Pedro Sánchez.

La fecha de la vista fue señalada el pasado junio, antes de las elecciones generales del 23-J, pero las circunstancias políticas han querido que se celebre 24 horas después de la investidura y a los cuatro días de que la proposición de ley de amnistía haya llegado al Parlamento.

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El juicio por los fondos públicos destinados al 'procés' es, de este modo, la primera actuación jurisdiccional que se produce una vez que la amnistía ha comenzado su andadura parlamentaria.

"Es público y notorio que la proposición de ley goza de la mayoría parlamentaria para su aprobación", afirma el escrito presentado por Junqueras, Bassa, Romeva y otros seis demandados que estuvieron vinculados a las consejerías que los dos últimos dirigían.

También es "público y notorio", añaden, que la proposición de ley de amnistía tendrá el efecto de "extinguir la responsabilidad contable, vaciando de cualquier eficacia práctica o ejecutiva la sentencia que pudiera dictarse en el presente procedimiento".

El procedimiento del Tribunal de Cuentas es (o era) la vía para conseguir la restitución al erario público de los fondos destinados a la organización y promoción del proceso independentista catalán, hecho que fue considerado constitutivo de un delito de malversación en la sentencia sobre el 'procés' dictada en octubre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La Sala Penal determinó fuera el Tribunal de Cuentas el que reclamara la responsabilidad civil derivada del delito a los seis condenados por malversación: los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, además de Junqueras, Bassas y Romeva.

El Tribunal de Cuentas inició, así, un procedimiento en el que llegó a haber 42 demandados, finalmente reducidos a 35. Ninguno de ellos tendrá que asistir presencialmente al juicio señalado para este viernes.

Carga procesal "innecesaria"

La petición de suspensión de los demandados vinculados a ERC, de difícil prosperabilidad según fuentes jurídicas, se basa en que "asumir la carga procesal (para las partes y para el órgano judicial [sic]) de la continuación del proceso no puede sino llevar a una resolución con un resultado meramente declarativo e inejecutable".

"Resulta evidente que la finalidad de la jurisdicción contable (...) es dictar una resolución ejecutable que se pronuncie sobre dicho daño, sus responsables y su obligación de indemnizar a la Administración", señala.

"Teniendo en consideración que no será posible obtener dicha resolución ejecutable por aplicación de la mencionada ley orgánica de amnistía", añade, dando por aprobada la ley, "resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, al principio de economía procesal y al principio antiformalista someter a las partes a la carga de los siguientes trámites procesales cuando su resultado a nada puede conducir".

El escrito se indica que es "más respetuoso con el principio de economía procesal y con el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes" no someterlas a cargas procesales "innecesarias", por lo que reclama la suspensión del procedimiento hasta la entrada en vigor de la ley de amnistía, "momento en el que procederá tramitar con carácter preferente y urgente las decisiones pertinentes" de cierre del procedimiento.

La declaración de Puigdemont

La consejera del Departamento de Enjuiciamiento encargada del juicio en primera instancia tendrá que resolver, además de esta petición, otras reclamaciones como la relativa a la prejudicialidad penal en los casos de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig, que están procesados por malversación por el Tribunal Supremo pero no han sido juzgados al haber huido de España en el otoño de 2017.

Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que la responsabilidad contable de estos tres demandados no puede ser examinada por el Tribunal de Cuentas antes de ser juzgados por la Sala Penal, una alegación ya rechazada en anteriores fases del proceso pero que este viernes reiterará.

En cambio, Boye considera inviable la suspensión de la vista por la existencia de una mera proposición de ley de amnistía, por lo que no se sumará a la petición formulada por los demandados vinculados a ERC.

La declaración de Puigdemont en la vista de hoy es una incógnita. La prueba fue aceptada por la consejera durante la audiencia previa, el pasado diciembre. Pero Arnáiz ha denegado que el expresidente catalán prófugo declare por videoconferencia, de modo que su testimonio está en el aire.

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En total, la Fiscalía reclama la restitución por los demandados de 3.093.198 euros (883.695 euros por los gastos de celebración del 1-O y 2.209.503 euros por la promoción del 'procés' en otros países). Se trata de una cifra muy inferior a la que la instructora determinó en la liquidación provisional, que ascendió a 9.054.005 euros.

La renovación del Tribunal de Cuentas en octubre de 2021, con la designación de la mayoría de los consejeros por el PSOE, trajo consigo cambios significativos en el procedimiento. El abogado del Estado se retiró de la acusación, la Fiscalía rebajó la cuantía de lo reclamado y el tribunal aceptó los avales de la Generalitat de Cataluña (antes rechazados) para evitar el embargo de los bienes de los demandados.

Sociedad Civil Catalana también es parte demandante y reclama 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.