La herencia de los ERE: el Tribunal de Cuentas pide 200.000 € a las herederas del principal condenado

Las hijas del principal condenado del caso ERE, Francisco Javier Guerrero, que ejerció como director general del Trabajo entre 1999 y 2008 en la Junta de Andalucía, tendrán que rendir cuentas ante la justicia.

Este falleció de un infarto en octubre de 2020, pero como si de una herencia se tratara, a través de una sentencia, el Tribunal de Cuentas le reclama a sus herederas 200.000 euros por una de las ayudas fraudulentas que concedió a una empresa en el marco de la trama, de la que se le considera principal urdidor.

Además, también le pide a su sucesor en el puesto, el también condenado por el caso ERE Juan Márquez, que devuelva 298.814,93 euros. A ambos ex altos cargos de la Junta el tribunal les considera responsables de agujero a las arcas públicas de un total de 498.814,93 euros. Y esto fue por una de las ayudas en concreto para la prejubilación de trabajadores de la empresa Saldauto Sevilla S.A.L.

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Guerrero fue considerado como el brazo ejecutor de la trama de los ERE y quien manejó sin control hasta 647 millones de euros repartidos en ayudas y subvenciones fraudulentas de la partida 31-L, más conocida como 'el fondo de reptiles'.

Lo hizo durante casi diez años a través de un sistema creado al margen del Presupuesto andaluz y de los interventores, con la supervisión de sus superiores, por lo que pisó la cárcel en preventiva tras prestar declaración ante la juez Alaya.

Con una veintena de juicios pendientes, más los que faltaban por calificar en el momento de su puerte, falleció de un infarto en octubre de 2020 y  sin cumplir los 13 años de prisión a los que fue condenado.

En aquellas fechas su abogado, Rafael Ramírez García del Junco, aseguró a este periódico que, al fallecer, la responsabilidad penal se extinguía, pero la civil podría pasar a sus herederos. Y así ha ocurrido. 

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La última vez que se sentó en el banquillo fue un mes antes de morir en el primer juicio de la pieza separada de la macrocausa. En concreto, Guerrero iba a ser juzgado, junto a once acusados más entre exconsejeros y ex altos cargos -algunos de ellos ya condenados-, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ascendieron a 2,9 millones de euros.

En el caso por el que se le reclama a sus herederas, la Junta de Andalucía concedió ayudas a Saldauto Sevilla por un montante total de 1,8 millones de euros, de los que 1,6 se otorgaron para financiar el 100 por cien de las prejubilaciones voluntarias en la empresa.

Entre ellas figuraban tres personas que no pertenecían a la plantilla de esta empresa, los denominados como intrusos. Este mismo modus operandi se aplicó en muchas de estas ayudas concedidas del conocido como fondo de reptiles.