La Sala de lo Penal apoya a García-Castellón: confirma el archivo de 'Púnica' para Esperanza Aguirre

En sintonía con lo que ya estableció el magistrado instructor Manuel García-Castellón, el tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, próxima al PSOE.

Dicha organización, personada en Púnica como acusación popular, insistía en vincular a la expresidenta y a otros dirigentes del PP con la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid y solicitaba que la Sala corrigiera el criterio del juez y mandase a Aguirre al banquillo de los acusados.

La Sala, compuesta por los magistrados Teresa Palacios, Carmen-Paloma González y Fermín Echarri, lo rechaza rotundamente. Y así lo expresa en una resolución fechada este lunes y que avanza EL ESPAÑOL. De hecho, la propia Fiscalía Anticorrupción descartó solicitar que la exministra fuese a juicio, al no ver indicios delictivos en su contra.

En su auto, la Sala de lo Penal señala el "importante hándicap" de que la mayoría de las alegaciones del recurso de Adade "no atacan el auto impugnado, sino que reprochan al juez [García-Castellón] el cambio de la inicial perspectiva, sin percatarse de que lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño a costa del erario público se ha quedado sin respaldo indiciario incriminatorio y se ha visto reducido a hechos concretos y aislados".

"La consecuencia de lo anterior es que no puede hablarse, con rigor, de que los investigados en la primera fase de las actuaciones constituyeran una organización criminal destinada a cometer delitos de prevaricación, malversación y falsedades documentales, puesto que hubiera sido necesario la constatación, como presupuesto, de la existencia de un entramado jerárquico organizado desde la cúpula del Partido Popular en pro de su financiación, a nivel de la Comunidad Autónoma, que no ha acontecido", añaden los tres magistrados, en una clara exoneración de Esperanza Aguirre, que ha sido defendida en esta causa por el abogado Carlos Aguilar.

Otra parte de los supuestos delitos investigados en Púnica, además, habían prescrito. La Sala de lo Penal señala que "varias de las premisas barajadas" en informes policiales al inicio de la causa se desinflaron hasta el punto de que no se ha podido probar "la utilización de dinero público en beneficio del partido que gobernaba la Comunidad de Madrid" desde el 2003.

"Como consecuencia, a su vez, de la ausencia del presupuesto básico y generador de la referida premisa, es decir, la inexistencia de datos incriminatorios sobre un plan institucional liderado por el partido que gobernaba en la fecha de los hechos la Comunidad de Madrid destinado a subvencionar el partido en cuestión desde sus más altas instancias y con la colaboración de las diversas consejerías", añade el auto.

"En consecuencia, a la vista de la falta de indicios (...), procede confirmar el sobreseimiento provisional acordado con respecto a los investigados", concluye el auto de la Sala de lo Penal.

Esperanza Aguirre

En octubre de 2022, García-Castellón archivó el caso Púnica para Esperanza Aguirre y para quien fuera su sucesor al frente de la Comunidad Madrid, Ignacio González.

Desde 2014, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investigó la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid. Sí propuso, no obstante, mandar a juicio al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.

"Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada", señaló el juez instructor.

"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluyó García-Castellón, antes de recordar que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.

El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.