El juez Campo precipita su abstención en la amnistía y desata el nerviosismo en el 'sector progresista' del TC

De esa composición, y de la correlación de fuerzas que resulte entre los jueces denominados 'progresistas' y 'conservadores', dependerá el fallo sobre la ley de amnistía.

El Gobierno logró en la pasada legislatura una renovación del TC que le dio una holgada mayoría de siete votos. Con ella ha sacado adelante las principales leyes de Pedro Sánchez (la de educación, la eutanasia o el impuesto a las grandes fortunas, aparte de la regulación del aborto de Rodríguez Zapatero), en lo que los cuatro magistrados designados por el PP vienen calificando de "rodillo sistemático".

A esa mayoría hay que añadir que el Gobierno no ha aceptado entrar a negociar una vacante cuya cobertura corresponde al PP, en 'castigo' a la negativa de éste a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desde julio de 2022, cuando dimitió Alfredo Montoya por motivos de salud, el TC funciona con 11 magistrados, pese a que la Constitución ordena que sean 12.

En el Tribunal Constitucional se registró la pasada semana un recurso de amparo de un particular contra la proposición de ley de amnistía, una demanda jurídicamente inviable que, además, va acompañada de la recusación de tres miembros del TC: su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos magistrados designados directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, esto es, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la  exdirectora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso.

Conde-Pumpido se ha apresurado a abrir una pieza separada para tramitar esas recusaciones con el fin de cortocircuitar desde el principio y de cara a futuras demandas o recursos cualquier pretensión de apartar de miembros de la mayoría progresista del tribunal.

Pero el plan se ha visto desbaratado porque, paralelamente, ha entrado un segundo recurso de amparo contra la proposición de ley de amnistía cuya ponencia ha recaído en Juan Carlos Campo. Este magistrado ya ha presentado a Conde-Pumpido un escrito de abstención en aras a salvaguardar la "imagen de imparcialidad" que, a su juicio, debe tener el tribunal que resuelva sobre la amnistía del 'procés'

Campo era ministro de Justicia cuando el 22 de junio de 2021 firmó las propuestas de indulto de los nueve líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos.

"Claramente inconstitucional"

En esas propuestas, que redactó de su puño y letra, el hoy juez del TC expuso que las penas ya cumplidas por los indultados eran "un efecto de la sentencia que ni se puede ni se pretende borrar".

"La concesión de la gracia", argumentó "traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada o conmutada, pero con la persistencia del delito. Persistencia que en caso de reiteración delictiva llevaría consigo la apreciación de los antecedentes penales. A  diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".

No se pronunció sobre la amnistía exclusivamente en ese documento oficial incorporado a los expedientes de indulto. El 23 de junio de 2022, un día después de que el Gobierno aprobara las medidas de gracia, el entonces ministro Campo insistió en unas declaraciones publicas en que "la amnistía no cabe".

La abstención presentada por Campo para apartarse del debate sobre la amnistía en el TC significaría, en caso de ser aceptada, que el sector progresista quedaría reducido a seis miembros.

La decisión del magistrado ha causado sorpresa en el tribunal y Conde-Pumpido la ha acogido con malestar porque pretende que no haya ninguna 'baja' sobre la base de considerar que unas manifestaciones genéricas realizadas hace tiempo desde un cargo político no pueden condicionar el criterio jurídico sobre un concreto texto de la ley.

Pero Campo considera contraproducente, para la propia institución, formar parte del colegio de magistrados que van a decidir sobre la ley. La claridad y contundencia de sus manifestaciones contaminarían el fallo y harían que el tribunal fuera un blanco fácil para las críticas.

Además de Campo, la participación del propio presidente y de Díaz Bueso será objeto de controversia. El PP ya ha manifestado que ninguno de ellos debería intervenir por su proximidad al Gobierno de Sánchez, además del hecho de que Conde-Pumpido se abstuvo en abril de 2021 de los asuntos relativos al proceso independentista catalán y ésta no será una ley general, sino una norma singular que tiene por único objeto el 'procés'.

Recusado por Carles Puigdemont, en aquel momento Conde-Pumpido afirmó que "se impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar indebidamente las resoluciones que habrán de ser dictadas, en sentido estimatorio o desestimatorio".