La Fiscalía pide penas de 8 a 27 años de prisión para 12 miembros de los CDR por terrorismo

La acusación del Ministerio Público se produce once días después de que el PSOE registrara en el Congreso la polémica proposición de ley de amnistía, que se aplicaría a estos hechos de carácter terrorista.

La Fiscalía considera que Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Joaquín Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero  habrían conformado una organización terrorista, "de carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias" en el contexto del proceso independentista catalán.

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Para los ocho primeros solicita un total de 27 años de cárcel para cada uno de ellos por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista (ocho años de prisión); tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas (11 años) y estragos terroristas (ocho años).

A Jolis, Buigas, Budria y Borrero les pide, a cada uno de ellos, ocho años de prisión por pertenencia a una organización terrorista.

"Subvertir el orden constitucional"

De acuerdo con el relato de hechos que contiene el escrito de acusación, los acusados conformaron dentro de los CDR una "organización terrorista paralela", el ERT, cuyo objetivo era "subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".

El fiscal Miguel Ángel Carballo, autor del escrito, describe al Equipo de Respuesta Táctica como una "célula" integrada por los acusados que "evidencia una gran radicalidad" y cuya finalidad era "conseguir la independencia conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión".

Trataron de "forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", afirma.

Los acusados "conformaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos".

Desde esa estructura organizada, habría participado en algunas de las acciones más contundentes reivindicadas por los CDR: cortes de carreteras, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners, levantamiento de las barreras de los peajes.

Objetivos

También habrían asumido el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de perpetrar una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña.

Además del Parlament, entre los objetivos de los que, según el fiscal, se han obtenido evidencias de que el grupo pretendía perpetrar "algún tipo de acción o atentado" figuran la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión e instalaciones en autopistas, peajes.

También se han encontrado fotografías que ponen de manifiesto que realizaron vigilancias a la multinacional ferroviaria Alstom en sus instalaciones de Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona); la planta fotovoltaica situada en el polígono industrial Can Baliarda de Sant Fost de Campsentelles, y la empresa de maquinaria industrial Atfe.