Un juzgado gallego ha abierto una investigación sobre el vertido de pellets (unos microplásticos de polietileno) que afecta a las costas gallegas tras la caída al mar de un contenedor frente a Portugal.
Concretamente, ha sido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia, que ha abierto estas diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras recibir una denuncia del partido Podemos y otra, de varias asociaciones ecologistas, que se han personado como acusaciones populares.
La titular del Juzgado ha ordenado a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que elabore un informe que recoja "los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada".
El buque Toconao es la nave de la que cayeron seis contenedores frente a la costa portuguesa. Uno de ellos estaba lleno de pellets y estos microplásticos han arribado a las playas gallegas.
Como informó EL ESPAÑOL, la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal comunicó el pasado 8 de diciembre a las autoridades españolas y europeas este suceso, que ha desatado un cruce de acusaciones entre la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, y el Gobierno central, encabezado por el socialista Pedro Sánchez.
Precisamente, este martes, la Fiscalía de Medio Ambiente ordenaba varias diligencias en su investigación abierta sobre el vertido de pellets.
Y en su más reciente escrito, el Ministerio Público ya no advierte de "indicios de toxicidad", como alertaba horas antes, sino que se refiere a estos microplásticos como materiales "potencialmente peligrosos" y "contaminantes".
Aquellos "indicios de toxicidad" fueron mencionados por el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en el escrito en el que pidió autorización al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para abrir diligencias preprocesales. Ahora, el mismo Vercher rebaja el potencial peligro a un vertido "contaminante".
Voluntarios hacen una recogida de pellets de la arena.
Desde el pasado fin de semana, tanto el PSOE como Sumar y Podemos han evocado el recuerdo de la catástrofe del Prestige para tratar de erosionar al PP e intentar evitar que repita su mayoría absoluta en las elecciones gallegas previstas para el 18 de febrero. Aquel desastre medioambiental sucedió en 2002, cuando el buque petrolero de ese nombre se partió en dos frente a la costa y liberó toneladas de crudo.
Por su parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, aseguró a través de la red social Twitter que, dos semanas después, el 20 de diciembre, su Ministerio comunicó a la Xunta los datos correspondientes al "barco de bandera liberiana y el armador alemán" responsables del vertido.
Puente es, precisamente, uno de los tres ministros que el PP ha pedido que comparezcan en el Congreso para aclarar datos sobre el vertido. El Partido Popular contraatacaba así a las acusaciones del PSOE, que reprochaban a la Xunta su gestión de este suceso.
Los otros dos ministros son la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el titular de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
La juez que ha abierto la investigación explica que "no están determinadas la naturaleza y circunstancias" del vertido de pellets "ni las personas que [en estos hechos] han intervenido". Por ello, considera "procedente" abrir diligencias previas para aclarar estos extremos.