El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha criticado que el juez Manuel García-Castellón le haya imputado en base a que su nombre aparece en las agendas de Villarejo, aparentemente vinculado a un supuesto plan del PP para espiar a Javier Gómez de Liaño, exabogado de Bárcenas.
En realidad, tal y como mencionaron tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción para justificar su imputación, las Moleskines negras del excomisario aluden a un tal "Chisco", que sería el apodo o diminutivo de Francisco Martínez.
Ahora bien, en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al juez, el abogado Juan Antonio Frago cuestiona esta teoría.
"¿De qué debe responder el señor Martínez? ¿De lo que escribe otro?", se pregunta el letrado en el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. A renglón seguido, la defensa de Francisco Martínez reprocha que éste haya sido citado a declarar en el Juzgado Central de Instrucción número 6 "a partir de algunas palabras garabateadas en una agenda".
Fue Javier Gómez de Liaño —abogado de Luis Bárcenas en 2013, al inicio del caso Gürtel— quien solicitó a García-Castellón que Martínez y otras personas fueran citados a declarar. Aunque no especificó si debían ser interrogados como investigados o como testigos. Por ejemplo, Villarejo, en esta pieza de la macrocausa a la que da nombre, lo hizo bajo esta última fórmula. En otras ramas del caso, el excomisario sí está imputado. La exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también tuvo que declarar como testigo por estos hechos.
La tesis defendida por Gómez de Liaño es que "gente del entorno del PP" le espió y presionó para que el extesorero del partido no perjudicase a la formación política, una vez estalló el escándalo de la Gürtel.
Para ello, presuntamente, habrían tratado de chantajear a Gómez de Liaño con unos supuestos pagos a su favor, efectuados desde Suiza, por Kalashov, un mafioso rusogeorgiano al que también defendió el letrado y antiguo juez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad durante su labor como letrado.
En efecto, en las agendas de Villarejo aparece el nombre de un tal "Chisco", que sería el apodo de Francisco Martínez, junto a la anotación "Operación Kalashov". Es por ello que García-Castellón consideró "pertinente" interrogar al exsecretario de Estado sobre este asunto. La Fiscalía Anticorrupción lo apoya.
Juan Antonio Frago, en su recurso de apelación, se opone a esta tesis. "Se cita a nuestro patrocinado [Francisco Martínez] como investigado por unos hechos presuntamente delictivos, pero sin especificar cuál es el delito investigado, sin que ningún testigo o investigado le haya mencionado, sino solo a partir de algunas palabras garabateadas en una agenda cuyo autor [Villarejo], único responsable de lo que escribe, ha sido citado como testigo de los hechos, porque se infiere que los innominados ilícitos pudieron cometerse para favorecer a una organización política, cuya representante [Cospedal] también es citada como testigo", reprocha el abogado.
Bárcenas, en una imagen de archivo.
Asimismo, critica que los indicios para citar a Martinez sean "unos garabatos manuscritos, que, por no saber, no sabemos siquiera qué indican, por lo que difícilmente pueden calificarse de indicios". Además, subraya que, pese a no tener claro qué delito se imputa al exnúmero dos de Interior habrían pasado ya diez años desde aquellos hechos, que, de haber ocurrido, lo habrían hecho en 2013. Una década después —advierte el recurso— es probable que hubiesen ya prescrito.
"No es lo mismo sostener que (...) se le quiso imputar falsariamente [a Gómez de Liaño] haber cobrado de un mafioso ruso [Kalashov] en Suiza a que este elevado cobro fraudulento fuera real o a que esto lo planificara, como autor de un delito, el señor Martínez o que el señor Martínez fuese informado de algo que hizo la Policía Nacional por su cuenta", expone su letrado. No obstante, el recurso niega "expresamente" que la antigua mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz conociese ningún detalle de los hechos que se investigan.
"Negamos expresamente cualquier conocimiento por nuestro representado, pero a un nivel jurídico debemos hacer ver que no es lo mismo la autoría de un delito que una supuesta comunicación de algo que otros han planificado y/o ejecutado que [el hecho de que] a una persona le digan que se ha cometido el delito por otros", razone el escrito.
Por todo ello, la defensa de Francisco Martínez solicita que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anule el auto en el que García-Castellón cita como investigado al exsecretario de Estado de Seguridad "al haber transcurrido más de diez años de los hechos que en la causa se investigan".
"Encargo" del entorno del PP
¿Qué hechos son éstos? "Un supuesto encargo por personas vinculadas al Partido Popular de servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado [entonces] en un procedimiento penal [el caso Gürtel] y a su abogado defensor en ese procedimiento, el señor Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundirse datos comprometedores para ese partido". Así lo resumió la Sala de lo Penal en el auto en el que corregía la negativa de García-Castellón a citar a declarar a Cospedal y Villarejo. La misma Sala de lo Penal a la que la defensa de Martínez solicita que anule su imputación.
En esta causa judicial ya constaban otros investigados, a los que se ha sumado el exsecretario de Estado de Seguridad. A la vez, lo hacía —también a petición de Gómez de Liaño— Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.
Imagen de archivo del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Completan el listado, José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Días Moro. Éstos serían los interlocutores que aparecen en cuatro audios, encontrados por la Policía, en los que dialogan sobre las presiones al entonces abogado de Bárcenas. Se trata de tres personas, según los investigadores, próximas al PP. También figura como investigado el abogado José Aliste.
Cuando Gómez de Liaño declaró en la Audiencia Nacional como perjudicado en esta causa, apuntó al "entorno del PP" como autor de las presiones que aseguró haber sufrido para evitar que el extesorero tirase de la manta y perjudicase así al que hasta entonces había sido su partido.
Y aseguró que Cospedal, entonces secretaria general de la formación conservadora, "no tenía especial intención de que la investigación de la Gürtel llegara a buen puerto".
¿Quién es otro de los imputados, José Aliste? Se trata de un abogado, al que Gómez de Liaño mencionó en su declaración como perjudicado.
El exjuez aseguró que Aliste le ofreció sus "servicios" cuando defendía a Bárcenas. Y que, según le dijo, "tenía mucha mano con el DAO [director adjunto operativo de la Policía Nacional]", cargo que ocupaba en aquel momento Eugenio Pino.
José Aliste también es uno de los investigados en el llamado caso Caranjuez, del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. En dicha causa, la juez indaga una supuesta trama que ofrecía servicios de protección a ex altos cargos del Gobierno venezolano en España. La magistrada, de hecho, aún debe decidir si cita como investigado a Eugenio Pino en aquella instrucción.
Presiones del PP
En la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño narró al juez García-Castellón que cuando era abogado de Bárcenas se sintió vigilado por "el entorno" del Partido Popular y de María Dolores de Cospedal, que entonces era secretaria general de la formación. A dicho "entorno" atribuyó una "serie de maniobras" y de "mensajes indirectos" encaminados a "desacreditar a Luis Bárcenas".
El letrado señaló que Cospedal, cuando ejercía dicho cargo, "no tenía intención de que [la investigación de] la Gürtel llegara a buen puerto". También manifestó que Luis Bárcenas pagó sus honorarios de forma legal, nunca mediante dinero negro; otro de los asuntos que esta supuesta trama habría tratado de usar en su contra. Y negó tener cuentas en Suiza. Estos dos extremos se mencionaban en aquellos audios, como posibles formas de presionarle.
Cospedal, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como testigo.
Asimismo, el exabogado de Bárcenas relató que "alguien identificado como del CNI" ofreció "mucho dinero" a su secretaria a cambio de "pruebas" sobre la trama Gürtel. Habrían sido dos personas, que respondían a los alias de Pepe y Begoña.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre este asunto, pero terminó archivada por falta de pruebas.
La pieza 36
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el pasado febrero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez García-Castellón a reabrir esta investigación sobre las supuestas presiones a Gómez de Liaño.
Sin embargo, el tribunal se opuso a fusionarla con el llamado caso Kitchen —la pieza 7 del caso Villarejo—, ya que su instrucción de ésta estaba muy avanzada, rozaba el juicio.
En Kitchen (en la que están procesados también Eugenio Pino y Francisco Martínez) se investigó el supuesto dispositivo parapolicial, coordinado desde el Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, para sustraer a Bárcenas documentación perjudicial para el Partido Popular.
De hecho, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en el caso Kitchen, reveló que el dispositivo parapolicial espió el despacho de Gómez de Liaño.
Por esta trama, previsiblemente, también se sentarán en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, José Manuel Villarejo y el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.
'Caso Kitchen'
Fue un juzgado de instrucción de Marbella el que comenzó investigando las supuestas presiones al entonces abogado de Bárcenas. La causa se inició después de que en un registro en el domicilio de dos personas —Halit Sahitaj y Jana Kleiner— se encontrasen cuatro archivos de audio.
"[Aquellas grabaciones] pondrían de manifiesto (...) un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado (...), que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario [Gürtel]", recogió la Fiscalía.