La Fiscalía descarta que exista "atisbo alguno de delito" en las conversaciones mantenidas entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el entorno de ETA, acerca de la excarcelación de presos de la banda terrorista.

Y así lo ha expresado el fiscal Carlos García Berro en un reciente y contundente escrito enviado al juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar, desde 2018, los homenajes a los terroristas excarcelados. En la instrucción de esta causa se descubrieron los chats entre Ortiz y dirigentes abertzales y asociaciones afines a la banda armada.

García Berro considera que no existe delito alguno en estas conversaciones. De este modo lo ha trasladado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en respuesta a la solicitud de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que pedía tomar declaración a, entre otros, el abogado Txema Matanzas, habitual defensor de presos etarras. La Fiscalía se opone rotundamente a ello.

"En las mismas [las comunicaciones mantenidas con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias] no se aprecia atisbo alguno de prevaricación, es decir, de dictado de resoluciones arbitrarias a conciencia de su injusticia, toda vez que todas las cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a las que se hacen referencia (progresiones en grado, permisos, excarcelaciones, etc.) están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con intervención del Ministerio Fiscal", señala García Berro.

"En ocasiones, se ha accedido a las propuestas realizadas por las Juntas de Tratamiento [de las cárceles], en otras ocasiones se han impugnado; en algunas, se han admitido los recursos del Ministerio Fiscal, en otras ocasiones no… sin que a lo largo de todos estos largos años se haya apreciado en ningún momento indicios de comisión de delito alguno ni por el Ministerio Fiscal, ni por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ni por las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional", añade.

"Descartado, por razones obvias, la existencia de prevaricación, tampoco esas conversaciones mantenidas serían revelación de secretos, puesto que no hay secreto alguno que revelar, pues se considera confidencial cualquier tipo de información que esté protegida por la ley, como datos personales, documentos clasificados, investigaciones en curso o cualquier otro tipo de información sensible que pueda comprometer la seguridad o la privacidad de las personas o las instituciones, lo cual no es el caso", explica en su escrito.

No obstante, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva varios meses investigando si el departamento de Prisiones, dependiente del ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska, filtró al entorno etarra información y datos confidenciales en el marco de estas conversaciones. La denuncia que dio origen a esta investigación de la AEPD la presentó, precisamente, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Fue la misma asociación de víctimas la que solicitó al juez que citase como investigados a Matanzas y a otras tres personas vinculadas al entorno abertzale: Joseba Azcárraga, Jorge García Sertucha y Julen Arzuaga. Azcárraga es el responsable de Sare, la red de apoyo a los presos de ETA.

Para su solicitud, Dignidad y Justicia se basó en un informe de la Guardia Civil fechado en 2021 y que recoge estos chats. "Es decir, de casi dos años de antigüedad", advierte la Fiscalía en el escrito en el que se opone a citar como investigados a estas cuatro personas.

"Apoyar una petición de diligencias que suponen una alteración (por lo demás, prospectiva e inquisitorial) objetiva y subjetiva del objeto del proceso en un informe que lleva unido a las actuaciones cerca de dos años parece excesivo", reprocha García Berro en su escrito.

Asimismo, critica la última decisión del juez Manuel García-Castellón en esta causa: la de analizar los chats de Telegram, gestionados por Sare, en los que dos exetarras investigados coordinaban los homenajes (ongi etorris) a los presos de ETA excarcelados.

"No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes", recalca el escrito de la Fiscalía.

"Es perfectamente legítimo y amparado por un ordenamiento jurídico que predica como sus valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político que cualquiera pueda mostrar su discrepancia, incluso en términos ditirámbicos, con la política penitenciaria de este o de cualquier otro Gobierno de la nación y todo ello sin incurrir en ilícito penal de ninguna clase", expone el fiscal.

A renglón seguido, subraya que, precisamente, Dignidad y Justicia "se caracteriza por ser contrario a la política penitenciaria del Gobierno [actual] y por hacerlo en términos que podríamos calificar de altamente expresivos, sin que por ello se le exija ni siquiera se insinúe responsabilidad alguna". "Luego la misma libertad que se predica para

unos debe ser afirmada y defendida para otros, guste más o menos", compara.

"Se pretende realizar una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas", reprocha el representante del Ministerio Público a la asociación de víctimas.

Finalmente, el fiscal critica que García-Castellón haya ordenado investigar estos chats de Telegram, a petición de Dignidad y Justicia. Y, para concluir, lanza un dardo sobre la instrucción judicial de esta causa, "vista la querencia de algún ente a valerse de trámites procesales cualesquiera para introducir extemporáneamente otras cuestiones".