"El sumario del caso Volhov son miles de folios y sólo imprimirlo ya cuesta un dinero", resume por teléfono Manel Hernández, secretario general de Barcelona con la Selección. Se trata de la asociación deportiva, con miembros que apenas superan los 30 años, que ejerce la acusación popular en esta causa judicial, en la que se investigan los nexos del procés con Rusia.
Aunque, en realidad, el caso Volhov se inició con las pesquisas sobre la presunta financiación irregular del separatismo a través de la Diputación de Barcelona y de las subvenciones a entidades deportivas afines al independentismo.
Fue por ello por lo que esta asociación —dedicada a fomentar el apoyo a la Selección Española de fútbol en la Ciudad Condal y el espíritu deportivo— se personó en la causa como acusación popular, capitaneada por los letrados José María Fuster-Fabra, Ignacio Fuster Fabra, Miguel Capuz y José Carlos Velasco.
Pero pleitear rara vez sale gratis. Por ello, Barcelona con la Selección ha lanzado una campaña de crowdfunding para sufragar su defensa en el caso Volhov, que comparte con las organizaciones Cataluña Suma por España, Impulso Ciudadano, Llibertats y Societat Civil Catalana (SCC).
Hasta ahora, los costes de la defensa eran asumidos altruistamente por los letrados. Para pagar aquella primera fianza que les permitió personarse, cada organización aportó 500 €.
Por el momento, en poco más de dos semanas, el proyecto ya ha recaudado casi 4.300 euros, sobre un objetivo de 9.000. "Saquemos lo que saquemos, toda ayuda es buena", agradece Manel en conversación con EL ESPAÑOL.
¿Qué gastos tiene ejercer la acusación popular en un caso como éste? Miles de fotocopias, gasto en desplazamientos, el coste de las periciales, pagar la fianza que impone el juez... "Todo lo que consigamos irá destinado a la defensa jurídica en esta causa y cuanto más consigamos, más podrán hacer los abogados", añade el joven. Para donar, basta con visitar la web GoFundMe.com.
Barcelona con la Selección, que se define como una organización apartidista, nació en 2016, con el objetivo de que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal —entonces, encabezado por Ada Colau— colocase pantallas gigantes para que los ciudadanos disfrutasen de los partidos del combinado nacional. Aquel enfrentamiento con el consistorio se saldó con multas que suman 12.000 euros.
Para pagarlas, impulsaron un primer crowdfunding. "Y nos solucionó el problema muy bien", relata Hernández. Ahora, la plataforma ha decidido repetir la jugada para obtener fondos que les permitan sufragar su acusación en el caso Volhov, ya que no reciben subvenciones públicas, ni autonómicas ni estatales.
Así lo denunció, precisamente, José María Fuster-Fabra cuando fue invitado por el PP al Congreso de los Diputados. Su discurso, además, contribuyó a visibilizar la labor de las acusaciones populares del caso Volhov, que el propio Manel reconoce como "una de las causas más relevantes" para el futuro de la Ley de Amnistía.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el juez que la instruye, Joaquín Aguirre, deslizó en uno de sus últimos autos que Carles Puigdemont podría acabar investigado por un delito de traición, que, por el momento, queda excluido de la amnistía. "[Ejercer la acusación en Volhov] se está disparando en cuanto a costes", señala Manel.
"Independientemente de lo que se recaude, es muy bonito; lo que están haciendo estos chavales jóvenes, que son estudiantes en distintas universidades catalanas, es una lección para toda España", subraya José María Fuster Fabra en conversación con este periódico.
El letrado, además de coordinar la acusación popular en Volhov, hace lo propio en el caso en el que ya han sido procesados por terrorismo los 12 miembros de los CDR detenidos por la Guardia Civil en la Operación Judas. Se les acusa de haber fabricado explosivos para secuestrar el Parlament y exigir la independencia de Cataluña.
Además, Fuster-Fabra defiende en el caso Tsunami Democràtic a dos policías nacionales que sufrieron graves heridas durante los disturbios violentos que ocurrieron en Cataluña en 2019. Esta causa también es otra de las más relevantes para el futuro de la Ley de Amnistía. En ella está imputado ya Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por supuestos delitos de terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, no obstante, no comparte el criterio del juez. La del Supremo sí lo hace.
"A todos estos gastos, se le suman las horas que echan los abogados", señala el secretario general de Barcelona con la Selección. Por ejemplo, nada más personarse en el caso Volhov, los letrados José María Fuster-Fabra y Miguel Capuz tuvieron que contestar a 14 recursos presentados por los investigados en esta causa. "Fue un no parar, todo un fin de semana, mañana, tarde y noche", explica a EL ESPAÑOL el primero de los letrados. "Y nos dieron la razón en todos ellos, ratificando lo que había decidido el instructor", recuerda.
"Nos jugamos mucho"
"Somos catalanes, vivimos en Cataluña, defendemos nuestra tierra y pedimos al resto de España que nos ayude", expone Fuster-Fabra por teléfono. ¿Merece la pena el esfuerzo? "Yo creo que sí", responde Manel Hernández. ¿Por qué? "Nos jugamos mucho. Si se pierde la última batalla, que es la batalla legal, perderemos el Estado de derecho", lamenta el joven.
Y, como resume la web en la que la solicitan las donaciones a su crowdfunding, "si algún día el independentismo logra su objetivo, lo hará gracias a la complicidad de un Gobierno entregado a cumplir sus demandas para resistir en el poder; pero también, gracias a la pasividad de aquellas personas que pudiendo colaborar en la defensa de los intereses de la nación, han decidido mirar durante años, hacia otro lado".