El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha respondido a las autoridades judiciales suizas después de que éstas se opusieran a cooperar con la Justicia española en el caso Tsunami Democràtic, en el que están investigados, entre otros, Carles Puigdemont y Marta Rovira.
Ambos políticos están imputados, por delitos de terrorismo, por, supuestamente, haber estado detrás de los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista que da nombre al caso.
En un auto fechado este mismo miércoles, apenas un día después de la respuesta del país helvético, García-Castellón niega que la causa judicial tenga un "pretendido carácter político", como sí planteó Suiza para negarse a cooperar con la Audiencia Nacional.
Además, el magistrado rechaza dar al país más información sobre la futura Ley de Amnistía y su posible afectación a los imputados en este caso judicial, porque, tal y como razona, no es la labor propia de los jueces y tribunales españoles, sino que se trata de una cuestión legislativa.
En el informe con el que respondió a García-Castellón, Guillaume Rousseau, director de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) suiza, señalaba que había conocido "por la prensa" que se está "preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes".
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"Agradeceríamos que su Ministerio [de Justicia] y/o el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional nos informaran más al respecto. Sería conveniente, entre otras cosas, que nos expliquen las posibles consecuencias de esta ley en el procesamiento contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a la plataforma es difícil de determinar", solicitaba Rousseau.
García-Castellón responde a esta "llamativa solicitud": "En un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza".
El magistrado asegura que desconoce "cualquier cuestión relativa" a la citada norma y asegura que tampoco logra entender "qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional interrogar sobre una hipotética norma no aprobada".
"Como corolario a esta singular solicitud dirigida a este magistrado, debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado, el remitente [la Oficina Federal suiza] refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y, simultáneamente, el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminentemente política, ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes", reprocha el magistrado a Rousseau.
"Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación", le afea.
Investiga la filtración
Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que encabeza García-Castellón ha abierto una pieza separada para investigar la filtración a medios afines al Gobierno de la respuesta de Suiza a la petición de auxilio judicial. Tal y como comprobó EL ESPAÑOL, el documento figuraba en la portada de un medio de comunicación antes incluso de que llegase a la Audiencia Nacional y fuese notificado a las partes personadas en el caso Tsunami.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
El juez ha encargado esta investigación a la Guardia Civil y ya les ha recomendado que no trasladen sus avances a sus superiores, sino a la Audiencia Nacional, por temor a que, desde la cúpula política y funcionarial, puedan ponerse trabas al avance de las pesquisas.
Asimismo, en respuesta al país alpino, el magistrado recuerda que existen tratados internacionales suscritos entre Suiza y España que impiden rechazar auxilio judicial por motivos políticos en causas judiciales en las que se investigan delitos de terrorismo, que son los que García-Castellón atribuye a Puigdemont y Rovira.
Rovira, precisamente, está fugada de la Justicia española desde el año 2018 y huyó a Suiza. De hecho, cuando el Juzgado la imputó, la secretaria general de ERC aportó como su dirección la de la sede del partido que dirige. Fue por ello que García-Castellón solicitó ayuda a Suiza para localizarla.
"La investigada no ha facilitado información alguna sobre su paradero; al contrario, su evidente desprecio por el procedimiento judicial se constata cuando facilitó como domicilio personal la sede de un partido político en Barcelona, obviando cualquier información sobre el lugar en el que realmente reside, pese a ser notorio que habita en Suiza. De ahí la necesidad de recabar la colaboración de las autoridades suizas", expone el magistrado en su auto.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Asimismo, el propio juez relata que ha "desarrollado gran parte" de su carrera profesional en el ámbito de la cooperación judicial internacional, ya que ha sido magistrado de enlace en Francia e Italia. En total, durante 17 años.
"La experiencia acumulada permite afirmar que la cooperación judicial se basa en un principio esencial para el buen funcionamiento de los mecanismos existentes, la confianza entre las autoridades a la hora de atender a lo solicitado", insta a Suiza, a la que reprocha que todavía no haya accedido a asistir a una "reunión de coordinación" para tratar diferentes extremos del caso Tsunami.
Marta Rovira
Para imputar a Rovira, García-Castellón se basó en unos chats recogidos en un informe de la Guardia Civil y que constatan que la secretaria general de ERC, bajo el alias de Matagalls, formó parte de la organización de los disturbios de Tsunami Democràtic.
Incluso, tal y como desveló EL ESPAÑOL, esas conversaciones incluyen órdenes expresas de Rovira para llevarlos a cabo. "Debemos actuar como en el 1-O, con abuso de posición", recomendó la política independentista en un chat secreto. Posteriormente, una vez se produjo el asalto a El Prat —el aeródromo fue tomado por miles de radicales, que lo colapsaron—, la secretaria general de ERC felicitó a otros líderes por el éxito de la convocatoria.
El juez García-Castellón también se basó, para imputar a Rovira por un delito de terrorismo, en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza) en 2019, en la que, a su juicio, se coordinó el lanzamiento de la plataforma Tsunami Democràtic.
En marzo de 2020, Suiza ya se opuso a colaborar con la Audiencia Nacional al considerar que el caso Tsunami tenía "un carácter político". Y así lo plasmó entonces Guillaume Rousseau, en un escrito que envió al juez.