Esquema de la trama en la que participaba Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos.
Cueto, imputado por la venta de armas en Angola, era el cerebro de la trama que captó a Koldo García
EL ESPAÑOL accede en exclusiva a la querella de Anticorrupción en la que explica cómo el exasesor de Ábalos colaboró con una red empresarial.
23 febrero, 2024 02:50Juan Carlos Cueto Martín es considerado el cerebro de la trama por la que fue detenido Koldo García Izaguirre, exasesor y mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, la empresa Comercial Cueto 92 era en realidad quien controlaba Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL.
Esta sociedad facturó más de 54 millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Interior y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Juan Carlos Cueto utilizó a su socio Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, para captar al exasesor de Ábalos.
Según Anticorrupción, "Juan Carlos Cueto Martín es la persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el Grupo Cueto". Se trata de la sociedad instrumental utilizada por Aldama y Cueto, cuyas empresas recibieron "cuantías económicas que podrían alcanzar las cifras de más de seis millones de euros y de más de cinco millones de euros respectivamente".
[Koldo lideraba una trama de cargos del MITMA que daba contratos, cobraba y blanqueaba comisiones]
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción adelantada por EL ESPAÑOL, los contratos ahora investigados para la compra de mascarillas son un "proyecto conjunto" del propio Cueto y Víctor de Aldama, conocido por ser el presidente del Zamora CF.
Fue este último quien promovió la idea al tener constancia de los problemas del Ministerio de Transportes para adquirir equipos de protección contra la Covid-19 en 2020. En concreto, este contacta con Cueto y Soluciones de Gestión "aprovechando su capacidad para ejecutar el contrato", dice la querella.
Los dueños de Soluciones de Gestión
Según la querella, hay varios indicios que "corroboran" la dependencia de Soluciones de Gestión con el Grupo Cueto. Para empezar, su sede, en la madrileña calle de Ramón de la Cruz, es propiedad de Inmocue, una empresa perteneciente al citado Grupo Cueto, de Juan Carlos Cueto Martín.
Durante la recepción de los contratos públicos de material sanitarios, Soluciones de Gestión contó con un administrador único, Purdey Investment, propiedad de José Ángel Escorial Senante. Su capital social estaba participado por Erromar Soluciones Digitales, propiedad de Íñigo Rotaeche Lachiondo, y Luisa Presa Medina, que es titular del 0,04% de las participaciones de Soluciones de Gestión.
Todos nombres están vinculados o tienen relación con el Grupo Cueto. A ellos se suma Daniel Sierra Monedero, que asumiría los cargos de apoderado en Soluciones de Gestión y en 2021 pasaría a ser administrador único en lugar de Purdey Investment.
Arturo Pérez Martínez también figura en la investigación. Director de Logística Internacional de Cueto, aparece como trabajador de Soluciones de Gestión durante los hechos investigados.
¿Y qué es Soluciones de Gestión? Una sociedad propiedad de Íñigo Rotaeche que, en realidad, está "controlada" por el Grupo Cueto. Durante la investigación se habría comprobado que "en todas las etapas de actividad se encontraron ingresos y pagos dimanantes o dirigidos a este conglomerado empresarial".
Es precisamente esta empresa donde la trama hace pivotar todo el proceso para la adjudicación de los contratos públicos. Adif, Puertos del Estado, el propio Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares concedieron sendos contratos a Soluciones de Gestión por valor de 53 millones.
Unas adjudicaciones concedidas a una compañía que en 2019 registraba unas pérdidas de un millón de euros, y que pasa a ganar en 2020 (tras la contratación) 3,9 millones.
La propia empresa reconoce que "la sociedad suministra (durante ese año) más de 20 millones de mascarillas a organismos públicos y privados". De hecho, pasó de una facturación de cero euros en 2019 a 53,1 millones en el año de la irrupción de la Covid. Y se redujo a dos millones de euros en el siguiente ejercicio.
Las 'otras' relaciones de entre Cueto y Aldama
Protagonistas de la trama, la relación entre Víctor Gonzalo de Aldama y el Grupo Cueto es anterior al enriquecimiento ilícito mediante los contratos de emergencia de la Covid.
La colaboración, según la querella, "no es puntual, han tenido proyectos en común en el pasado", como la sociedad Businesscity. También cooperaron en Telefarmacia App y el negocio de las pizarras utilizando las sociedades Brama Capital, Pizarras Santa Bárbara y Comercializador Pizarras Santa Bárbara.
Brama y Pizarras son adquiridas por Soluciones de Gestión y Aldama adquiere parte de su titularidad. De hecho, parte de los fondos públicos investigados fueron invertidos en la puesta en marcha del "negocio de las pizarras".
Todas esas adjudicaciones llegaron gracias a Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Él mantenía contacto con Víctor de Aldama tras haberse conocido "en un contexto laboral desde diciembre de 2018".
Fue él, por tanto, quien se ocupó de captarlo para la supuesta trama, ya que —además— le pidió "en una ocasión" que le "agilizara trámites con Transportes en el contexto de la contratación en pandemia".
Koldo García, este jueves, a su salida de la Audiencia Nacional, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.
A partir de ahí se desarrolla una relación de confianza entre Koldo, De Aldama y Cueto que "iba más allá de los contratos" y que se fue fraguando con el paso de los meses.
Así que en este contexto, Koldo García Izaguirre fue quien "facilitó" a Soluciones de Gestión "información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata".
Una información de la que disponía al ser "cargo público del MITMA" desde el 13 de junio de 2018 al 11 de julio de 2021. Además de asesor del Ministerio, era consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado.
De hecho, Puertos del Estado fue la primera que concedió a la trama un contrato valorado en 20 millones de euros. A partir de ahí, ADIF y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Mitma le otorgaron sendos contratos.
Los cargos públicos
Además de Koldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos (que figura como asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad desde junio de 2018 a julio de 2021), la querella recoge los nombres de varios cargos públicos que colaboraron con la trama.
Koldo García se reunió con Jesús Manuel Gómez García, subsecretario del Ministerio de Ábalos, y con Vicente Calzado Tellez, director general de Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa).
A ellos se suma Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil destinado a la Seguridad de Nuevos Ministerios. Los nombres que no aparecen en la querella son los de los funcionarios de Puertos del Estado y de ADIF que participaron en la tramitación de sus correspondientes contratos.
Además, la trama fue adjudicataria de una serie de contratos del Servicio Canario de Salud, del Servicio de Salud de Baleares y del Ministerio del Interior.
Todo ello gracias a los contactos de Koldo en Adif, pero también gracias a la colaboración de Vicente Calzado, presidente de la sociedad pública Enajenación de Materiales Ferroviarios SA (Emfesa); Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, y dos altos funcionarios del Ministerio de Transportes.
Una influencia que permitió a la trama obtener un beneficio de 16,7 millones de euros, tal y como explica la querella a la que ha tenido acceso este diario.
Un dinero que, posteriormente, fue repartido a través de un complejo entramado societario propiedad de Cueto y De Aldama, que también se ocuparon de hacer los pagos al propio Koldo. De hecho, los cerebros se habrían repartido 9,6 millones y 5,5 millones de euros, respectivamente.
Cosas de familia
La familia de Koldo García tuvo una participación activa en tratar de ocultar las ganancias del exasesor ministerial, que se destinaron, entre otras cuestiones, a aportaciones a hipotecas y préstamos y a la compra de inmuebles.
Su pareja, Patricia Uriz Iriarte, figura entre los detenidos por la trama como participante activa. También se menciona en la querella a la hija menor de edad de ambos, a la que también se le ingresarían fondos obtenidos ilícitamente.
Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, participó de estas ganancias y fue un importante partícipe de la trama. Tanto que ha sido uno de los detenidos por la Guardia Civil.
También la exmujer de Joseba García, Ana María Rodríguez, y la hija de ambos son mencionados en la querella, debido al incremento de sus ingresos mientras duró la trama.
Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, el exasesor de José Luis Ábalos logró aumentar su patrimonio en 1,5 millones que camufló en pisos a nombre de su hija menor y otros familiares.
La querella de Anticorrupción detalla también cómo se fue repartiendo el dinero a través de distintas sociedades. En primer lugar, a través de la compra de un negocio de pizarras (Comercializadora Pizarras Santa Bárbara) junto a unos terrenos ubicados en el Barco de Valdeorras, en Orense, donde se desarrolla la actividad de la compañía.
Un negocio en el que la querella también se vincula a José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes y que también mantuvo diversos encuentros con Koldo García y sus socios en la trama.
De hecho, el agente llegó a utilizar un vehículo "titulado por una de las mercantiles vinculadas al Grupo Cueto".
José Luis Ábalos y Koldo García EFE
De hecho, la querella de la fiscalía otorga "máxima importancia" a la relación personal entre Koldo García y José Luis Rodríguez pues "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos con una de las sociedades en las que se han invertido parte de los beneficios".
Otra parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión gracias al exasesor de José Luis Ábalos fueron transferidas a Suro Capital Brasil Paricipacoes con el "objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero". Se trata de una sociedad vinculada al Grupo Cueto.
También la sociedad MTM 180 Capital, de la que es titular Víctor de Aldama y que recibió fondos de la empresa que llevó a cabo los contratos, realiza una transferencia de 1,6 millones de euros que habría sido destinada a la sociedad Stronghold Credit, que cuenta con una matriz en Luxemburgo, Stronghold Topco.
Por último, la querella de la fiscalía detalla cómo Deluxe Fortune, sociedad controlada por Aldama, ingresó 100.000 euros en una cuenta de una sociedad de Rogelio Pujalte, a quien se vincula con Koldo García gracias a una conversación telefónica interceptada por los investigadores.
La trama en Angola
El cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto, está actualmente imputado por el caso Defex - Angola. Cueto también es considerado el líder de esta red, por la que se le acusa de venta irregular de armas a fuerzas de seguridad del país africano. Defex era una compañía semipública que hizo una unión temporal de empresas (UTE) con Comercial Cueto 92 SL para los contratos firmados con la Policía Nacional de Angola.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acusó a Juan Carlos Cueto junto a otras 26 personas más y a las sociedades Defex, Comercial Cueto 92 SL y Global Reach SA de los delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal.
[Qué sabemos y qué no sobre el caso de Koldo García, el asesor de Ábalos que ha sido detenido]
Tras las investigaciones, el magistrado señaló que la distribución que hizo la UTE fue la siguiente: un 33% para la adquisición y suministro del material, un 33% para Cueto y Defex y un 33% fue transferido para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron.
El importe total de los contratos firmados con Angola ascendió a 152 millones de euros y se aplicaron "brutales sobreprecios" para enriquecerse ilícitamente y para realizar pagos de comisiones ilegales a autoridades y funcionarios del país africano. Beatriz García Paesa, sobrina del espía español Francisco Paesa, fue la encargada de facilitar la estructura societaria para ocultar el dinero.
Juan Carlos Cueto Martín, según detalla el escrito de Anticorrupción en la trama de las mascarillas, "dejó de figurar en los órganos sociales de las mercantiles de este grupo a partir de la investigación policial [denominada] Trajano" por la venta de armas a Angola. Sin embargo, siguió dirigiendo las empresas del grupo en la sombra desde el puesto de gerente.
