Investigados en 'Tsunami' llevan al TS su tesis de que la instrucción es nula y debe excluir a Puigdemont

Otra de las consecuencias que se derivan de esta teoría es la exclusión de Carles Puigdemont del caso. El pasado 6 de noviembre, García-Castellón imputó por un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, debido a que le considera organizador de los disturbios violentos convocados por la plataforma independentista que da nombre al caso. Poco después, el magistrado envió dicha causa judicial al Tribunal Supremo, ya que Puigdemont es actualmente eurodiputado y, por lo tanto, está aforado.

Otro de los investigados, Rubén Wagensberg, es miembro del Parlament de Cataluña. Por ello, el TS debe ahora decidir si asume o no esta causa. Y en un escrito conjunto, los investigados Marta Rovira, Marta Molina, Oriol Soler, Oleguer Serra, Xavier Vendrell y Josep Lluís Alay piden al Supremo que declare "la finalización del plazo de instrucción desde el 29 de julio de 2021". Y, con ello, que Puigdemont se libre definitivamente de esta causa judicial.

¿Expiró la instrucción?

En realidad, esta tesis no es nueva. Ya se la planteó a García-Castellón el abogado Gonzalo Boye —quien defiende, conjuntamente, a Alay y al expresident catalán— y el juez rechazó todos sus argumentos.

"No hubo tal expiración del plazo de instrucción", señaló el magistrado en un auto fechado el pasado 29 de enero. No obstante, aún debe pronunciarse al respecto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al juez.

Fachada del Tribunal Supremo Eduardo Parra Europa Press

Ahora bien, las defensas de Alay, Molina, Rovira, Vendrell, Soler y Serra pretenden que el Supremo disponga que la investigación judicial debe darse por finalizada "y, en consecuencia, declare la falta de competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento, con respecto a las dos personas aforadas". Todo ello, "con carácter previo" a que el Supremo resuelva sobre si asume o no el caso Tsunami Democràtic.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito conjunto, que sostiene que, "para que las diligencias de investigación acordadas con posterioridad al 29 de julio de 2021 fueran válidas sería necesario que el juez [García-Castellón] hubiera oído a las partes antes de esa fecha y hubiera acordado la prórroga de la instrucción antes de llegar ese día. Nada de ello sucedió en el presente caso", resume el documento.

Entre esas diligencias que los investigados consideran inválidas se encuentra, efectivamente, la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros, que fueron citados a declarar a través de una resolución fechada el pasado 6 de noviembre.

Además, recientemente, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se opuso a que el TS investigue por terrorismo a Puigdemont. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca del fiscal Miguel Ángel Carballo, también se opone a la imputación del político. De hecho, recurrió aquel auto del 6 de noviembre para tratar de que la Sala de lo Penal corrija al juez García-Castellón.

Quienes sí pretenden que el Supremo investigue a Puigdemont son once de los quince miembros de la Junta de Fiscales del TS, que ven indicios suficientes contra el expresident.