Así usan los separatistas la "España de las cloacas" para tapar su corrupción y justificar la amnistía

Pero los discursos encendidos de los representantes del separatismo catalán recuerdan cada vez más a los tiempos del procés por su beligerancia y agresividad. Con un nuevo argumento: la apelación a las cloacas del Estado para justificar la amnistía y tapar décadas de corrupción.

Al anunciar su intención de ser candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont sostuvo el pasado 21 de marzo que la ley de amnistía es el reconocimiento de que el Estado español ha perseguido y reprimido injustamente a los independentistas.

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Un argumento similar al que la diputada de ERC Pilar Vallugera empleó durante el debate de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados: "El Estado español", señaló, "se fundamenta en criterios no democráticos que sonrojarían a cualquier Estado que hablara de separación de poderes (...) Este conflicto político hace centenares de años que dura, y por mucho que nos hayan reprimido de todas las formas posibles e imaginables, nunca nos han vencido. Estamos aquí y seguiremos estando aquí. Nos han espiado, nos han metido en la cárcel, nos han impuesto multas, pero aquí seguimos y no nos vamos a mover".

Junts y ERC pretenden utilizar la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña, creada en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE, para sostener que el procesamiento de políticos independentistas, como la familia Pujol, por casos de corrupción ha sido en realidad un complot del Estado. 

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Sin embargo, la realidad demuestra que la ejemplaridad de los nacionalistas es una fábula. Caso Palau. Caso Pujol. Caso ITV. Caso Estevill. Caso Pretòria-Prenafeta... Frente a la Cataluña pura y democrática y la España corrupta y represora del imaginario independentista, está la realidad de la Cataluña del 3% y del niño de Canet. Es decir, la que malversa el dinero público e incumple las leyes. Baste recordar que la trama rusa del procés que lleva hasta Vladímir Putin se destapa por una investigación judicial sobre el desvío irregular de fondos a entidades independentistas.  

Mucho antes que el procés, políticos y empresarios han protagonizado sonados escándalos, siempre con el nacionalismo al frente del gobierno de la Generalitat y dirigiendo las principales instituciones de la comunidad autónoma. La corrupción también ha hablado catalán en la intimidad.

Décadas de corrupción

Un interesante análisis publicado en la Revista Catalana de Derecho Público en 2020 remonta la corrupción moderna en Cataluña más de un siglo atrás. Los investigadores Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Borja de Riquer y Permanyer apuntan, como una de las posibles causas, la influencia de la burguesía local, que tan bien representó durante décadas CiU, el precedente de Junts.

Un ejemplo: tal y como detallan los autores, la edificación de la Vía Laietana, a principios del siglo XX, fue una "magna operación especulativa" organizada y dirigida exclusivamente por el Banco Hispano Colonial, que presidía el segundo marqués de Comillas, Claudio López Moreno.

"Y en esa magna operación contó con la complicidad descarada de un consistorio barcelonés, gestionado entonces por concejales de la Lliga Regionalista, lerrouxistas y monárquicos. Aquello enriqueció a un buen puñado de espabilados —políticos y no políticos— y, a pesar de las muchas denuncias públicas presentadas, fracasaron todos los distintos intentos por aclarar las cuentas de aquella enorme operación especulativa", señala el artículo.

Y, año tras año, hemos llegado a 2024 con sonados casos de corrupción que siguen investigándose o están pendientes de juicio, como sucede con el procedimiento contra la familia Pujol, el clan encabezado por el poderoso y molt honorable president Jordi Pujol i Soley, cúspide de una élite catalanista con engrasadísimas conexiones con los núcleos de poder.

El 'caso Pujol'

El expresidente de la Generalitat ha sido investigado por el juez Santiago Pedraz por los supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, alzamiento de bienes y hasta siete delitos de fraude fiscal.

El Ministerio Público acusa a Pujol y a sus hijos de aprovechar su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas" para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

El primer instructor del caso, el juez José De la Mata, dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la presidencia de la Generalitat de Cataluña que desempeñó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" de dinero.

La defensa de la familia asegura que todo este patrimonio proviene de la herencia familiar del abuelo del clan, Florensi Pujol.

El 'caso ITV'

En el llamado caso ITV, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del clan, aceptó la pena de dos años y cinco meses de cárcel tras reconocer haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles. Entre ellas, la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña.

El llamado caso Palau es un buen ejemplo de esa corrupción en la que se entremezclan tejemanejes políticos y chanchullos empresariales en el marco de una institución cultural de gran solera en Cataluña.

El 'caso Palau'

El pasado 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena de nueve años y ocho meses de cárcel, más una multa de 4,1 millones de euros, a quien fuese el máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet. También, la de siete años medio para el exresponsable de la entidad, Jordi Montul, más una multa de 2,9 millones de euros. Ambos, además, deben devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació), cuyos fondos desviaron en provecho propio.

Según dio por probado la sentencia, el saqueo de la entidad incluyó el abono de los "ostentosos" gastos de bodas de las hijas de Millet (más de 160.000 euros) hasta varias reformas en viviendas particulares.

Además, el Supremo confirmó la condena a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido fundado, por Jordi Pujol. No obstante, rebajó ligeramente la de su extesorero, Daniel Osàcar. Sin embargo, la formación catalanista tuvo que abonar 6,6 millones de euros por las comisiones que recibió de la sociedad Ferrovial-Agroman a cambio de que ésta obtuviese licitaciones públicas en toda Cataluña, encargadas por entidades autonómicas o locales conformadas por miembros de CDC.

Por ello, la compañía pagaba un porcentaje (de en torno al 4%) del total de la obra. Millet y Montul percibían por su intervención entre el 1,5% y el 2,5% y el resto lo hacían llegar a Convergencia. Estas comisiones pagadas por Ferrovial se camuflaban en patrocinios de las actividades del Palau.

El 'caso Pallerols'

La financiación ilegal de partidos es uno de los leit motiv de la corrupción. También en Cataluña. En el caso Pallerols, el empresario andorrano Fidel Pallerols y dos excargos de la Unió Democrática de Cataluña (UDC) fueron condenados en 2013 por el desvío de subvenciones de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat para sufragar irregularmente a UDC.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Unió se benefició económicamente del delito, pero el partido desconocía el origen ilícito de esos fondos. Por ello, la formación democristiana fue condenada como partícipe a título lucrativo (misma figura por la que fue sentenciado, por ejemplo, el PP en el caso Gürtel).

El 'caso 3%'

Las comisiones son otra constante en la historia de la corrupción. Tanto es así que otra de las causas judiciales más célebres recibe el nombre, precisamente, del porcentaje de una mordida: el caso 3%.

Recibe su nombre de aquella mención que hizo, el 24 de febrero de 2005 en un Pleno del Parlamento de Cataluña, el entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, para defenderse de las críticas que recibía por el derrumbe causado por las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona.

"Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento", reprochó a Artur Mas, líder de Convergència i Unió, la confederación en la que se había adherido la antigua CDC. 

Aquel dardo de Maragall —del que luego se retractó por temor a una querella y a la inestabilidad política— hacía referencia al rumor de que CDC cobraba dicho 3% como comisión por la adjudicación de obras públicas. El caso fue archivado y reabierto en 2015 y se divide en varias piezas, que han sufrido distinta suerte.

Una de las últimas novedades del caso: a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Pedraz a reabrir una de estas ramas de la investigación, la relativa a varios cargos de Convergencia Democrática de Cataluña por la supuesta financiación irregular del partido mediante la técnica del pitufeo.

El 'caso Estevill'

También ha habido jueces corruptos en Cataluña. Por ejemplo, Luis Pascual Estevill, al que el Tribunal Supremo condenó en 2006 a nueve años de cárcel. Antes, aupado por Convergencia, había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El máximo órgano judicial español le impuso esta pena por los delitos de cohecho, prevaricación y de detención ilegal.

En la misma sentencia, el Supremo también confirmó la pena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había impuesto al abogado penalista Juan Piqué Vidal, en 2005, que fue juzgado junto a Estevill. Vidal, de hecho, defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, la entidad que acabó quebrada y de la que quien luego sería president había sido directivo.

Luis Pascual Estevill y este letrado, Juan Piqué Vidal, en palabras del Supremo, "urdieron" a finales de los años 90 un "plan" para extorsionar a empresarios, miembros de la burguesía catalana, a los que el juez investigaba y el abogado defendía. De hecho, la interpretación más generalizada es que Convergencia le aupó al CGPJ precisamente para que dejara de ser juez instructor en Barcelona, donde se había convertido en el azote de la burguesía catalana metiendo en prisión a empresarios sin causa legal o, según se acreditaría después, cobrándoles dinero por no encarcelarles.

Por ello, tanto Estevill como Piqué fueron condenados a abonar a partes iguales 663.005 euros en concepto de responsabilidad civil o daños morales a los nueve perjudicados. Tal y como avanzó Crónica Global, el exjuez Estevill falleció el pasado 2022, a los 89 años.

En el tardofranquismo, había intentado entrar en política y, ya en democracia, ser senador por el Centro Democrático y Social (CDS). Al no lograrlo, comenzó a ejercer la abogacía hasta que logró la plaza de juez en 1990.

Piqué Vidal y Estevill actuaron al alimón en otro de los casos más celebres de la historia judicial reciente en Cataluña. Lluís Prenafeta fue investigado judicialmente a principios de los 90, debido a que era consejero de Iberia de Seguros a la vez que desempeñaba el cargo de secretario general de Presidencia.

¿Quién era su abogado asesor? Piqué Vidal. ¿El juez que acabó archivando la causa? Estevill. Años más tarde, ya en 2017, meses antes del referéndum ilegal del 1-O, Prenafeta, hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol, acabó reconociendo varios delitos y pactando con la Fiscalía.

El 'caso Pretoria'

Prenafeta admitió, en el marco del caso Pretoria, que ocultó al fisco, entre 2000 y 2007, 14,9 millones de euros procedentes de comisiones ilegales. La Fiscalía le acusaba de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Casi nueve de esos millones fueron pagados por una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes, que es un paraíso fiscal. Finalmente, este hombre fuerte del pujolismo pactó con la fiscal Ana Cuenta una pena de dos años, la misma que aceptó el exconseller Macià Alavedra por esta misma causa judicial.

Paradójicamente, pese a la preocupación que causa en la ciudadanía y lo extendido del concepto en el debate público, la definición exacta de corrupción es difusa. En sus estadísticas anuales, el Consejo General del Poder Judicial ofrece datos sobre la denominada corrupción pública, "entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía". Es decir, la que implica, "como sujetos activos, a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos" y que afecta a los fondos públicos. El Código Penal recoge los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y blanqueo de capitales, que son los que el CGPJ considera en sus estadísticas sobre corrupción.

Malversación del 1-O

Y, claro está, la corrupción no ha sido ajena al procés. El mejor ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en 2019 a parte de los líderes del proceso independentista catalán. Carles Puigdemont no se sentó en el banquillo de los acusados, porque se había fugado de la Justicia y reside, desde entonces, en Bélgica.

El Supremo condenó a Oriol Junqueras (13 años de cárcel e inhabilitación), Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años de prisión e inhabilitación) por un delito de sedición "en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos, agravado por su cuantía".

El 'caso Borràs'

Otro ejemplo de corrupción en las altas esferas políticas catalanas es la condena a Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, el partido que encarna la enésima reconversión del espacio posconvergente.

Borràs fue recientemente condenada por el TSJC a cuatro años y medio de cárcel por haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando la presidía, para beneficiar a un amigo suyo.