Pedraz manda a la Sala el caso contra Obiang Jr. sin dudar de la imparcialidad de la Justicia guineana

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto fin a la instrucción del llamado caso Obiang, en el que ha investigado a Carmelo Ovono Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, por el secuestro de dos opositores políticos nacionalizados españoles.

Al tratarse de un sumario —la modalidad procedimental bajo la que se investigan, como en este caso, delitos tan graves como el de secuestro con finalidad terrorista—, el magistrado ha remitido la causa a la instancia superior, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este tribunal debe ahora archivarla o, por el contrario, ordenar su continuación.

En un auto, fechado este mismo lunes, Pedraz reproduce los mismos argumentos bajo los cuales abogó por ceder esta investigación a la Justicia ecuatoguineana, que aseguró que había abierto una investigación por el mismo suceso.

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"Este instructor no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de imparcialidad o sea meramente instrumental", insiste Pedraz, que considera, de nuevo, que estos delitos "no son perseguibles" en España y debe encargarse de ellos la antigua colonia. "En las presentes diligencias lo que se investiga son unos hechos muy concretos, NO AL RÉGIMEN GUINEANO ni a su Poder Judicial", añade.

No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, la misma Sala de lo Penal anuló la decisión del juez instructor de ceder el caso a Guinea. Antes, además, le había obligado a declarar la causa como sumario, lo que obliga a que sea el tribunal el que tenga la última palabra para archivarla o continuarla, decisión que deberá tomar a partir de ahora. 

La Sección Tercera también podrá revocar esta última decisión y obligar a Pedraz a seguir investigando los hechos.

'Caso Obiang'

El llamado caso Obiang versa sobre el supuesto secuestro y posteriores torturas a cuatro opositores políticos al régimen ecuatoguineano.

Dos de las víctimas tenían DNI español y habían servido en las Fuerzas Armadas. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último, hace ya más de un año, murió en extrañas circunstancias en la cárcel guineana en la que estaba preso, después de que Pedraz autorizase a Ovono a viajar desde España a su país, ya que sólo le notificó la querella contra él.

Pese a la identidad de los investigados y de las alertas de oenegés internacionales sobre la escasa limpieza institucional en Guinea, el pasado enero, Pedraz insistió en ceder a dicho país esta investigación. En aquella resolución, aseguró que no tenía por qué dudar de la calidad de la Justicia ecuatoguineana, argumentos que repite ahora.

El juez Santiago Pedraz en una imagen de archivo. Europa Press

Los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.

Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.

Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial incluido en el sumario de la causa señala que el jet oficial del presidente del país fue utilizado para llevarles a Guinea.

Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. En una resolución reciente, además, la Sala obligó a Pedraz a ordenar la detención internacional de los tres imputados.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, todos ellos ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.

Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían los cuatro activistas que habrían sido secuestrados. El MLGE3R considera que la muerte de Julio Obama se trató de una "represalia".

Represión fuera de Guinea

Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia española desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.

Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.

En sus informes, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.

El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.

Guinea no colabora

El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.

Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".

Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.

Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".

"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.