El juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar, por videoconferencia y desde Barcelona, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Pero no sólo a ella. También, al resto de investigados en esta causa que aún siguen en manos de la Audiencia Nacional: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Oleguer Serra Boixaderas y Josep Lluís Alay. Serán interrogados todos ellos el próximo 22 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. García-Castellón atribuye a todos ellos un supuesto delito de terrorismo.
Asimismo, el magistrado investiga si la Generalitat de Cataluña no vetó, pese a deber hacerlo, un acto de la plataforma independentista Tsunami Democràtic el 9 de mayo de 2019, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales del 10-N. Es decir, en la fecha final de la campaña, en la que están prohibidas las manifestaciones electoralistas.
A juicio de García-Castellón, de ser así, estos hechos podrían constituir "una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral" por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento por no haber impedido su celebración.
En un auto fechado este lunes, el magistrado repasa los acontecimientos registrados durante aquel 9 de noviembre. Y señala que toda esta secuencia "permite evidenciar el conocimiento que tuvo el Gobierno autonómico de los actos convocados por Tsunami" para la jornada de reflexión.
Carles Puigdemont, este lunes, en Francia.
Para ello, García-Castellón ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de varios informes sobre si el Departamento de Interior catalán recibió alguna petición de la plataforma independentista para recibir la autorización a estos actos. Entre otras actividades, se produjeron batucadas y bailes.
El juez también ha solicitado al Instituto Armado que detalle si "durante la jornada de reflexión se efectuaron proclamas, discursos o cualquier otro acto de naturaleza política en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona". Asimismo, la Benemérita deberá confirmar al juez si el Departamento de Interior de la Generalitat "informó al Consejo de Gobierno sobre los requerimientos recabados por parte de la Junta Electoral Provincial de Tarragona y si consta en las actas del Consell de Govern de la Generalitat que se tratara cualquier cuestión relativa a las convocatorias previstas por Tsunami Democràtic para el 9 de noviembre de 2019 y la denuncia de las mismas por parte de la Junta Electoral Central".
El rol del Govern
Otra de las encomiendas del juez a la Guardia Civil es la elaboración de un informe acerca de si los Mossos d'Esquadra recibieron alguna instrucción de no actuar contra los actos convocados por la plataforma independentista.
En el llamado caso Tsunami Democràtic, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular García-Castellón, investiga las acciones violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre a la causa.
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Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Marta Rovira era una de las principales voces que se encontraba detrás de Tsunami, que convocó en 2019 concentraciones en protesta contra la condena de los líderes del procés. Aquellos actos desembocaron en graves altercados, en los que fueron heridos de gravedad varios agentes.
Otro de los actos que investiga la Audiencia Nacional es el asalto al Aeropueto de El Prat, en Barcelona, que fue tomado por miles de radicales independentistas.
Puigdemont
Otro de los imputados en el caso Tsunami es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña hasta la convocatoria del referéndum ilegal de 2017 (hechos que dieron lugar a la condena, por parte del Supremo, de los líderes del procés). No obstante, es el Alto Tribunal el que asumió la investigación en su contra, ya que está aforado, al ser miembro del Parlamento Europeo. El historiador Josep Lluís Alay, uno de los citados por García-Castellón para el próximo día 22, es el jefe de gabinete de Puigdemont.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha emitido una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades de Italia, a fin de que localicen a Nicola Flavio Giulio Foglia y pueda ser también citado a declarar.
Se trata del banquero que aparece señalado en un informe de la UCO por, supuestamente, haber contribuido a la financiación de los disturbios violentos organizados por Tsunami Democràtic. "Con carácter previo a la emisión de la OEI, reitérese al grupo policial investigador la averiguación de domicilio y paradero interesada respecto del citado investigado", matiza el juez.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca de Miguel Ángel Carballo, quien se ha enfrentado duramente al juez García-Castellón, descarta que los hechos investigados puedan ser considerados como un delito de terrorismo. De hecho, el fiscal pretende que la causa sea derivada a un juzgado ordinario de Barcelona.
Asimismo, el llamado caso Tsunami Democràtic podría verse afectado por la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, redactada ad hoc para la situación procesal de Carles Puigdemont.