El juez del 'caso Koldo' investiga nuevos contratos amañados de Transportes con constructoras

Un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado a mitad de mayo, incluye nuevos indicios sobre la relación que mantenía el principal asesor de José Luis Ábalos en el MITMA, Koldo García Izaguirre, con otros empresarios.

En esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones a través de contratos destinados a la compra de material sanitario y adjudicados al inicio de la pandemia de la Covid a la empresa Soluciones de Gestión, tanto por Transportes como por otras Administraciones públicas.

No obstante, el citado informe de la UCO refiere a contratos ajenos a la compra de mascarillas. El caso Koldo se amplifica así a más adjudicaciones dadas por el Ministerio de Transportes y por sus sociedades dependientes a otros empresarios con los que el exasesor de Ábalos mantuvo una estrecha relación durante los últimos años. 

Por tanto, las pesquisas de la UCO, según cuentan fuentes del caso a este medio, no se centran ya sólo en las adjudicaciones de más de 53 millones de euros que recibió Soluciones de Gestión por la compraventa de mascarillas, sino que afectan también en contratos de obras públicas.

EL ESPAÑOL publicó el pasado mes de marzo que un constructor que se reunió con Koldo en la marisquería La Chalana recibió 125 millones del ministerio de Ábalos. La gran mayoría de los contratos a José Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción SL y Lopera Activa SL, fueron adjudicados por la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era Javier Herrero.

El exasesor de Ábalos mantiene que no ha cobrado jamás de una empresa por intermediar en una licitación, aunque ha ayudado a cualquier compañía española que lo haya necesitado porque era su labor y que decenas de firmas han requerido su cooperación en algún momento de forma desinteresada.

Precisamente, tal y como publicó este periódico, este último informe de la UCO señala que Koldo García Izaguirre se reunió con el actual presidente de Adif, Ángel Contreras, para influir en nombre de una empresa en una adjudicación financiada con fondos de la Unión Europea. 

La compañía en cuestión es Obras Públicas y Regadíos SA. Koldo se reunió con el administrador de esa firma, Daniel Fernández Menéndez, en febrero de este mismo año, cuando ya sabía que le estaban investigando. 

Según la UCO, Fernández Menéndez habría recurrido a Koldo para que ejerciera su influencia con Adif en una licitación de emergencia para las obras del AVE en el tramo entre Monforte de Lemos y Lugo, ya que un corrimiento de tierras obligaba a licitar una obra de emergencia por valor de 1,5 millones de euros.

Daniel Fernández hace referencia al presidente de Adif también en un mensaje que destaca la UCO en su informe: "Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes...".

Koldo García recurrió también a Antonio Fernández, hermano del empresario, para comunicarse con el jefe de Obras Públicas y Regadíos SA. Por este motivo, la Guardia Civil ha requisado también el móvil de Antonio ante la posibilidad de que contenga "indicios relevantes" para las pesquisas que dirige la Fiscalía Anticorrupción.

En el momento en que se encuentran las diligencias, y dado el volumen de dispositivos informáticos cuyo contenido está pendiente de clonar, extraer y analizar, la UCO ha pedido apoyo técnico a la Europol. Los investigadores buscan la colaboración policial que les permita agilizar las tareas, autorizadas bajo mandato judicial.

En una resolución fechada este mismo lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Ismael Moreno solicita a la Fiscalía que le dé su opinión sobre si se debe autorizar a la Guardia Civil a analizar el contenido del móvil.