El TC se dispone a avalar la ley de vivienda: el Estado puede imponer reglas básicas a las autonomías

La ley, que estuvo un año en dique seco en el Congreso por las dificultades para pactarla, dividió al sector nacionalista: ERC y Bildu la apoyaron, mientras que PNV y Junts la rechazaron por considerar que invade competencias autonómicas.

Ese fue también, en esencia, el argumento del recurso interpuesto por el Gobierno de Andalucía, sobre el que tiene previsto pronunciarse el Tribunal Constitucional.

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La ponencia que presenta la magistrada María Luisa Segoviano reduce a tres los preceptos inconstitucionales por "exceso competencial" del Estado.

Pero, más allá de esas limitadas tachas, la ponencia afirma, por primera vez, que el Estado puede proyectar sobre el derecho a una vivienda "digna y adecuada" (artículo 47 de la Constitución) las competencias exclusivas que le reserva el artículo 149.1.1 en orden a regular "las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

La ponencia recuerda que la Constitución habilita a las comunidades autónomas para asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (artículo 148.1.3) y así lo han hecho con carácter exclusivo, de acuerdo con sus estatutos de autonomía.

Pero ello no significa que esa competencia "exclusiva" no pueda verse limitada por las competencias del Estado, señala la ponencia, conocida por EL ESPAÑOL.

Aunque el artículo 149.1.1 ha de ser objeto de un "uso prudente", dice, para evitar una alteración del sistema competencial, ese precepto "permite al Estado establecer las condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad" en materia de vivienda, aunque su regulación "no puede suponer una normación completa y acabada del derecho".

Condiciones básicas

La ley impugnada tiene la finalidad de "establecer la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la vivienda", subraya.

"Esto no supone, en contra de lo que sostiene el recurrente, que la regulación estatal esté agotando el contenido del derecho a la vivienda", ya que establece "el mínimo común" y "no se excluye, impide o limita la regulación que, respetando esas condiciones básicas, puedan establecer -o hayan establecido ya- las comunidades autónomas para cumplir con el mandato que también a ellas dirige la Norma Fundamental.

La ponencia propone avalar, así, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado y las prórrogas forzosas de contratos de alquiler y el tope en el precio de los arrendamientos en determinadas circunstancias (situaciones de vulnerabilidad social y económica o en zonas tensionadas).

También plantea respaldar el régimen de los grandes tenedores (persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial), figura que califica de "vital" para la aplicación de la ley.

Sin esa figura "no pueden comprenderse determinadas obligaciones que se imponen en razón de la función social a ciertos propietarios de viviendas, ni las medidas que se establecen en relación con las notificaciones de lanzamiento, la admisibilidad de acciones de recuperación posesoria, la subasta de bienes o las limitaciones extraordinarias de actualización de la renta de ciertos contratos de arrendamiento. Ninguna de estas medidas ha sido impugnada", señala.

Tres preceptos

La ponencia solo considera inconstitucional el artículo 16, que regula la vivienda protegida "con un detalle impropio del ejercicio de títulos competenciales transversales".

Ese precepto determina la finalidad exclusiva de la vivienda protegida, los requisitos de las personas adjudicatarias, el carácter permanente de la protección de la vivienda cuando se promueva sobre determinado tipo de suelo y no inferior a 30 años en el resto de los supuestos, o las condiciones en que podrá autorizarse la venta o alquiler de la casa.

"Son disposiciones inconstitucionales porque, pese a la atribución competencial formal, en realidad establecen un régimen llamado a aplicarse de forma supletoria, determinando el precepto cómo han de relacionarse el ordenamiento estatal y los autonómicos", explica la ponencia.

La inconstitucionalidad del artículo 16 arrastra también la de la disposición transitoria primera, referida a las viviendas que tuvieran algún tipo de protección pública a la entrada en vigor de la ley.

También se propone declarar la inconstitucionalidad del artículo 19.3 y del tercer párrafo del artículo 27.1.

El primero regula la información que los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de dar a las Administraciones públicas competentes.

La ponencia sostiene que corresponde a la comunidad autónoma decidir si desea intensificar las obligaciones de información de los grandes propietarios.

El segundo se refiere a los parques públicos de viviendas. Se considera que incurre en un exceso competecial al vincular determinados tipos de vivienda de titularidad autonómica o local (dotacional, social o protegida) a la finalidad para la que crea la categoría de los parques.