El TSJM cita a la fiscal jefa de Madrid por la querella del novio de Ayuso antes de elevar el caso al TS

Este último es el firmante de la denuncia que el Ministerio Público interpuso el pasado marzo contra el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A ambos se les atribuyen presuntos delitos contra la intimidad y de revelación de secretos por la difusión en los medios de comunicación de datos relativos a la investigación tributaria abierta a González Amador, información que los fiscales querellados conocieron por razón de sus cargos.

Las diligencias realizadas por Goyena no permiten sostener la condición de investigado de Salto, según coinciden todas las fuentes jurídicas consultadas.

La situación de Pilar Rodríguez es más comprometida porque hay indicios de su participación en la redacción de la nota informativa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía que dirige. Con ese comunicado se buscaba salir al paso de informaciones falsas de algunos medios, según los cuales la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio. 

La realidad era que el pacto había sido ofrecido por el abogado de González Amador en un correo electrónico enviado a la Fiscalía en el que se asumía que el empresario había cometido dos delitos fiscales.

Comienzo de la 'Nota informativa' de la Fiscalía Provincial de Madrid, objeto de la querella de Alberto González Amador./ E.E.

Las partes del proceso consideran que la citación de los dos querellados pueden ser las diligencias finales que quiere llevar a cabo el instructor antes de elevar el caso a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Una exposición razonada que no incluyera la diligencia básica de oír a los querellados podría ser objetada por el Tribunal Supremo. Pero pocos dudan de que el horizonte procesal del caso está en la Sala Penal, con la mirada puesta en el fiscal general, Álvaro García Ortiz, aforado ante el alto tribunal.

El pasado día 10, el máximo responsable de la Fiscalía dirigió un escrito a Goyena poniendo de manifiesto que, a su juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "carece de competencia" para investigar los delitos objeto de la querella de González Amador.

García Ortiz recordaba que ya en un acto institucional celebrado el pasado 15 de abril asumió en primera persona la responsabilidad de la difusión de la nota por la que están siendo investigados sus subordinados.

Esa declaración, "que se dirigía a zanjar especulaciones sobre mi notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa".

El escrito insistía en la irrelevancia penal de los hechos: "Recibir libremente información veraz constituye un derecho fundamental", señala, y la nota de prensa objeto de la querella fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal".

"Ningún secreto se desvela cuando las informaciones difundidas en una nota de prensa habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación", subrayaba.

García Ortiz sostenía que "cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general no puedo consentir ni tolerar".

Reiteraba, por ello que la nota de prensa "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", es decir, es «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado", tal como preguntó Goyena en las primeras diligencias de investigación que acordó.

"Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal", explicaba.

"Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos —no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por el fiscal [Julián Santo]— habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación".