La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado "la inmediata puesta en libertad" para quien fuera director del Instituto de Fomento Andaluz (IFA), Miguel Ángel Serrano, el primer beneficiado por la anulación de la malversación del caso ERE por parte del Tribunal Constitucional.
Tras un año y medio justo en la cárcel -ingresó el 2 de enero de 2023-, Serrano podrá abandonar la prisión Sevilla I en esta misma jornada tras comunicarle hoy mismo el TC por correo a la Audiencia que ha declarado la nulidad de la sentencia que lo condenó.
De este modo, ya se ha librado mandamiento dirigido a la prisión donde se encuentra interno para que proceda a su inmediata puesta en libertad, según reza en una providencia, consultada por este periódico.
Serrano fue condenado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a seis años y medio de cárcel y a 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
En sus respectivos fallos, tanto la Audiencia como el Supremo consideraron que Serrano firmó convenios particulares con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, núcleo de las actuaciones enjuiciadas, para "el pago de ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas en crisis carentes de publicidad y fiscalización".
Las mismas iban con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del programa 3.1 L, la llamada fondo de reptiles, de las respectivas leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE.
Pero según el Constitucional, en una sentencia emitida por siete votos frente a cuatro en contra, no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andalucía 2002-2009, aprobadas por el Parlamento.
La exoneración de Serrano anticipa la de los exconsejeros condenados también por malversación y la del expresidente andaluz José Antonio Griñán, cuyo recurso se verá el próximo 16 de julio.
El fallo influirá en las demás piezas
Su letrado, Juan Carlos Alférez, ha mostrado su satisfacción tras el fallo del TC. A su juicio, determina que lo que se consideraba como actos de malversación de la totalidad de la partida presupuestaria "quede reducido a una práctica minoría".
El letrado ha valorado que en el mismo se elimina por completo la malversación global a la que fueron condenados, a excepción de aquellos actos que verdaderamente constituyan "una desviación clara de la finalidad para la que el legislador creó la partida". Esta circunstancia afectará al devenir de las piezas por enjuiciar. En total, quedan 134 por resolver.
Alférez sostiene que la malversación verdaderamente producida será la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qué ayudas concretas se concedieron apartadas de la finalidad del programa y cuáles se ajustaron al mismo.
"Me atrevo a opinar que serán la minoría, pues la mayoría fue a parar a los más de 6.000 prejubilados que a día hoy siguen cobrando su prejubilación", señala el abogado.
A su juicio, ha existido "un enorme desconocimiento" en la opinión pública sobre qué se enjuició en concreto en el llamado procedimiento específico, lo que lleva "al error de sostener que se haya producido una malversación de 700 millones de euros".