La Fiscalía pide que el novio de Ayuso y su abogado declaren por la filtración de sus correos

Montero, que representa al Ministerio Público en el proceso abierto contra Salto y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la querella por revelación de secretos promovida por la pareja de Díaz Ayuso, ha propuesto esas diligencias para el caso de que Goyena no archive la causa.

El fiscal sostiene que, una vez que han declarado los querellados y varios testigos y se han practicado diligencias documentales, no hay ningún indicio de que ni Rodríguez ni Salto interviniesen en la filtración a distintos medios de los correos en los que Neira, en nombre de González Amador, proponía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad. En ese correo, el defensor admitía que su cliente había cometido "ciertamente" dos delitos fiscales.

Ante la inexistencia de indicio alguno contra los dos fiscales querellados, Montero pide el archivo provisional de la causa contra ellos y también el archivo definitivo de las diligencias en lo relativo a la nota informativa que la Fiscalía difundió el pasado 14 de marzo para salir la paso de informaciones falsas difundidas por algunos medios.

No obstante, el fiscal indica que si el magistrado instructor considera que aún restan diligencias de investigación y no accede a archivar el procedimiento, considera necesario que González Amador y su abogado declaren para que indiquen "a qué personas se dio acceso y/o dispusieron de copia del soporte de las comunicaciones mantenidas (correos electrónicos recibidos y enviados) entre Neira y el fiscal Salto".

Filtraciones "para confundir"

La primera noticia sobre los correos intercambiados entre el defensor de González Amador y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales apareció en El Mundo a las 21.29 horas del 13 de marzo, asegurando -falsamente- que Salto había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.

Minutos después otros medios se hicieron eco de esa publicación, añadiendo que la oferta de pacto había sido retirada "por orden de arriba". Estos medios citaban a "fuentes próximas a la defensa" como origen de las informaciones.

"Sin embargo", destaca Montero, "la realidad es que ese ofrecimiento
de conformidad surgió única y exclusivamente a iniciativa del letrado del sr. González Amador en el correo que se remitió a la dirección genérica electrónica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial el día 2 de febrero de 2014".

"Todo indica que esas filtraciones se han producido de forma interesada para crear un clima de confusión y desinformación, ignoramos con qué finalidad, pero que, en cualquier caso, no es propia del Ministerio Fiscal. No es la forma de actuar de una institución constitucional", añade el representante del Ministerio Público.

Montero subraya que la fiscal jefe de Madrid no pudo filtrar los correos porque Salto no se los remitió tanto a ella como a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, hasta después de la aparición de las mencionadas noticias falsas.

"Sorprende que, ante los mismos inexistentes indicios de filtración de los correos electrónicos por parte de miembros del Ministerio Fiscal, la fiscal jefa provincial de Madrid haya declarado como investigada y la fiscal superior de Madrid como testigo", señala.

Pero lo relevante es que, a su parecer, "a la vista del contenido de las primeras informaciones publicadas por medios como El Mundo o Libertad Digital, parece razonable pensar que la revelación del correo electrónico pudiera haber provenido del entorno de Alberto González".

"Parece poco razonable que integrantes del Ministerio Fiscal difundieran datos falsos en perjuicio de la propia institución", subraya.

"Infundios"

"A partir de una serie de noticias de prensa basadas en el conocimiento de varios correos electrónicos, se traslada a la opinión pública unas noticias falsas o bulos en los que aparece el Ministerio Fiscal como el oferente inicial de una conformidad penal por dos delitos fiscales a la defensa de González Amador, que después es
retirada por 'orden de arriba'", recuerda Montero.

"De esas noticias alejadas totalmente de la realidad, de su notoria falsedad, del traslado de una imagen muy negativa del Ministerio Fiscal, en que se ponía en duda la profesionalidad, imparcialidad y honorabilidad de varios integrantes de la Fiscalía española tanto por miembros de las instituciones públicas madrileñas como por varios medios de comunicación social, surge como consecuencia directa la necesidad de desmentirlas mediante información legítima, auténtica y veraz, y fruto de esa conveniencia se decide la redacción y distribución de una nota de prensa el día 14 de marzo", sostiene el fiscal.

A su juicio, la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que la querella ve revelación de secretos "se limitaba
a ejercer su deber de informar a la opinión pública con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento".

"Se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo y Libertad Digital, así como por el jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez.

El fiscal sostiene que esa nota informativa "no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de
carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial que en ese momento aún no había sido incoado".

En todo caso, ni Rodríguez ni Salto intervinieron la redacción o difusión de esa nota, destaca Montero, que recuerda que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha comunicado a Goyena por escrito que él fue “el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido”.