García-Castellón da por liquidado el 'caso Tsunami' al anular la Audiencia su prórroga fuera de plazo

La Sala, sobre todo, ha declarado inválidas las diligencias acordadas por García-Castellón después del 29 de julio de 2021, cuando debió prorrogar la investigación, iniciada en octubre de 2019. Lo hizo el 30 de julio de 2021, es decir, 24 horas tarde.

Ello ha determinado que se consideren fuera de plazo las diligencias decididas por el instructor durante los últimos tres años. Entre ellas está el determinante informe de 2 de noviembre de 2023 en el que la Guardia Civil concretaba las presuntas responsabilidades de los implicados en Tsunami Democràtic, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.

La única posibilidad de que las conclusiones incriminatorias de ese informe pudieran ser tenidas en cuenta pese a la decisión de la Sala sería que García-Castellón hubiera encargado a la Benemérita su realización antes del 29 de julio de 2021. Pero no es el caso.

Fuentes de la Fiscalía añaden que también son posteriores otros informes claves como los de análisis de los teléfonos móviles de los investigados.

En estos dispositivos aparecieron mensajes que ponían de manifiesto que Puigdemont estaba al corriente de Tsunami Democràtic y, según los investigadores, ejercía un papel de "liderazgo" en esta plataforma creada en 2019 para reaccionar -en ocasiones, con actuaciones violentas- contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo en la causa del 'procés'.

El juez García-Castellón se basó en el informe policial del pasado 2 de noviembre para elevar el Tribunal Supremo una exposición razonada contra Puigdemont.

El escrito generó discrepancias en la Fiscalía y, pese a que 11 de los 15 fiscales del Tribunal Supremo apoyaron la existencia de indicios de terrorismo, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, decidió informar en contra de la apertura de una causa el expresidente catalán prófugo de la Justicia.

Cierre en el TS

Pese a ello, la Sala Penal decidió el pasado 29 de febrero, por unanimidad, abrir una causa a Puigdemont que ahora queda tocada de muerte. Aunque el Supremo tendrá que hacer su propia valoración, es difícil que decida basar la imputación de Puigdemont en elementos probatorios que la Audiencia Nacional ha descartado por haber sido obtenidos fuera de plazo.

Fuentes del alto tribunal señalaron ayer que la decisión más probable de la instructora, Susana Polo, será también el archivo de la causa, que, además de Puigdemont, afecta al diputado de ERC en el Parlamento de Cataluña Rubén Wagensberg.

La trascendencia de la decisión de la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional ha llevado a García-Castellón a dictar a última hora de la tarde de este lunes una resolución en la que acuerda trasladar al Tribunal Supremo tanto el auto de la Sala Penal como el suyo propio.

El instructor ha interrumpido sus vacaciones para volver a Madrid a redactar un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa para los 10 investigados, entre ellos Marta Rovira. La dirigente de ERC ya no tiene ningún impedimento judicial para volver a España sin temor a ser encarcelada.

Rovira sigue imputada por el Tribunal Supremo en la causa del 'procés'. Pero se le atribuye un único delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, que no tiene pena de cárcel sino solo inhabilitación.

Otro de los beneficiados por el archivo es Josep Lluis Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Bélgica. Sigue, no obstante, investigado por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre por la llamada 'trama rusa' del 'procés'.