El Supremo cierra la causa por terrorismo contra Puigdemont por la invalidez de las diligencias

En una resolución notificada este martes, la juez explica que toma esta decisión después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarara ayer invalidas las diligencias acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la investigación.

Ese pronunciamiento de la Audiencia Nacional originó que el juez instructor archivara unas horas después el procedimiento respecto a las 10 personas investigadas en ese tribunal, entre ellas la dirigente de ERC Marta Rovira.

Polo señala que antes del 29 de julio de 2021, que es el límite temporal para haber realizado diligencias de investigación según lo acordado por la Audiencia Nacional, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa".

"Así se desprende del auto de archivo dictado por el instructor del Juzgado Central, en el que consta que no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados -tampoco ha tenido lugar la de los aforados en la presente causa- lo que impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”, añade.

El pasado 8 de abril, Polo ofreció a Puigdemont declarar de forma voluntaria y por videconferencia, pero la causa se ha cerrado sin celebrar esa diligencia.

La instructora indica ahora que la decisión del juez García-Castellón de elevar a la Sala Penal del Supremo una exposición razonada con los indicios contra Puigdemont fue tomada el 6 de noviembre de 2023, es decir "de forma extemporánea, fuera de los plazos fijados por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional".

Esa Sección de la Audiencia Nacional acordó ayer, lunes, revocar la última prórroga del proceso sobe Tsunami Democràtic instruido por García-Castellón.

La Sección declaró inválidas las diligencias acordadas por el instructor después del 29 de julio de 2021, fecha tope en la que debió prorrogar la investigación, iniciada en octubre de 2019. Lo hizo el 30 de julio de 2021, es decir, 24 horas tarde.

Ello ha determinado que se consideren fuera de plazo las diligencias decididas por García-Castellón durante los últimos tres años. Entre ellas está el determinante informe de 2 de noviembre de 2023, en el que la Guardia Civil concretaba las presuntas responsabilidades de los implicados en Tsunami Democràtic y se precisaban los indicios existentes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.