El hermano de Sánchez acusa de "voluntarismo" a la UCO pero Begoña Gómez se aferra a sus informes

Begoña Gómez -y todo el entorno socialista, desde ministros a portavoces parlamentarios- ha encontrado en la unidad investigadora de la Benemérita una base para pedir el cierre de la investigación abierta por el juez Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Ninguno de los informes de la UCO -y ya van dos- avala esas imputaciones.

Paralelamente, la defensa de David Sánchez está interponiendo recursos en los que acusa a los agentes de investigarle "por puro voluntarismo", sin hacer mención "ni a un solo indicio".

La UCO ha sido designada policía judicial tanto por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid como por la juez de Badajoz Beatriz Biedma. Más aún, los agentes pertenecen, en ambos casos, a la especializada sección de delincuencia económica.

Biedma abrió el pasado 30 de mayo una investigación que tiene como epicentro la Diputación socialista de Badajoz, cuyo presidente, Miguel Ángel Gallardo, resolvió en junio de 2017 contratar a David Sánchez, músico de profesión, como coordinador de actividades de los conservatorios provinciales.

La instructora admitió a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias en la que se afirmaba que David Sánchez Pérez-Castejón "percibe un sueldo público sin realizar las funciones esenciales del cargo para el que fue designado", que una de las tareas que "no ejerce" es la dirección de la orquesta sinfónica, que "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones" y que reside en Elvas (Portugal) "para ahorrarse el pago de los impuestos en España".

"Insuficiencias" de la Diputación

Biedma está profundizando en la investigación después de que requiriera a la Diputación de Badajoz el envío de toda la documentación relativa a la contratación de David Sánchez y el ente provincial, pese a su voluminosa respuesta, incurriera en relevantes "insuficiencias", a juicio de la instructora.

Por ejemplo, la Diputación no facilitó información sobre el control del horario del hermano de Sánchez ni sobre la localización física de su despacho, pese a que su contrato laboral establece la obligación de que desarrolle sus funciones "dentro de la jornada laboral general" y que preste sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz, concretamente en la sede del Conservatorio Superior de Música.

Cuando la juez requirió aclaraciones a la Diputación, se precisó que desde abril de 2023 hasta abril de 2024 David Sánchez ha carecido de un “lugar fijo habilitado” y que en mayo de 2024 ha sido ubicado en un nuevo despacho.

"Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia" de Manos Limpias, observó la juez.

A Biedma también le ha sorprendido el hecho de que la Diputación "no ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el sr. Sánchez Pérez-Castejón ni por tanto en qué consiste exactamente su trabajo".

La actividad de dirección de orquesta "únicamente" se concretó en seis eventos entre enero de 2018 y enero de 2020.

Respecto al Programa Ópera Joven, cuyo crecimiento dio lugar en 2022 a un cambio de denominación del puesto de trabajo de David Sánchez, que pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "únicamente se concretan cuatro producciones".

"El resto de documentación hace referencia a actividades generales de los conservatorios en las que no se determina la concreta participación del sr. Sánchez", ha constatado la instructora.

Ello llevó a Biedam a acordar la entrada de los agentes de la UCO en la Diputación de Badajoz para intervenir los correos electrónicos existentes en las direcciones de Gallardo y de otras siete autoridades y funcionarios siempre que los mensajes tuvieran "relación directa" con David Sánchez. También ordenó intervenir todos los correos de este último desde su contratación.

La medida había sido solicitada por la UCO, que en un informe enviado a la juez indicaba que "es parecer de esta instrucción policial, a través de la experiencia en causas similares y la propia lógica de la consecución de los hechos, que por parte de los responsables de la Diputación provincial habrían [sic] tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas, que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del juzgado, donde existirían diferentes comunicaciones entre ellos para laconsecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo, en un primer momento, y el cambio de denominación del mismo posteriormente".

La defensa de David Sánchez recurrió la decisión de Biedma de intervenir los correos electrónicos por no respetar los principios de especialidad, proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad que exige la ley.

"Experiencia y lógica"

El recurso cargaba contra la UCO al señalar que "es la Policía Judicial, sin aval alguno, es la que inaugura la línea indagatoria [de investigar la contratación del hermano del presidente del Gobierno] amparándose para eso no en un dato concreto -que Manos Limpias jamás aportó-, sino en argumentos tan abstractos y despegados del caso concreto como 'la experiencia en causas similares y la propia lógica de la consecución de los hechos'".

"Parece que se busca revisar todo cuanto rodea el expediente administrativo sobre el que quiere indagar la unidad especializada, en un ejercicio anacrónico de depuración de todo su tracto", cuando David Sánchez "obtuvo su plaza de acuerdo con la legislación administrativa vigente" y ninguno de los otros 10 solicitantes formalizó "ni una mera queja".

"El oficio de la UCO no cita esos 'casos similares' y la lógica no constituye un indicio homologable a los efectos de la legitimidad de la injerencia [en los correos electrónicos]. La validación de estos pretendidos argumentos abstractos significaría, de facto, la relajación de todas las precauciones legales en lo relativo a estas interceptaciones, pues lo que se impone sería el puro voluntarismo de la fuerza actuante, revestido de excusas manifiestamente inapropiadas, por genéricas", añadía la defensa.

"El redactor del oficio, agente de alto grado", criticaba, "no hace mención ni a un solo indicio para, con ello, acudir al Juzgado con fundamento y no con base en una prospección tan simple y rudimentaria como la consistente en sostener que pudieron haber concurrido ilegalidades en la convocatoria de la plaza porque los actos propios de su perfil, según se dice, no se han llevado a cabo con sometimiento a las bases de la convocatoria".

La instructora ha desestimado el recurso de la defensa. Biedma insiste en que, lejos de tratarse de una investigación prospectiva, "se han especificado claramente los hechos objeto" del procedimiento, siendo la intervención de los correos una medida "absolutamente idónea" después de que los requerimientos documentales a la Diputación "hayan sido insuficientes".