El juez pregunta al fiscal si debe interrogar a Puente y pide la auditoría sobre los contratos de Ábalos

El informe con las conclusiones de la misma, adelantado por EL ESPAÑOL, revela que Ábalos, en sólo 38 minutos, ordenó duplicar, de cuatro a ocho millones de mascarillas, el encargo realizado a la compañía Soluciones de Gestión SL.

El dosier, por tanto, señala que Transportes, con Ábalos a la cabeza, habría adecuado, de forma exacta, el contrato a la oferta planteada por la empresa de la trama, en vez de hacerlo en base a las necesidades sanitarias derivadas del estallido de la Covid-19.

Asimismo, el juez Moreno, en una resolución fechada este mismo jueves, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si, como solicitó una de las acusaciones populares personadas en el caso Koldo, debe interrogar como testigo a Óscar Puente.

"Dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre lo interesado; con su resultado se acordará", se limita a expresar el magistrado en su auto.

Fue la asociación Liberum la que pidió a Moreno la citación del actual ministro después de conocerse las conclusiones del citado informe y de que éste cesase por "pérdida de confianza" al número tres de Transportes, el subsecretario Jesús Manuel Gómez García, otro de los investigados en el llamado caso Koldo.

Por otro lado, otra de las principales conclusiones de la auditoría interna es que el ministerio, a día de hoy, no puede constatar documentalmente la entrega de más de 6,8 millones de mascarillas adquiridas a través de uno de los contratos investigados recibidos por Soluciones de Gestión SL.

O lo que es lo mismo: sólo puede acreditar que llegaron a sus destinos previstos 1,2 millones de cubrebocas. Lo que sí quedó demostrado es que Transportes abonó íntegramente los 20 millones de euros que costaban los ocho millones de mascarillas que acabó comprando. En un inicio, se pretendía comprar la mitad (4 millones), pero Ábalos, en poco más de media hora, duplicó el pedido.

Por todo ello, la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en esta causa, también solicitó este mismo jueves al juez que investigue el paradero de los 6,8 millones de cubrebocas, ante la sospecha de que su totalidad, o una parte, pudiesen haber sido revendidas.

"Se aprecia falta de control de los cuatro millones de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre y al personal del MITMA, dado que se desconoce el número de mascarillas que tuvo uno y otro destino. No consta acta de entrega a Correos de los 2.870.287 de mascarillas que (...) debían ser distribuidas a los transportistas. A su vez, no existe constancia documental de la recepción por parte de las comunidades autónomas de 463.740 mascarillas (1.176.508 €), y tampoco existe constancia documental de la recepción por las empresas ferroviarias de 2.438 mascarillas (6.185 €)", advirtió el informe encargado por Puente.