El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado la "transparencia" y el combate contra "la desinformación, la mentira y el infundio" como labores necesarias de la institución que preside. Así ha comenzado su discurso pronunciado en el Supremo y ante el rey Felipe VI, pronunciado al inicio del acto de apertura del Año Judicial, celebrado al mediodía de este jueves.

Lo relevante de estas palabras de García Ortiz es que las ha pronunciado, en el Alto Tribunal, y a escasos días de que este mismo órgano judicial decida sobre su imputación por haber ordenado la difusión de una nota de prensa que desmentía una noticia publicada por la prensa acerca del fiscal que acusa a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aquella nota informativa, de cuya divulgación se hizo responsable García Ortiz, señalaba que, pese a lo publicado por un periódico, no fue el Ministerio Público quien ofreció a González Amador alcanzar un pacto, sino que fue el abogado de éste el que se dirigió a la Fiscalía para ofrecerlo y reconocer la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente. El comunicado oficial incluía detalles, como extractos de las conversaciones por e-mail entre ambos y fechas y horas exactas de los mismos.

Y en los próximos días, será ese mismo Tribunal Supremo —ante el que el fiscal general del Estado ha pronunciado esta defensa de la transparencia— el que decida si le imputa por la difusión de esta nota, por un posible delito de revelación de secretos.

García Ortiz, en su discurso, ha señalado que la sociedad española "tiene derecho a preguntar, exigir y cuestionar lo que hacemos y cómo lo hacemos".

"Para que la ciudadanía en su conjunto pueda ejercer esos derechos debe contar con información veraz a través de fuentes fiables", ha subrayado, antes de hacer pública la última edición de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que recoge un resumen de la actividad del Ministerio Público durante 2023.

"La Memoria de la Fiscalía es una de esas fuentes que trasciende al momento en que es presentada. Se proyecta en el tiempo con el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa, fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia", ha señalado.

Las acusaciones populares

Asimismo, el fiscal general ha instado a "reflexionar" sobre el papel de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales, a fin de combatir los "fines espurios".

Las acusaciones populares son aquellas personas u organizaciones que se personan en una instrucción penal pese a no ser perjudicados por los hechos investigados, sino que se conciben como una garantía del avance del procedimiento y a fin de la que la Fiscalía no sea la única parte acusadora.

Por ello, García Ortiz ha considerado "necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular".

"La utilización en la Justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales (...) aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal", ha subrayado.

Por ejemplo, la Fiscalía insiste en archivar el llamado caso Begoña, en la que está siendo investigada Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Varias son las acusaciones populares personadas en esta causa —los partidos políticos Vox y Iustitia Europa, la asociación católica Hazte Oír, el sindicato Manos Limpias o el abogado y youtuber Aitor Guisasola—, que han solicitado al juez instructor decenas de diligencias de investigación.

"Un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible ni eficiente ni parangonable en el entorno europeo. El riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales es evidente", ha señalado el fiscal general.

"Se trata de una figura positiva, en principio", ha admitido el fiscal general sobre la acusación popular. "Pero ocurre que cualquier interés ajeno —como hemos dicho— al fin mismo del proceso tiene acceso a él. Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que, mal utilizado, puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos", ha alertado.

"Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha valorado.

"La mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlo de papel. No solo repercute en la calidad de la Justicia, en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios", ha alertado.

En su discurso, el máximo responsable de la Fiscalía también ha aludido a otro asunto de actualidad: los menores extranjeros que llegan a España sin un adulto que los tutele. Son los llamados menas, acrónimo de menores extranjeros no acompañados.

"Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es mas peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas", ha manifestado el fiscal general.