Siete años de cárcel para el exconsejero Prada por la corrupción que "esquilmó" el Campus de la Justicia

A partir del año 2005, el otrora político firmó un total de 24 contratos, por valor de 40 millones de euros, sin seguir los mínimos cauces oportunos y en beneficio de determinadas empresas, lo que acabó malogrando el proyecto denominado Campus de la Justicia.

Y dicha actuación de Prada, tal y como subraya ahora la Audiencia Nacional, provocó un importante y dañino agujero económico al proyecto, que provocó que no llegara a realizarse.

La sentencia recuerda que los contratos citados fueron firmados "en ausencia de los requisitos más esenciales". "De ese modo se impone la voluntad de los acusados, en especial de Alfredo Prada, pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas", 

Por ello, el exconsejero y exvicepresidente ha sido condenado por los delitos de prevaricación y malversación. Sobre este último, el tribunal subraya que es "de suma gravedad". No sólo debido a la "extraordinaria relevancia" de la cuantía de las cantidades desviadas a gastos "superfluos", "inútiles" y ajenos al proyecto, sino ya que los contratos que los ordenaron "esquilmaron" la empresa pública que había sido creada en enero de 2005 para la construcción del Campus.

Dicha compañía, presidida por Alfredo Prada, "adjudicó y suscribió una serie de contratos eludiendo los controles administrativos (...) o completamente alejados de su objeto social y de la finalidad de construcción del Campus de la Justicia para Madrid y sin tener en cuenta ninguna limitación de gasto o previsión económica".

"Los contratos así suscritos se alejan del objeto social de Ciudad de la Justicia de Madrid SA, el precio que se paga por ellos es dinero que se distrae de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto, la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación que nos ocupa fue una de las causas del fracaso del proyecto", explica la sentencia.

A día de hoy, las instalaciones que pretendían agrupar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid en la zona de Valdebebas son una ciudad fantasma. 

"Nunca se logró culminar, hasta el punto que a día de hoy esa ciudad judicial sigue sin existir", recuerda la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tan sólo se edificó el inmueble que iba a ser la sede del Instituto de Medicina Legal de Madrid. Y ni siquiera se completó. También existe una parte de los túneles que pretendían conectar los edificios.

Y tal y como incide la sentencia, "el fracaso del proyecto se debió, en gran medida, a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social" de la empresa destinada a esta construcción.

En estos gastos "superfluos" se empleó "gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna". Y ello provocó que la compañía pública, adscrita a la Consejería de Justicia que encabezaba Prada, se quedara sin los recursos suficientes para acometer su objetivo. "Y entre esos gastos que esquilmaron Campus de la Justicia SA se encuentran los contratos objeto de este juicio", señalan las magistradas Adoración Riera, Mercedes del Molino y María Fernanda García.

"La disposición de los fondos de [la empresa pública] Campus de la Justicia de Madrid SA de forma desviada, para dedicarlos a un objeto diferente del que justificó la constitución de la sociedad, se logra a través de la actividad de contratación que se materializa en los 24 contratos analizados", añade la sentencia, fechada este mismo martes.

No obstante, la sentencia absuelve a Prada y al resto de investigados del delito de fraude a la Administración pública.

El abogado y el arquitecto

Lo que sí recoge la sentencia es que Alfredo Prada prescindió del servicio jurídico de la Comunidad de Madrid, cuya intervención en el proyecto no era obligatoria. En su lugar, abonó un total de 181.000 euros a un bufete de abogados, que estaba dirigido por un conocido del político (Félix García de Castro) y que fue contratado sin abrir una oferta pública y sin justificar su necesidad de ninguna forma.

García de Castro, en su condición de asesor jurídico de Campus de la Justicia SA, hizo dos viajes a Londres. El primero, en marzo de 2006. El segundo, en abril.

Allí, se reunió con un equipo del estudio de arquitectura de Norman Foster, al que se le encargó la construcción de la futura Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia. El acuerdo con el reputado arquitecto, de hecho, fue presentado en un acto público presidido por la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, quien debió declarar como testigo en el juicio del caso Campus.

En el memorándum del acuerdo se cita la "singularidad artística y arquitectónica" de la obra de Foster y se indica que su elección se acoge a lo dispuesto por la ley en determinados casos, cuando está permitida una elección a dedo, sin publicidad, cuando, por razones técnicas o artísticas, sólo puede encomendarse una tarea a un empresario concreto.

Ahora bien, tal y como recuerda la sentencia, "no existe justificación de la contratación ni tampoco del precio abonado por este contrato, que asciende a 13.317.653 euros".

Tal y como señala el tribunal, el delito de malversación también hace referencia a la "adquisición de productos o servicios que no sirven al interés público y que, desde la perspectiva del concepto personal de patrimonio utilizado por la jurisprudencia, generan un evidente perjuicio".

El resto de condenados

Además de siete años de cárcel, Alfredo Prada no podrá presentarse a cargos públicos durante ese mismo periodo temporal. La Audiencia Nacional también le inhabilita 15 años.

Pero el exconsejero no es el único condenado. La Sección Primera de la Sala Penal impone penas que van desde los tres años y medio a los cuatro a los empleados que formaron parte del proyecto del Campus de la Justicia y cuya elección tampoco fue justificada.

Se trata de Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). Para todos ellos, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

"Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros y, subsidiariamente, en defecto de los anteriores, responderá civilmente por dicha cantidad Félix García de Castro", añade la sentencia.

El comisario Gómez Gordo también es uno de los miembros o exmiembros de la Policía Nacional que se sentarán en el banquillo por el caso Kitchen, en el que la Audiencia Nacional juzgará la supuesta operación destinada a robar documentación sensible para el PP a Luis Bárcenas.

Gómez Gordo fue director de seguridad del Campus de la Justicia entre octubre de 2007 y octubre de 2009. Luego, personal eventual del Gobierno regional de Madrid y, más tarde, director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha (entre octubre de 2011 y marzo de 2015), bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal.