La Justicia suspende de urgencia el protocolo del Gobierno canario que frena la acogida de menas

Así consta en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el tribunal acuerda "acceder a la suspensión (...) por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia". Es decir, la Justicia toma esta decisión para que evitar que la aplicación inmediata del protocolo pueda vulnerar los derechos de algún menor extranjero.

No obstante, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo aún cuenta con un plazo de tres días para formular alegaciones.

Antonio Sempere Europa Press

La Fiscalía avisa a Canarias: podría cometer delitos de "abandono de menores" si frena la acogida de menas

Hace poco más de una semana, su Ejecutivo publicó el protocolo de acogida de menores no acompañados, que incluye ciertas diferencias frente a lo dispuesto en el Protocolo Marco de 2014.

Concretamente, establece una serie de trámites previos a la acogida del mena, como "su reseña de identificación" policial, una resolución administrativa que, de forma individualizada, le asigne a un órgano del Estado o la celebración de una entrevista con el mismo, acompañado de un intérprete y con conocimiento de un fiscal.

Sin estos requisitos, entre los que se encuentra el hecho de que la Administración estatal deba identificar a cada menor, Canarias se niega a acogerles. La Fiscalía Superior de Canarias recurrió este protocolo y ahora la Justicia le da la razón. De hecho, el TSJC subraya que este cambio del statu quo actual puede complicar bastante la acogida de los menores.

Además, en un decreto firmado por la fiscal superior de Canarias, ésta daba instrucciones al resto de miembros del Ministerio Público para que identificaran a los funcionarios de la Dirección General de Protección de la Infancia canaria que denegasen la acogida a los menas que hayan sido identificados de acuerdo a los requisitos marcados por el reglamento marco de 2014.

Ahora, en el citado auto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC toma la decisión de suspender el protocolo canario de manera "cautelarísima" e inaudita parte. Es decir, de forma urgente y sin haber escuchado a la parte contraria (el Ejecutivo canario).

El motivo es que así lo había solicitado la Fiscalía, que alegó que, de ejecutarse el nuevo protocolo, "quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo" los menas cuya acogida se frenase.

"Colectivo sensible"

Ahora bien, la Sala expresa que "no es momento" de que se pronuncie sobre "el ajuste a la legalidad" del protocolo en cuestión. No entra en el fondo del asunto. Tan sólo ha analizado si concurren o no las "razones de especial urgencia" que esgrimió la Fiscalía. Y considera que sí.

La resolución del TSJC subraya que el protocolo autonómico no incluye entre sus disposiciones ninguna que aluda al momento de entrada en vigor de estas nuevas reglas. Por ello, indica la Sala, "nada parece impedir" que esté en funcionamiento de forma inmediata, desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Por ello, al existir dudas de si, como expresa la Fiscalía, el nuevo protocolo vulnera los derechos de los menores migrantes y ya está en vigor, el tribunal opta por suspenderlo de urgencia.

De hecho, el auto señala que este nuevo funcionamiento de la acogida de menas "supone una innovación no poco relevante del régimen jurídico" que hasta ahora estaba vigente. Es más, los jueces recalcan que los requisitos que pretendía exigir el Gobierno canario "pueden comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades".

"Pues bien, tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo, finalidad conservativa que, por otro lado, es la prototípica que las medidas cautelares miran a satisfacer", exponen los jueces.

"No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del Protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el mismo", advierte.

"En este caso, así las cosas, se impone, por virtud de cuanto acaba de expresarse, un principio de elemental cautela; y, por otra parte, tampoco está de más señalar la búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias", plantea el TSJC.