El juez del 'caso Koldo' investiga los 'e-mails' del alto cargo de Salut que validó las mascarillas 'fake' de Baleares

Este último, en 2020 y hasta 2023, desempeñaba el cargo de subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Fue él, por tanto, quien firmó un informe que acreditaba la recepción —"sin ninguna incidencia", de "manera satisfactoria"— de las mascarillas compradas, hace cuatro años, por el Govern insular a Soluciones de Gestión SL. Esta empresa es considerada el epicentro de la trama de corrupción investigada en esta causa.

No obstante, pese a haber sido avalados de esta forma a través de un cauce oficial, dichos cubrebocas no fueron utilizados, al detectarse posteriormente que no cumplían los requisitos requeridos por la Administración. En 2020, presidía Balares la socialista Francina Armengol, que es hoy la tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados.

Escrito firmado por Mascaró Crespí avalando las mascarillas entregadas por Soluciones de Gestión SL. EL ESPAÑOL

Tras las últimas elecciones autonómicas, Armengol fue sustituida en el poder por Marga Prohens (PP), cuyo Gobierno trata ahora de poder reclamar los 3,7 millones de euros que la Administración pagó a Soluciones de Gestión SL por estas mascarillas defectuosas.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez que investiga esta causa judicial ha ordenado a la UCO que se haga con una copia "del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo", entre el día 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese año, de Mascaró Crespí.

También, de Julio Miguel Fuster Culebras, quien fuera director general del Servicio de Salud de las Baleares (IBSalut).

El juez, en sintonía con Anticorrupción, también ha solicitado una copia de "toda la documentación que sobre el su poder" sobre estos contratos y que no hubiera sido entregada ya a la autoridad judicial.

Asimismo, Moreno reclama cualquier documento relativo a la reclamación formulada por el Govern insular a Soluciones de Gestión SL, si es que se ha producido, ya que los equipos de Prohens y Armengol se acusan mutuamente de haber dejado caducar los plazos para ello. La actual presidenta de Baleares, no obstante, pretende reclamar dicha devolución.

Ahora, por todo ello, el instructor del caso Koldo también ordena a la UCO que le aporte una copia del contenido de "todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo", desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el día de hoy, de Fuster y Mascaró. Así lo ordena en un auto fechado este martes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. Europa Press EP

Mascaró, en calidad de ex alto cargo de IBSalut, compareció en la comisión de investigación del Parlament balear sobre estos hechos. Allí, manifestó que el informe que él mismo firmó y en el que expresaba su satisfacción con la remesa de mascarillas proveídas por Soluciones de Gestión SL no sirvió a esta empresa para conseguir contratos con otras Administraciones.

En el Parlament balear, Mascaró confirmó que esas mascarillas recibidas fueron guardadas y, finalmente, caducaron, tras ser almacenadas como "stock de seguridad" y no fueron entregadas al personal sanitario, debido a que no cumplían con los requisitos esperados.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Mascaró, pese a haber avalado en 2020 el pedido enviado por Soluciones de Gestión SL, firmó un documento, ya en el año 2023, en el que solicitaba que "por parte de la contratista [Soluciones de Gestión SL] se indemnice al Servicio de Salud de las Islas Baleares por valor de 2.626.584,40 euros".

Para resolver toda esta controversia e investigar si se cometió alguna irregularidad en esta gestión, el juez del caso Koldo ha ordenado a la UCO que incaute una copia de los correos electrónicos de Mascaró en las citadas fechas.

Moreno ordena esta diligencia después de que el Tribunal Supremo establezca que este magistrado es el competente para investigar este contrato y uno firmado por el Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión SL para que la empresa le suministrase mascarillas.

El estudio de ambas adjudicaciones había sido reclamado por la Fiscalía Europea al afectar a los fondos de la UE. Ahora bien, el Supremo estableció que la competencia para investigarlos pertenece a la Audiencia Nacional y que el Ministerio Público europeo tan sólo debe intervenir "en lo relativo exclusivamente" a la determinación de posibles delitos queatenten contra los intereses financieros de la Unión Europea.