'Lenin', alto cargo de Marlaska, declara ante el juez que Interior contrató con la trama tras la mediación de Koldo

Así se ha pronunciado Rodríguez, actual director general de Coordinación y Estudios del Ministerio, durante su declaración como testigo ante el juez Ismael Moreno, encargado de investigar la llamada trama Koldo, una red de empresarios y funcionarios dedicada, supuestamente, a cobrar comisiones ilegales a través de ésta y otras adjudicaciones.

Este alto cargo de Interior, excomisario y apodado en el ámbito policial como Lenin, ha explicado que conoció en 2020 que el Ministerio de Transportes había contratado a Soluciones de Gestión SL.

Por ello, según ha asegurado, una persona cuya identidad no recuerda le facilita el contacto de Koldo y es éste quien le había dado, después, los teléfonos de los responsables de la compañía. Sin embargo, ha enmarcado estas gestiones en los "flujos de información" propios de situaciones como éstas.

A preguntas de las acusaciones, Rodríguez ha insistido en que no recuerda quién le facilita el contacto de Koldo García, el hombre de confianza de Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y a quien le señalan como el coordinador de las compras de mascarillas en dicho departamento. También ha expresado que, en un inicio, al estallar la pandemia, creía que el material sanitario iba a ser comprado directamente a un proveedor chino.

Europa Press

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Ahora bien, Lenin ha subrayado que no recibió instrucciones directas y concretas para que Interior contratase o no a Soluciones de Gestión SL. No obstante, Rodríguez sí que formaba parte del grupo de coordinación creado ex profeso para gestionar las compras de Interior durante la pandemia de la Covid-19.

Ese grupo conocía que el Ministerio de Transportes había contratado a dicha compañía. En primer lugar, lo hizo la entidad pública Puertos del Estado, que pagó 20 millones de euros por ocho millones de mascarillas. Poco después, Adif, la gestora de infraestructuras ferroviarias, pagó otros 12,5 millones.

Es por ello que, según ha explicado Lenin este lunes en la Audiencia Nacional, recibió el contacto de Koldo. Y éste, a su vez, le facilita el de Íñigo Rotache, responsable de Soluciones. En un tercer momento, Rodríguez se lo rebota a Daniel Belmar, subdirector general de Planificación de la secretaria de Estado de Seguridad.

De hecho, fue Belmar quien, en su declaración como testigo ante Moreno, ya había señalado a Rodríguez como la persona que le puso en contacto de esta forma con Rotache.

Durante su interrogatorio, Rodríguez ha narrado que, anteriormente, Koldo García se había presentado con mascarillas en una de las sedes del Ministerio del Interior. Los cubrebocas fueron recibidos y repartidos a la Policía.

También ha comentado el testigo que las actas de las reuniones del mencionado grupo de coordinación "se custodian en el Ministerio del Interior" y ha insistido en que "nadie" le ordena ponerse en contacto con Koldo ni propiciar la contratación de Soluciones de Gestión SL.

Por otro lado, el juez Ismael Moreno ha tenido que intervenir para frenar una pregunta de las acusaciones populares sobre el despliegue efectuado por el Ministerio del Interior para preparar la visita de Delcy Rodríguez a España.

En efecto, a principios de 2020, la vicepresidenta de Venezuela aterrizó en Barajas, pese a la prohibición de la Unión Europea que impedían, sobre el papel, que la dirigente chavista pudiera acceder o sobrevolar el territorio de la UE. En el aeropuerto la esperaban Ábalos, Koldo y el considerado comisionista/conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama.

Por otra parte, este lunes han comparecido como testigos dos trabajadoras de Transportes que elaboraron la auditoria, encargada por el actual ministro, Óscar Puente, sobre los contratos bajo sospecha.

Una de ellas ha recalcado, tal y como publicó EL ESPAÑOL, que el Gobierno no pudo certificar documentalmente, a través de albaranes o actas de recepción, la entrega a sus destinatarios finales, que eran varias entidades públicas, de una gran parte de los ocho millones de mascarillas adquiridas por Puertos del Estado. Una de las acusaciones populares de la causa, la ejercida por la asociación Liberum, pidió recientemente al juez Ismael Moreno que investigue el verdadero paradero de los cubrebocas.