García Ortiz, primer fiscal general imputado, dará cuenta a su cúpula de que sigue, sin dejar que se vote

La convocatoria de la cúpula de la carrera fiscal y de sus representantes electos "no es un plebiscito", precisan fuentes de la Fiscalía General, que señalan que la decisión de no dimitir es una responsabilidad exclusiva de García Ortiz y es "firme".

El fiscal general, que ha recibido el "total respaldo" del Gobierno por boca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunirá a partir de las 9,30 de la mañana con la Junta de Fiscales de Sala, el más alto órgano de la Fiscalía en materia doctrinal y técnica.

Algunos de sus miembros han criticado que García Ortiz les haya convocado después de hacer público que continuará en el cargo y no antes. Pero fuentes de la Fiscalía General explican que se trata de "informar" y "dar cuenta" a la Junta de Fiscales de Sala de las razones de su decisión de seguir en el cargo, no de adoptar acuerdos ni de que este órgano se pronuncie sobre una facultad propia y personal del jefe del Ministerio Público que, según el estatuto, no tiene que ser consultada ni, mucho menos, votada.

Varios integrantes de la Junta de Fiscales de Sala consideran que García Ortiz debería dimitir. Pero otros muchos respaldan que se mantenga en el cargo por, al menos, tres motivos: su actuación en este asunto "ha sido legal y transparente", el supuesto delito objeto de la causa siempre ha sido de difícil prueba y "no puede dar ese triunfo a quienes buscan su cabeza".

Pero otros fiscales de Sala consideran que, sea cual sea el futuro de la causa penal e incluso en la hipótesis de que acabe en archivo, la permanencia de Álvaro García Ortiz como jefe del Ministerio Público es "anómala" e "insólita".

"Es el primer fiscal de la democracia al que una Sala de cinco magistrados del Tribunal Supremo decide, por unanimidad, abrir una investigación al apreciar indicios de delito. El fiscal general no puede seguir como si nada hubiera pasado", señalan.

Otros creen que, "sin poner en cuestión su actuación", su condición procesal de investigado es "un desprestigio para la institución" y "afecta a la credibilidad e imagen de toda la Fiscalía y de sus miembros".

"Tiene que irse porque lo que está en juego es el prestigio de la institución, que está por encima de él", afirma otro fiscal de Sala. "El fiscal general representa a una institución que vela por el cumplimiento de la ley, no puede mantenerse al frente quien está investigado por vulnerarla", añade.

Por la tarde, García Ortiz presidirá el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de la carrera. La pretensión es la misma: que la reunión se limite a la información de la decisión de no renunciar al cargo.

No obstante, en este órgano son mayoría los vocales de la Asociación de Fiscales, que ayer pidió la dimisión de García Ortiz.

Es previsible que los consejeros de la AF quieran reiterar al fiscal general la posición de la asociación mayoritaria y transmitir a García Ortiz que la carrera está conmocionada ("en shock", dicen fuentes del Consejo) por la resolución del Tribunal Supremo que otorga la condición de investigado al máximo responsable de la institución.