La mayoría del Consejo Fiscal pide a García Ortiz que deje el cargo tras la decisión del Supremo de investigarle

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales y el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales consideran que García Ortiz debe abandonar el cargo en beneficio de la institución.

Al igual que ha hecho esta mañana ante la Junta de Fiscales de Sala, Álvaro García Ortiz ha explicado a los miembros del Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de la carrera, por qué ha decidido no abandonar el cargo ante la investigación del Tribunal Supremo.

Ha insistido, a este respecto, en que su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes en los que interviene la Fiscalía para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

En la línea del comunicado hecho público ayer, el fiscal ha reiterado que "lo menos gravoso y más prudente" es su continuidad en el cargo.

Este criterio no ha sido compartido por siete de los nueve vocales del Consejo elegidos por la carrera. Solo los dos vocales electos de la Unión Progresista de Fiscales y las dos miembros natas del órgano (la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite) han apoyado la decisión del fiscal general basándose, sobre todo, en los -a su juicio- escasos vistos de prosperabilidad del proceso.

También han señalado que una dimisión en este momento debilitaría a la institución, porque bastaría una acción penal con poco fundamento para que cualquiera de los sucesores de García Ortiz en el cargo de fiscal general tenga que marcharse.

"Inasumible"

La posición de los consejeros de la mayoritaria Asociación de Fiscales es muy distinta. A su parecer, la permanencia de García Ortiz en el cargo "pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".

"Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo", añaden en un comunicado hecho público tras la reunión del Consejo.

A su juicio, "no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado".

Para los vocales de la AF, el respeto tanto a las resoluciones judiciales como a la presunción de inocencia "nos debe llevar a abstraernos de los presupuestos fácticos que constituyen el objeto del proceso seguido en el Tribunal Supremo, y de los hechos y circunstancias que el fiscal general alega en defensa de su posición".

"Éste debe ser el punto de partida para valorar si, en efecto, lo menos gravoso para el Ministerio Fiscal español es que el fiscal general se encuentre investigado en un procedimiento judicial que tenga por objeto aclarar su posible responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones".

Estos consejeros sostienen que es mayor "el perjuicio que se deriva para la institución" al mantenerse en el cargo, "empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad (...) actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso".

El consejero de la APIF, Salvador Viada, también ha pedido a García Ortiz que deje el cargo. A su juicio, no es cierto que esa decisión refuerce la independencia de la Fiscalía, como indicaba García Ortiz en el comunicado que difundió ayer.

Viada le ha recordado que sigue bastando un decreto del Gobierno para cesarle y ha sostenido que para la institución "siempre será mejor un fiscal general que no esté investigado a uno que lo esté".