Anticorrupción duda del testimonio anónimo usado por el PP para acusar al PSOE: aporta datos contradictorios

El informe en el que el fiscal anticorrupción pide la inadmisión de la querella no se opone a la personación del PP como acción popular en la 'trama del fuel', un conglomerado de empresas de hidrocarburos que habría defraudado a Hacienda más de 182 millones de euros en concepto de IVA, por lo que están en prisión preventiva los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas.

Pero sí rechaza que haya que ampliar el foco de la investigación a los hechos y delitos señalados por el PP en su querella: blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal del PSOE.

El fiscal recuerda que la jurisprudencia admite que se inicie una investigación sobre la base de denuncias anónimas, pero solo cuando “las informaciones vienen avaladas por datos corroboradores", ha establecido el Tribunal Supremo.

En este caso, la querella del PP se basa exclusivamente en la publicación en The Objetive de una entrevista a una persona sin identificar, según la cual Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama, estrechamente relacionado con el exministro José Luis Ábalos y el antiguo asesor de éste Koldo García, para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Aldama habría pedido a cambio 600.000 euros para que sus contactos en el Gobierno facilitaran la obtención de esa licencia.

Anticorrupción considera que esas imputaciones, basadas en un relato anónimo, no ofrecen ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, y el PP se limita a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo.

A este respecto, la misma doctrina del alto tribunal ha señalado que “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal".

La Sala Penal también ha indicado que "la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales.”

El informe describe el complejo proceso administrativo establecido para obtener la licencia de operador al por mayor de productos petrolíferos. La empresa ha de cumplir una serie de requisitos legales, técnicos y financieros, exigiéndose que tenga tres millones de euros afectos a la actividad.

Luego debe hacer una declaración responsable al Ministerio de Transición Ecológica. Éste lo comunica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero no hará ese trámite si detecta que no se cumplen los requisitos exigidos.

Este proceso lleva al fiscal a cuestionar afirmaciones del testimonio anónimo relativas a la intervención del director del gabinete de la ministra de Industria en la licencia de Villafuel, por cuanto la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al de Industria.

De otro lado, las investigaciones de la UCO en el 'caso Koldo' han permitido conocer que las gestiones de Aldama para conseguir la licencia en favor de Villafuel se prolongaron hasta finales de 2021, pero en ese momento tanto Ábalos como Koldo García ya no estaban en el Ministerio de Transportes y el propio Rivas habría pedido a Aldama que Koldo cesara en su intervención por resultar contraproducente. Es gracias a otra tercera persona que la gestión se deriva al organismo competente del Ministerio de Transición Ecológica.

Para el fiscal, no resulta creíble que en febrero de 2021 se celebrara una reunión con el director de gabinete de la ministra de Industria, cuando a los interesados ya se les había aclarado que éste no era el Ministerio competente.

Además, el testimonio anónimo data en octubre de 2020 el inicio de las gestiones para la licencia de Villafuel, cuando la constancia que se tiene en las diligencias del 'caso Koldo' es que comenzaron en diciembre de ese año.

El fiscal concluye que, además de la ausencia de corroboraciones del testimonio anónimo, éste entra en contradicción con hechos ya constatados, lo que conduce a instar la inadmisión de plano de la querella del PP.