Alvise divide a las víctimas de la 'criptoestafa': unas piden imputarlo ya y otras esperar a que avance el proceso
- El empresario y socio del eurodiputado aún no ha sido interrogado por el juez, pero ha puesto sus bienes a disposición de la Justicia.
- Más información: El socio de Alvise pide al juez que las víctimas acrediten su perjuicio para conocer la dimensión de la 'criptoestafa'.
Tienen en común que se consideran víctimas de la estafa del Madeira Invest Club (MIC), el chiringuito financiero que promocionó públicamente Alvise Pérez. Pero difieren en sus posturas sobre el eurodiputado.
Unos denunciantes piden imputar ya al político, y que el Supremo asuma la investigación de esta cripto-estafa. Otras, que la Audiencia Nacional cite a Pérez como testigo y le ordene entregar los 100.000 euros que le dio en metálico el dueño del MIC, Álvaro Romillo.
Y un grupo de víctimas, ni lo uno ni lo otro. De hecho, consideran que "ninguna [de las dos posibilidades] procede en este momento de la instrucción".
Tal y como el mismo Romillo ha declarado ante la Fiscalía, abonó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que obtuvo tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre ambos, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, así lo confirman. En ellos se muestra que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" e influiría en favor de sus empresas.
Por ello, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas pidió al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que solicitase al Supremo la imputación de Alvise. Al ser eurodiputado y, por tanto, estar aforado, sólo el Alto Tribunal podría investigarle y citarle a declarar en tal condición.
Aquella primera solicitud ya fue rechazada por el magistrado. Pero la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, adscrita al bufete de Carlos Aránguez, recurrió esta decisión judicial.
En respuesta a este recurso, Víctor Soriano i Piqueras, el abogado de otro grupo de denunciantes, tacha de perjudicial esta posibilidad. "Salta a la vista que, tras la solicitud [de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas], difundida ampliamente en los medios de comunicación, no reside la voluntad del esclarecimiento de los hechos, sino un afán de notoriedad (...), incompatible con el buen devenir de este procedimiento", expuso Soriano, del despacho Soriano i Piqueras.
Este último, que ha presentado en la Audiencia Nacional este mismo martes su escrito, recuerda que, "en este momento procesal tan inicial, se desconoce el alcance total del entramado delictivo que se investiga, sin que ni siquiera se haya tomado declaración a las personas que lo pergeñaron y lideraron". En efecto, Romillo aún no ha sido interrogado por Calama, aunque el cripto-empresario ha puesto sus bienes a disposición de la Justicia y ya se ha personado en la causa como investigado.
"Queda todavía un amplísimo margen temporal para desarrollar la instrucción (...), por lo que no se alcanza a comprender en qué medida podría resultar beneficioso para el esclarecimiento de los hechos la prematura remisión de los autos al Tribunal Supremo, por la tangencial intervención de un aforado [Alvise Pérez] sobre el que, a día de hoy, es difícil deducir que los delitos que hubiera cometido —que esta parte no descarta, pues por las informaciones periodísticas conocidas, sí parecen haberse dado hechos con relevancia penal— tuvieran alguna conexión con este proceso", expone Soriano en su escrito de contestación al recurso de Aránguez.
Otra parte de los denunciantes ya ha solicitado a Calama que cite como testigo al eurodiputado y que le ordene entregar los 100.000 euros.
Tras conocerse la existencia de sus chats con Romillo, Alvise confirmó que había cobrado del empresario 100.000 euros en efectivo. Lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Pero los atribuyó a unos "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura". De hecho, animó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos. "Hacienda es una mafia", manifestó.
Este hecho motivó que otra entidad personada en la causa, la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), solicitase la testifical de Pérez.
Como expresó Juanjo Ortega, abogado de ANCES, en un escrito avanzado por EL ESPAÑOL, "tales revelaciones constituyen un reconocimiento de hechos delictivos". Concretamente, el delito de blanqueo de capitales. Por ello, esta asociación ha ampliado así su denuncia original y atribuye a Romillo este nuevo ilícito.
Alvise y Madeira Invest
Madeira Invest Club adquirió cierta notoriedad después de que Alvise participara en uno de sus eventos públicos y animara a la inversión en la cripto-plataforma. El acto se celebró el pasado mes de abril, en el Hipódromo de La Zarzuela, antes de que se celebrasen las elecciones europeas del 9-J.
En esos comicios, la lista encabezada por Pérez, denominada Se Acabó La Fiesta, acabaría obteniendo tres escaños en Bruselas. Ahora bien, Alvise participó en ese evento, pese a que, en mayo de 2023, casi un año antes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiera sobre el MIC.
Tal y como avisó el supervisor de los mercados españoles en un comunicado público, Madeira Invest Club autorizada para "realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva".