Podemos tachó de "espionaje masivo" la labor policial para proteger a Iglesias y la multa a un diputado por llevar droga
- Los informes policiales recabados por el juez Pedraz desmontan los "7.000 actos de rastreo" de los que se queja Podemos: fueron gestiones burocráticas ordinarias y, en ocasiones, en beneficio de Pablo Iglesias.
- Más información: La Policía desmonta el "espionaje masivo" a los diputados de Podemos denunciado por el partido
Podemos denunció ante la Audiencia Nacional que sus líderes fueron víctimas de un "espionaje masivo" efectuado por la Policía patriótica. La prensa afín al partido aireó esta tesis. Dirigentes como Ione Belarra o Pablo Iglesias la utilizaron políticamente y culparon de esta guerra sucia al Partido Popular.
Pero los informes que tiene sobre la mesa el juez Santiago Pedraz, si no hieren de muerte este relato, sí lo desinflan sustancialmente.
La Policía Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 varias decenas de informes que ponen en cuestión la tesis de que el Gobierno de Rajoy, entre 2015 y 2016, puso en marcha maniobras ilegales para boicotear a los primeros diputados que tuvo Podemos en el Congreso.
Dichos documentos recogen, una a una, las búsquedas que diversos agentes —de diferentes comisarías a lo largo y ancho de España y de numerosas unidades policiales— efectuaron en sus bases de datos y que coincidían con los nombres de aquellos 55 políticos.
Y lejos de constituir casi 7.000 actos de "rastreo y espionaje" —como sostuvo Podemos—, lo que estos dosieres enumeran son, en su mayoría, trámites habituales y diversas gestiones burocráticas. Por ejemplo, la pérdida de un DNI, la interposición de una denuncia...
De hecho, revelan datos desconocidos hasta la fecha, como una "propuesta de sanción por posesión/consumo de droga de fecha 19/04/2015" contra uno de los primeros diputados que Podemos tuvo en el Congreso. Se trata de una persona que llegó a forma parte de la cúpula del partido. EL ESPAÑOL prefiere mantener su anonimato, ya que sus antecedentes policiales fueron cancelados.
Aunque ahora su relato quede en entredicho, esta causa judicial se inició con una querella presentada por Podemos contra varios miembros de lo que el partido llama la Policía patriótica. Entre ellos estaría Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, que declarará como investigado este martes.
Pero la documentación con la que cuenta desde hace varios días Pedraz también acredita diversas labores para proteger al propio Pablo Iglesias de las amenazas de radicales ultraderechistas, como las vertidas de forma continuada por un varón, a través de Twitter, en el año 2014.
En otra ocasión, un agente consultó información sobre un hombre con los dos mismos apellidos que Irene Montero Gil, antigua ministra de Igualdad y pareja de Iglesias. Pese a no corresponder a la dirigente, esta búsqueda también aparecía contabilizada por Podemos como parte de esos casi 7.000 actos de espionaje que no fueron tal.
Una carta y una bala
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un informe de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC) del año 2015. En él, se analizan las huellas dactilares encontradas en un sobre, con una carta y un cartucho sin percutir en su interior y dirigido a Pablo Iglesias. La misiva amenazante incluía expresiones como: "Señor Iglesias: el fin justifica los medios".
Está fechada en junio de 2015. En esa época, Pablo Iglesias ya era un conocido eurodiputado, pero no sería hasta diciembre de ese año cuando se convertiría en miembro del Congreso.
Como consta en la documentación en poder de este periódico, la Policía Científica halló una huella en el sobre el 20 de julio de 2015. Por ello, ordenó consultar en las bases de datos policiales la ficha de Pablo Iglesias para obtener una muestra de las huellas dactilares del político. ¿Con qué objetivo? Para descartar las que fueran suyas y analizar únicamente las ajenas, en busca de la identidad del emisor de la carta.
Y, como desveló EL ESPAÑOL, dos días después, el 22 de julio de 2015, un agente de la Brigada de Información realizó 34 consultas, en un plazo de diez minutos, sobre Pablo Iglesias en una de las bases de datos de la Policía, denominada Argos. El informe de la CGPC indica que Información era la encargada de dicha labor y solicitó permiso para ello.
Otro paquete de informes enviados a la Audiencia Nacional refieren a la exministra Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos y sucesora de Iglesias.
Las búsquedas con su nombre efectuadas en bases de datos policiales corresponden a "controles aleatorios" efectuados durante una manifestación en 2016. De hecho, el agente que los realizó está ya jubilado y, según subraya uno de los dosieres, "no constan rastreos exhaustivos de esta persona [Ione Belarra] por parte del funcionario referido".
Por otro lado, un inspector de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, destinado en Melilla en 2016, alegó que la búsqueda que realizó sobre Belarra se debió, "únicamente, a la mera curiosidad, no subyaciendo ningún otro ánimo ni motivo ajeno al descrito". La dirigente participó en aquellos días en una marcha en la ciudad autónoma a favor de los derechos de los migrantes.
Otro de los informes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL constata que, tras una "investigación propia", la Policía Nacional detectó que grupos de ultraderecha podrían perturbar la celebración de la edición de 2014 de la Escuela de Verano en la Universidad Complutense de Madrid.
Por ello, el Cuerpo optó por asignar protección a dicho evento. Especialmente, debido al temor a que Pablo Iglesias fuese atacado por los radicales ultras, tras comprobar que existía "un repunte de ataques y amenazas" hacia los líderes de la formación izquierdista.