El jefe policial que investigó a Boye dice que "dirigía" la recuperación de un dinero "de la organización de Sito Miñanco"

Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 47 personas -entre ellas, el propio Sito Miñanco- en un juicio que arrancó pese a la pretensión de varias defensas de que se suspendiera.

El presidente de la Sección Penal Tercera, Alfonso Guevara, veterano en estas lides, sorteó la ausencia de un acusado que está preso en Dakar (Senegal), de otro que no ha comparecido (cuya busca y captura ordenó) y de un tercero que estaba en el médico forense.

Guevara acogió los argumentos de los fiscales antidroga Ángel Bodoque y Cristina López Amat de que la falta de estos acusados no afecta al enjuiciamiento de los demás y, tras escuchar breves exposiciones de las cuestiones previas, que se resolverán en sentencia, dio paso a la práctica de las pruebas. Los acusados declararán al final.

El instructor de las diligencias que la Policía llevó a cabo entre 2016 y 2018 fue el primero en responder a la acusación pública. 

Recordó que la investigación se inició cuando observaron que José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) -donde cumplía otra condena por narcotráfico- para "retomar su actividad delictiva".

"Sito Miñanco es un empresario del tráfico de drogas y no ha habido en España nunca una organización tan potente como la suya", dijo el agente. "Tenía expertos en todo, hasta de telecomunicaciones, un astillero donde fabricaban sus propias embarcaciones. Y abogados", ha dicho.

Arropado por Junts

Uno de ellos, Gonzalo Boye, le escuchaba sentado en la quinta fila del nutrido banquillo, aunque, por su condición de letrado, hubiera podido situarse en los estrados. "No quiero privilegios, solo quiero justicia", ha manifestado.

Boye ha reiterado que "estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado".

La veintena de dirigentes de Junts per Catalunya que le han arropado a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional -entre ellos Jordi Turull, el expresident Quim Torra y los portavoces en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol- han manifestado que es "un montaje con claras motivaciones políticas" y que Boye no estaría en el banquillo si no fuera el abogado de Puigdemont.

El mando policial responsable de la 'operación Mito' lo describió de un modo muy distinto. Explicó que el 6 de febrero de 2017 (es decir, antes de los sucesos del 'procés' de otoño de ese año) agentes de aduanas incautaron en el aeropuerto de Madrid Barajas 889.620 euros y detuvieron a varias personas a las que la Policía vincula a la organización de Sito Miñanco, entre ellos a Manuel Pedro González Rubio, antiguo cliente de Boye.  

"Ese dinero es de José Ramón", dijo el inspector, contradiciendo la tesis defensiva de Boye de que los fondos pertenecían a González Rubio y los llevaba a Colombia para un negocio empresarial lícito.

"El dinero se lo da Enrique García Arango [considerado mano derecha de Sito Miñanco] a Manuel Puentes Saavedra, que es un colombiano que coordina a su vez al resto de colombianos de la organización, junto a Nelson Pascuas. Saavedra y Nelson llevan a estas personas al aeropuerto, están pendientes de que facturen las maletas. En el acta [de la aprehensión] figura que el dinero es de González Rubio. Es mentira, queda clarísimo en las conversaciones que interceptamos y en las vigilancias".

"No sé si perdieron un poco los nervios o fueron más incautos", añadió el inspector. "Un hecho de estos provoca que la gente hable y empezaron a tener conversaciones muy evidentes que ponen de manifiesto que ese dinero es de José Ramón".

La gente "de más confianza" de Sito Miñanco "empezó a decir que había que recuperar el dinero y para eso contratan a un par de abogados". Uno de ellos es Boye.

"Falsear" documentos

"Los abogados no les están ayudando desde un punto de vista profesional legal sino que están falseando documentos para recuperar dinero que viene del tráfico de drogas, de lo que son plenamente conscientes", dijo el policía.

En una de las conversaciones interceptadas, una de las colombianas detenidas en el aeropuerto con el dinero, expareja de Puentes Saavedra, relata a González Rubio que "la forma en la que estaban intentando recuperar el dinero no era posible porque estaban utilizando unos pagarés que ya habían sido utilizados para recuperar otro dinero que ya había sido intervenido por tráfico de drogas en otras diligencias".

"Quedaba claro", remachó el policía, "que lo que estaban haciendo no era ajustado a derecho, estaban falsificando documentos para poder recuperar un dinero que venía del tráfico de drogas. No viene de una empresa o de otros negocios".

- ¿Recuerda si alguien daba instrucciones concretas de lo que había que hacer para recuperar el dinero?, preguntó el fiscal

- La persona que ellos contactaron y de la que hablaban y que dirigía cómo justificar el tema del dinero con los pagarés que ya habían utilizado en otro caso era Boye, aseguró el inspector.

Está previsto que el agente continúe declarando este martes. El juicio podría prolongarse hasta finales del próximo enero.